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Opinión

  • | 2015/06/06 22:00

    La única oportunidad

    Porque todos los intentos que la justicia ha hecho para que los responsables de este conflicto asuman sus responsabilidades han fracasado, en Colombia es necesaria una comisión de la verdad.

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Hace 25 años, la Constitución del 91 nos devolvió a muchos jóvenes las esperanzas de que íbamos a vivir en un país distinto al de nuestros padres, sin guerrillas, ni políticos cooptados por mafias asesinas. Sin embargo, a pesar de avances importantes en materia de justicia derivados de la creación de la Fiscalía, la democracia no floreció como pensábamos, la justicia no se consolidó como muchos vaticinaron y las guerrillas no se acabaron. Por el contrario, se escaló aún más la guerra y los actores se degradaron aún más en perjuicio de sus víctimas: un documental mostró cómo los secuestrados por las FARC eran tratados como animales enjaulados y cómo varios de ellos habían muerto en cautiverio, luego de diez años de estar atados a un árbol por medio de una cadena. Con la excusa de que la lucha contra la subversión podía hacerse a cualquier costo, se fraguó una alianza entre sectores políticos, empresarios del campo y miembros de la cúpula militar con el poder naciente del narcotráfico para enfrentar a las FARC y crear un monstruo de mil cabezas que aún sigue vivo: el paramilitarismo. Ese ejército privado ilegal, que sería el autor de más de un centenar de masacres en la década de los noventa y comienzos del siglo XXI, que tuvo el poder de hacer a través del expolio y la sangre una contrarreforma agraria y que utilizó hornos crematorios para incinerar los cuerpos de sus víctimas, llegó a ser considerado en varios lugares de Colombia como un ejército heroico al que muchos colombianos le agradecen hasta hoy que el país no hubiese caído en manos del comunismo. Ese monstruo de mil cabezas tuvo el poder de elegir alcaldes, gobernadores, representantes y senadores.

Cuando en 2006 la Corte Suprema de Justicia produjo la primera captura de un congresista por parapolítica, volvimos a tener la esperanza de que la justicia en Colombia había empezado a funcionar. Pensamos que por primera vez se iban a desentrañar las alianzas con el paramilitarismo y que se abriría finalmente el capítulo de los empresarios y militares que habían colaborado en la creación de estos grupos ilegales. Sin embargo, nada de eso sucedió. Ni siquiera sirvió que más de la mitad del Congreso terminara tras las rejas, porque la relación de la política con el paramilitarismo siguió intacta porque este siguió eligiendo gobernadores, alcaldes y congresistas en las elecciones que se sucedieron que tenían relaciones non sanctas o que eran familiares de los parapolíticos. Para estas elecciones del 25 de octubre ya se han dado avales que han sido cuestionados como el que La U le dio a Dilian Francisca Toro, o el que le dio Cambio Radical a través de los Char a la cuestionada pupila de Kiko Gómez en La Guajira, para no hablar sino de unos cuantos.    

Tampoco la desmovilización de los paramilitares sirvió para acabar con la violencia paramilitar, ni para reparar a las víctimas. En ciudades como Medellín la oficina de Envigado ha sido reemplazada por los combos, los Urabeños tienen jurisdicción desde el Urabá hasta La Guajira y mitad de Chocó y los Rastrojos son el poder intimidador del norte del Valle, para no hablar de la influencia que tiene Megateo en el Catatumbo y de cómo ciudades como Cali o Cúcuta están prácticamente sitiadas por las bacrim. La poca verdad que ofrecieron los paras en Justicia y Paz fue insuficiente para las víctimas y la sociedad no sabe si los que están saliendo de la cárcel por penas cumplidas salen reconciliados o con ganas de reintegrarse a la guerra.

La verdad, en un conflicto tan largo como el colombiano, ha quedado sepultada bajo toneladas de pesados odios y de enconados rencores. Nadie quiere asumir la responsabilidad que le cabe en esta guerra: los militares dicen que su problema no fue institucional sino que se trató de unas manzanas podridas, las FARC insisten cínicamente en que ellas no son victimarias sino víctimas, y los empresarios de tierras que financiaron los grupos paramilitares como Carranza pudieron morirse como héroes sin dar ninguna explicación a sus miles de víctimas.  

Desterramos la verdad de nuestra historia y construimos una cultura política basada no en valores democráticos sino en los más bajos instintos. Y si no desmontamos el odio y  la venganza que hemos venido construyendo, no habrá nunca reconciliación.

Por eso, porque todos los intentos que la justicia ha hecho para que los responsables de este conflicto asuman sus responsabilidades han fracasado, es que en Colombia es necesaria una comisión de la verdad. Es nuestra única oportunidad para saber lo que nos pasó, para frenar esta degradación, para evitar que los hechos violentos se vuelvan a repetir y para que a las víctimas se nos devuelva la dignidad que nos han quitado tantos años de mentiras.
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