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Opinión

  • | 2017/09/09 22:15

    Bustos, el apoderado

    Si el escándalo de Bustos y compañía no hubiera reventado, lo más probable es que la investigación contra Temístocles Ortega habría sido archivada, lo que le habría permitido encabezar la lista al Senado por Cambio Radical, noticia que ya es un secreto a voces en el Cauca.

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El caso del exgobernador del Cauca Temístocles Ortega y del actual gobernador, Óscar Campo, quienes tienen una investigación dormida en la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema desde 2016, es un ejemplo del poder omnímodo que todavía sigue teniendo el exmagistrado Leonidas Bustos y su combo, desde su oficina de abogado.

La historia de este proceso comenzó en junio de 2016, con la denuncia de Camilo Enciso, el zar anticorrupción de la época, quien señaló a Temístocles Ortega y al actual gobernador, Óscar Campo, de haber presuntamente participado en el desvío de dineros de la Gobernación en las elecciones de 2015. En esos comicios, el entonces gobernador del Cauca, Temístocles Ortega, demostró su poderío político: su candidato Óscar Campo, actual gobernador de ese departamento, ganó esa elección por más de 200.000 votos.

La denuncia del zar era tan precisa y concreta que dejó muy mal parado a Temístocles Ortega, así la suma del presunto peculado fuera de solo 480 millones de pesos. Enciso dijo tener pruebas de que esos dineros habrían salido de Indeportes, Cauca, y de que esos giros se habrían hecho por instrucción expresa del entonces gobernador del Cauca, Temístocles Ortega.

A tan solo dos meses de haber salido de la CSJ, el exmagistrado Leonidas Bustos asumió la defensa de Temístocles Ortega y de Óscar Campo, y desde entonces a ambos políticos caucanos les empezó a sonreír la suerte: tuvieron la fortuna de que su proceso le correspondiera precisamente a Alfredo Betín, fiscal delegado ante la corte, nombrado por el entonces fiscal Montealegre por recomendación del exmagistrado Francisco Ricaurte, quien es socio y compinche de Leonidas Bustos, el abogado de los dos políticos caucanos. (Tanta coincidencia asusta).

Ni una de las innumerables pruebas y documentos que hay en contra de Temístocles Ortega y de Óscar Campo han sido valorados por el fiscal Betín. Las pruebas aportadas por la gerente de Indeportes Ana Bolena García -capturada en junio de 2016, pero liberada por vencimiento de términos un año después-, según las cuales su secretaria privada, el almacenista y ella habrían actuado bajo órdenes de Temístocles Ortega, cuando se hizo el desvío de los dineros, han caído en saco roto. (Ver pruebas aportadas por Ana Bolena: Entrevista Eugenio Sanchez y entrevista Cristina Rebellón)



Temístocles ni siquiera ha tenido que explicar ante la Fiscalía su presunta relación con María del Carmen Flórez, alias la Gata del Sur. Según las denuncias de varios funcionarios ella habría tenido un papel clave en la campaña de Óscar Campo, no solo como financiadora, sino como pieza clave en el presunto desvío de dineros.

María del Carmen Flórez es una reconocida y temida empresaria del gremio de transportadores y exgerente de la Cooperativa de Motoristas del Cauca, de la que actualmente el gerente es su esposo. Ella aparece mencionada por HH, en un proceso de Justicia y Paz en el que Veloza manifiesta que la señora en mención habría ordenado el asesinato de Jacobo Sadovnik, quien la denunció por extorsión. Aunque los familiares entablaron una acción penal contra ella, la empresaria nunca ha sido requerida por la justicia. Su blindaje parece haberle servido hasta ahora porque ni los testimonios ni los chats presentados por Ana Bolena García, en los que aparece como una pieza clave de la campaña de Óscar Campo, han sido suficientes para que el fiscal a cargo del proceso investigue la relación entre Temístocles Ortega, el actual gobernador y esta empresaria del transporte. (Ver pruebas).


En cambio, lo que sí ha impulsado el fiscal Alfredo Betín es la firma de preacuerdos para darles beneficios a los demás funcionarios que no han dicho ni mu y que fueron capturados con Ana Bolena bajo la hipótesis de que los 480 millones de pesos no se habrían desviado a la campaña de Campo, sino que se habrían quedado en el bolsillo de Ana Bolena.

Si el escándalo de Bustos y compañía no hubiera reventado, lo más probable es que la investigación contra Temístocles Ortega habría sido archivada, lo que le habría permitido encabezar la lista al Senado por Cambio Radical, noticia que ya es un secreto a voces en el Cauca.

Hoy que ha quedado expuesto el accionar de esa mafia que se tomó a la Justicia, liderada por Bustos, la Fiscalía está en la obligación de investigar las denuncias del periodista Carlos Pito, esposo de Ana Bolena, la gerente de Indeportes que ha denunciado a los dos políticos caucanos. Él sostiene que cada vez que su mujer declaraba algo o aportaba alguna prueba al proceso, estas le eran filtradas al apoderado de Temístocles Ortega. En un trino premonitorio publicado seis meses antes de que se descubriera quiénes eran Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, Pito había preguntado si era cierto que “el esposo de la ex primera dama de la Justicia ya tenía cuadrado todo lo necesario para que la responsabilidad del exgobernador del Cauca y del actual gobernador por el caso de Indeportes quede en la absoluta impunidad”.

La única forma de saber si Leonidas Bustos como apoderado cuadró o no el proceso a favor de Temístocles Ortega y del actual gobernador, y de si hubo o no extorsión de por medio, es investigando a fondo las pruebas que hoy siguen sin ser valoradas por el fiscal Alfredo Betín, la ficha de Francisco Ricaurte y de Leonidas Bustos.

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