Domingo, 4 de diciembre de 2016

| 2015/09/05 22:00

La nómina paralela del fiscal

La Fiscalía estaría entregando información confidencial a una persona privada, violando la reserva sumarial y afectando los procesos.

María Jimena Duzán. Foto: Guillermo Torres

El fiscal general  Eduardo Montealegre,  quien nunca se ha impuesto límites a la hora de magnificar sus logros, definió con esta frase grandilocuente los alcances del decreto presidencial que le dio vía libre a la reestructuración de la Fiscalía en enero de  2014: “Hoy se está preparando a la entidad para que sea una Fiscalía del siglo XXI, una Fiscalía moderna, capaz de enfrentar los nuevos desafíos de la criminalidad”.

Sin embargo, cuando El Espectador denunció en septiembre de 2014 la existencia en la Fiscalía de una nómina paralela al amparo de estos decretos de reestructuración y el fiscal ni se inmutó, su Fiscalía del siglo XXI quedó tan maltrecha como el socialismo del siglo XXI de Maduro.

Sin darse cuenta, le dio la razón a sus críticos que cuestionaron esa reforma desde el inicio con el argumento de que iba a utilizar el poder de contratación que se le confería –¡3.500 nuevos cargos!–, para conseguir apoyos  políticos que le permitieran labrar una carrera que lo lleve a los más altos designios del poder.

Uno de los contratos que más me ha llamado la atención es el  N. 0013 firmado en enero de 2015 entre la Fiscalía y el cuestionado exmagistrado Pedro Munar por 345.100.009 pesos. Sorprende que la Fiscalía del siglo XXI necesite a un  exmagistrado tan desprestigiado como Munar, que además, acaba de ser destituido por el Consejo de Estado en razón de que intentó imponer el yo te elijo, tú me eliges que permitía la puerta giratoria, un vicio corrupto que afortunadamente suprimió la reforma de equilibrio de poderes que el fiscal Montealegre quiere tumbar. (Ahora sabemos por qué). Las razones por las cuales fue contratado son tan pomposas como insulsas: “...de apoyo y asesoría jurídica en procesos administrativos a cargo de la dirección nacional, de apoyo a la gestión pública de la Fiscalía General, así como todo lo relacionado con la puesta en funcionamiento del nuevo fondo especial para la administración de bienes de la entidad…”.

Consulté con fuentes en la Fiscalía y se me aseguró que para ninguno de estos objetos se necesitaba al exmagistrado Munar y mucho menos se le requería para asesorar a la Fiscalía en cómo gestionar todos los bienes incautados por esta entidad, cuando se hizo el de la vista gorda a la hora de investigar a los congresistas que estuvieron vinculados al saqueo de la Dirección Nacional de Estupefacientes cuando fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Otro contrato que me llama la atención es el que firmó la Fiscalía con Néstor Javier Osuna, el 8 de julio de 2015, días después de que el doctor Osuna salió del Consejo Superior de la Judicatura por un monto de 174 millones de pesos. El objeto del contrato es el de prestar asesoría y acompañamiento en los temas derivados de la reestructuración. No dudo de la idoneidad del exmagistrado Osuna, pero no le queda bien ni al fiscal ni al exmagistrado que su nombre aparezca como contratista cuando todo el mundo sabe que quien está impulsando la candidatura del exmagistrado Osuna como nuevo registrador es el propio fiscal Montealegre.

Tampoco queda bien que en este año 2015, aparezcan dos exmagistrados del Consejo de Estado que votaron por la prórroga de su periodo con contratos en la Fiscalía como es el caso de Berta Lucía Ramírez y Alfonso Vargas, por un monto de 345 millones de  pesos y 517.266.666 pesos, respectivamente.

Frente a dos de los contratos más onerosos hay serios reparos  que en otro país tendrían al fiscal bastante emproblemado. Un contrato es el de  Natalia Lizarazo, –mejor conocida como Springer Von Schwarzenberg–, por un monto de más de 4.000 millones para ayudar a la Fiscalía en el procesamiento de datos en casos de crímenes internacionales cometidos por las Farc, el ELN y las bacrim.

El otro,  el del juez Baltasar Garzón, un lagarto internacional que ha sido reencauchado por Montealegre –quien tiene contratos por cerca de 1.200 millones, firmados entre 2013 y 2014-, para “apoyar al despacho del fiscal en la investigación penal de la microcriminalidad en contextos de justicia transicional”.

Para que la Springer  (¿o  Lizarazo?) pueda hacer los  algoritmos  “revolucionarios” que le prometió al fiscal debió  tener acceso a los expedientes judiciales. Si ese es el caso, la Fiscalía estaría entregando información confidencial a una persona privada, violando la reserva sumarial y afectando los procesos en serio detrimento de las víctimas. Pero además se le estaría entregando una información confidencial a una farsante que se ha ganado la vida aparentando lo que no es y a un lagarto internacional que no puede litigar en su país porque está sancionado.

Según expertos consultados por esta columna, estos contratos podrían dar lugar al delito de contratación indebida, por el cual la Fiscalía tiene procesados a muchos colombianos, entre los que se cuenta la excontralora Morelli.

El fiscal Montealegre ha utilizado la reforma para impartir justicia con criterios políticos y para seducir a magistrados, congresistas y periodistas a cambio de puestos y contratos.  En eso ha quedado reducida su Fiscalía del siglo XXI.

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