Domingo, 4 de diciembre de 2016

| 2016/07/30 00:00

El tiempo apremia

El uribismo que hoy fustiga la amnistía para las Farc olvida que el gobierno de Uribe amnistió a 18.000 paramilitares. Ahí nadie se rasgó las vestiduras ni habló de entregar el país al narcotráfico.

María Jimena Duzán Foto: Guillermo Torres

Porque sé que nunca antes el país había estado tan cerca de finalizar una guerra de 50 años, me preocupa que el proceso de paz haya entrado en sus últimos metros en una especie de repentino adormecimiento, parecido al que tienen los celulares cuando se les activa la función del ‘modo avión’ y, súbitamente, pierden, sin que uno lo perciba, toda su conectividad.

Desde que se firmó el acuerdo sobre el cese al fuego el 23 de junio en La Habana, ha pasado un mes largo y los temas pendientes siguen todavía atascados, incluso luego de que se removieron incertidumbres como la del fallo que declaró exequible el plebiscito. Sigue sin poder acordarse cuál va a ser el marco jurídico de la amnistía general que se le daría a la base guerrillera, ni cuál va a ser el procedimiento para aplicarla; tampoco se ha llegado a un consenso en el punto de la reintegración a las Farc a la vida civil.

El gobierno insiste en que para eso está la agencia de reintegración y la guerrilla insiste en que a esa entidad hay que reformarla porque la política de reintegración fue diseñada para la guerra y no para la paz. Por si fuera poco, todavía no se ha podido llegar a un consenso en el tema de la implementación de los acuerdos en torno a cómo va a ser el mecanismo que se establezca para vigilar que lo pactado en La Habana, se cumpla.

Además de estos temas gordos, falta acordar cuál va a ser la arquitectura de las nuevas reformas políticas que se derivan de los acuerdos y que incluyen no solo la creación de las circunscripciones de paz que se le otorgarían a los movimientos sociales, ¿cuántas van a ser y por cuánto tiempo?, sino el número y el umbral que tendrían las curules transitorias que se les darían a las Farc en el Congreso para que puedan participar en las próximas elecciones de 2018.

De todos estos nudos gordianos, el que parece más difícil de evacuar es el que menos debería tener problemas: me refiero al de la amnistía general para la base guerrillera, suficientemente reglada en leyes como la Ley de Orden Público. Ahí se le dan herramientas al presidente para decretar amnistías a quienes hayan empuñado las armas para combatir al Estado. Se entiende que estos beneficios no podrán ser recibidos sino por la masa de combatientes, y que los mandos medios y los jefes deberán entrar automáticamente a la Justicia Especial para la Paz que será el tribunal encargado de investigar y juzgar los delitos de guerra y de lesa humanidad.

Sin embargo, el acuerdo sobre la amnistía se ha ido enredando más de lo esperado. Las Farc insisten en que la amnistía debe entrar en vigencia inmediatamente con la firma del acuerdo final, pero el gobierno insiste en que esta debe aplicarse solo cuando las Farc hayan completado el proceso de dejación de armas, es decir, luego de seis meses de la firma. Como no se ha esclarecido ese punto, no se ha logrado acordar tampoco el instrumento legal a través del cual esta puede ser otorgada. Si se firma el acuerdo, como muchos esperamos, no se les puede exigir a las Farc que se concentren y procedan a la dejación de armas si no se tiene claro cuál va a ser el futuro jurídico de la guerrillerada.

Por temor al uribismo no se nos puede quemar el pan en la puerta del horno. El uribismo que hoy fustiga la amnistía para las Farc, porque de acuerdo con su credo ellos no son delincuentes políticos sino narcotraficantes, también sabe de amnistías: en el gobierno de Uribe se amnistió a 18.000 paramilitares a quienes se les dio el tratamiento de delincuentes políticos, pese a que era un Ejército que nació del bolsillo de los capos del narcotráfico. Ahí sí nadie se rasgó las vestiduras ni habló de que se estaba entregando el país al narcotráfico.

Posteriormente un fallo de la Corte Constitucional dictaminó que los paras no podían ser objeto de amnistías porque no eran delincuentes políticos, debido a que ellos no habían empuñado las armas para luchar contra el Estado, pero ya la amnistía era un hecho. Si Uribe pudo sacar una amnistía de semejante talante, para beneficiar a la base paramilitar, que ante la ley no es considerada como una fuerza beligerante, no debería ser tan difícil acordar una amnistía para la base de las Farc a la que sí se le reconoce su carácter de beligerancia.  

Los avances en el proceso son innegables, pero los tiempos son cada vez más estrechos y cualquier demora en la recta final puede tener efectos devastadores. Si nos demoramos en la firma, la campaña por el plebiscito va a retrasar la presentación de una reforma tributaria necesaria no solo para solucionar el déficit fiscal, sino para financiar los costos de la implementación de los acuerdos que según Jose Antonio Ocampo representarían cerca de dos puntos del PIB. De esa forma todos estos pendientes quedarían represados para el próximo año y se tropezaría inevitablemente con el inicio de la campaña presidencial para 2018. Ojalá las partes piensen más en el país y menos en Uribe para que el proceso retome su vigor y podamos concluir para siempre este ciclo de barbarie.

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