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Opinión

  • | 2017/10/07 22:15

    Fracaso anunciado

    Impulsar una política de sustitución sin un Estado fuerte que haga presencia en esos territorios que no tienen dios ni ley puede ser fuente de una nueva violencia.

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Los choques entre la fuerza pública y los campesinos cocaleros registrados en Tumaco que causaron la muerte de diez colombianos reafirman lo que expertos como Daniel Rico han venido denunciando: que la estrategia de sustitución de cultivos para sacar a los campesinos del cultivo de la coca planteada por el alto consejero del posconflicto, Rafael Pardo, es tan solo un acto de prestidigitación montado para crear la ilusión de que se le está dando solución al problema.

Este episodio luctuoso, aún por esclarecer, refleja el drama que padecen muchas comunidades que viven de la coca y lo difícil que les resulta hacer el tránsito a la legalidad con un Estado que ni siquiera ha sido capaz de copar las zonas que fueron abandonadas por las Farc.  

Aunque los primeros informes aseguraron que se trataba de disidencias de las Farc, horas más tarde se tuvo la certeza de que quienes impulsaron el ataque que fue repelido por la fuerza pública fueron los narcos, que ahora dominan la zona desde que las Farc se desactivó; esos narcos son los mismos que habrían forzado a muchos campesinos a salir a protestar contra la erradicación forzosa bajo la amenaza de que si no lo hacían sufrirían represalias.
Pero ahí no para el drama: varios de los campesinos murieron por arma blanca y con tiros por la espalda, según los últimos hallazgos, lo cual indicaría que los narcos los utilizaron como carne de cañón.

Lo que está sucediendo en Tumaco es una prueba ácida para la política de sustitución de cultivos. Hasta el momento la gran hazaña de Rafael Pardo es la de haber firmado cientos de pactos con comunidades cocaleras que se comprometen a erradicar manualmente las plantaciones de coca a cambio de proyectos productivos y de la entrega de un subsidio de 36 millones de pesos a cada familia por año y medio.  

Sin embargo, apurado por el incremento de las hectáreas de coca, Pardo se puso la ambiciosa meta de sustituir 50.000 hectáreas en un año (de mayo de 2017 a mayo de 2018) y lo propio hizo el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien se comprometió a erradicar de manera forzosa la misma cantidad de hectáreas.

En la práctica lo que ha ocurrido es que pese a que la erradicación forzosa va más rápido, sus éxitos son victorias pírricas porque la política de sustitución de cultivos ha ido a paso de tortuga. Y si los campesinos no tienen alternativas productivas que los saquen del cultivo de la coca, más tarde que temprano van a volver a resembrar la hoja de coca.

Según datos de la oficina de Rafael Pardo, de  las 29.000 familias que hasta ahora tienen georreferenciadas,  7.581  ya están recibiendo el subsidio; y de esas, 6.401 según verificación hecha por las Naciones Unidas, han erradicado de manera manual el 90 por ciento de las plantaciones de coca, lo cual equivale a 1.000 hectáreas recuperadas desde mayo de este año. A ese paso de tortuga es prácticamente imposible cumplir la meta que se propusieron.  
Pero lo que más preocupa es que de esos convenios que se han firmado con comunidades, solo el 40 por ciento han sido georreferenciados. Los demás, como sucede en Tumaco y en otras regiones de Nariño, han sido acuerdos generales, donde no se sabe cuáles son las veredas ni las familias que los integran. Este desorden que demuestra la improvisación con que se está abordando el problema ha dado pie para que se produzca un estrellón entre la política de fumigación forzosa que adelanta la fuerza pública y la sustitución de cultivos que debe impulsar la oficina del posconflicto de Rafael Pardo.

Algo de ese cruce de trenes se vio en lo sucedido en Tumaco la semana pasada cuando la fuerza pública llegó a la zona de Alto Mira a hacer erradicación forzosa. Allí no solo había  campesinos que salieron a protestar, fueron forzados por los narcos. También había representantes de los Consejos Comunitarios que habían firmado acuerdos generales con la oficina de Pardo y que se habían comprometido a entrar en el programa de sustitución de cultivos para evitar la erradicación forzosa.  

Da la impresión de que estos pactos que se están firmando con las comunidades para montarlas en el bus de la sustitución se están haciendo sin ninguna previsión y en medio del desmadre. (No hay cómo establecer si el dinero de la sustitución está llegando a las poblaciones cocaleras, por ejemplo).
Impulsar una política de sustitución sin un Estado fuerte que haga presencia en estos territorios que no tienen dios ni ley no solo es un fracaso anunciado, sino que puede ser fuente de una nueva violencia. No dudo que el Ministerio de Defensa va a cumplir su meta de erradicar de manera forzosa las 50.000 hectáreas para que deje contento por el momento al embajador Whitaker. Pero mientras Pardo no logre que los campesinos tengan la posibilidad de acceder a créditos, a los programas de capacitación y a los cauces institucionales, estas erradicaciones forzosas solo servirán de poda para que mañana vuelvan a sembrar coca.

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