Domingo, 4 de diciembre de 2016

| 2016/01/30 00:00

La doble moral

Lo cierto es que si Simón Gaviria hubiera pensado en el país y no en su futuro político, hoy probablemente Otálora seguiría combinando sus servicios de apoderado de oscuros personajes con el de acosador sexual en la sombra.

María Jimena Duzán Foto: Guillermo Torres

Si la Cámara de Representantes hubiera votado basándose en las hojas de vida de los ternados,  Jorge Armando Otálora nunca habría sido elegido defensor del Pueblo y a lo mejor, hoy todos habríamos salido ganando.

El país tendría como defensora una mujer altamente calificada -las hojas de vida de las otras dos ternadas, Beatriz Linares, que en paz descanse, y de Olga Lucía Gaitán eran infinitamente mejores que la de Otálora-, y no a un patán machista obsesionado por tomarse fotografías de su pene para enviárselas a través del chat a su novia, con el propósito de acosarla. (Me dicen mis fuentes que sí lo fue).

Las minorías y las víctimas, también habrían salido ganando porque la Defensoría del Pueblo estaría al servicio de sus necesidades y no se habría convertido en un botín electoral del Partido Liberal, ni en la plataforma para impulsar campañas presidenciales futuras como la del propio Simón Gaviria quien fue el que propuso su nombre, pese a saber quién era y cómo era Otálora.

Por eso no le creo al jefe del Partido Liberal, Horacio Serpa, cuando salió a pedir la renuncia del defensor del Pueblo, una vez se conoció el tamaño del escándalo de acoso sexual de su pupilo. Su indignación no convence, mucho menos su sorpresa. Más parece una salida para sacar el bulto y evitar así enfrentar la responsabilidad que le toca en este escándalo.

Lo cierto es que si Simón Gaviria hubiera pensado en el país y no en su futuro político, hoy probablemente Otálora seguiría combinando sus servicios de apoderado de oscuros personajes  –como David Murcia, el de DMG, Hernando Rodríguez, el del escándalo de Foncolpuertos, o Guillermo Fino, condenado por un caso de corrupción en el Seguro Social- con el de acosador sexual en la sombra, pero ya no lo haría por cuenta del erario público sino por cuenta de sus cuestionados clientes.  

Otálora no es el único funcionario que nunca ha debido ser elegido en este país. Tampoco lo ha debido ser el fiscal Montealegre, cuya hoja de vida  plagada de conflictos de intereses habría sido suficiente para que una Corte Suprema de Justicia, sensata e independiente, no lo hubiera elegido. Un fiscal que decide emprender una cacería a la única funcionaria que fue capaz de ponerlo contra las ruedas por sus contratos de SaludCoop-me refiero a la excontralora Sandra Morelli-, y que utiliza su poder para cercarla y amedrentarla, mientras que el señor Palacino, dueño de SaludCoop, juega golf tranquilo en Miami, es una persona indigna de su cargo. Pero para ser sincera, ni un personaje tan débil de carácter como Mario Iguarán, obsesionado por cirugías plásticas, que tenía por asesor de cabecera a un brujo, ni un extraterrestre como Luis Camilo Osorio  debieron haber sido elegidos fiscales de este país.      

Otro tanto sucede con el procurador Ordóñez, cuya elección va en contravía del estado laico que proclamó la Constitución del 91. Obviamente todos los que votaron por él -incluyendo el Partido Liberal y Gustavo Petro- sabían que iba a imponer la Biblia por encima de la Constitución. Poco les importó porque pesaron más los puestos que las convicciones. Para no hablar de la elección como presidenta de la Federación Nacional de Departamentos, de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien tiene una investigación en la Fiscalía por lavado de activos, además de que muchas voces en el Valle la señalan de ser la responsable de la postración de la salud en ese departamento. Solo falta que alguien de La U la impulse como delegada en La Habana de las mujeres y la conviertan en la gran lideresa de Colombia.   

La mayoría de los problemas que enfrenta este país por cuenta de la corrupción no son por falta de normas, sino porque el sistema político que elige al defensor del Pueblo, al procurador, al fiscal y a las altas cortes perdió la vergüenza y se dedicó a elegir a las personas más cuestionadas para los más importantes cargos públicos. Y cuando esos sujetos quedan al descubierto y revelan sus precariedades éticas, como sucedió en el caso del defensor del Pueblo, los primeros en desmontarse del bus por temor a tener que asumir la responsabilidad política  son los mismos que lo impusieron. Así se pavonea la doble moral en Colombia.

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