Los pobres viejecitos

A los confesos delincuentes de cuello blanco, Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, responsables del escándalo del Fondo Premium-InterBolsa, no les avergüenza ni siquiera la cárcel. Llevan ya cuatro meses tras las rejas y a pesar de haberse declarado culpables de tres delitos, entre ellos el de estafa agravada y el de concierto para delinquir, siguen insistiendo en hacer un acuerdo con la Fiscalía, pero sin destinar ni un peso de su plata al resarcimiento de las víctimas que ellos mismos estafaron.

La propuesta de colaboración con la Fiscalía está hecha a la medida de su avaricia: los dos presos le han hecho saber al ente acusador que no tienen con qué pagarle a las víctimas que defraudaron, porque como en la fábula de La pobre viejecita de Rafael Pombo se quedaron sin nadita que comer ni que beber.

Es decir, que el famoso yate de Tomás Jaramillo no es de él, sino de su suegro. Que su lujosa casa también. Que su finca es de propiedad de su esposa con quien no tiene una sociedad conyugal, motivo por el cual no la puede obligar a vender lo único que tiene. Lo mismo sucede con el pobrecito de Juan Carlos Ortiz. No hay nada a su nombre y lo único que tenía –las acciones de InterBolsa- las perdió con su caída. Tuvieron eso sí el cinismo de ofrecerle a la Fiscalía las acciones que ellos mismos tenían en Premium, las cuales ya estaban incautadas y carecían de  valor, además de tres lotes que ya habían sido embargados por la superintendencia en Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, junto con unas acciones en Datesco.

Sobra decir que estos lotes y acciones son insignificantes frente al tamaño de la estafa y que los únicos bienes incautados que en realidad son valiosos, así no sean suficientes para resarcir a las víctimas, son los de Víctor Maldonado, su antiguo socio en InterBolsa y quien acaba de ser capturado en Madrid. Esa es la gran colaboración que estos dos confesos estafadores le están ofreciendo a la Justicia. Tan torcidos serán que hasta presos siguen maquinando a ver cómo pueden aprovecharse de los demás para sus propios beneficios.

Las  víctimas del Fondo Premium y el liquidador Alejandro Revollo se han opuesto a este acuerdo con el poderoso argumento de que no está dirigido a resarcir a las víctimas. Sin embargo, en lugar de tramitar este desacuerdo por las vías normales, estos dos reos han intentado socavar la legitimidad de Revollo, un funcionario valiente que ha expuesto hasta el pellejo para llegar al meollo de este escándalo. Jaime Lombana,  abogado de Jaramillo, le acaba de enviar un derecho de petición en el que entre líneas lo señala de estar derrochando en asesorías y gastos inocuos en el proceso de liquidación del Fondo Premium. Es decir, estos señores que utilizaron ese fondo como su caja menor, que estafaron a los inversionistas y que quieren resarcirlos en una pequeña proporción pero con la plata de su antiguo socio, ahora andan torciendo las cosas, insinuando malévolamente que si los bienes que ofrecieron no alcanzan para resarcir a las víctimas, la culpa no es de ellos, sino del derroche de la Supersociedades. Se les olvida que a diferencia de lo que ocurría en el fondo donde ellos podían hacerse autopréstamos, como si fuera su caja menor, todos los actos de la Superintendencia de Sociedades deben ser aprobados por autos y tienen rendición de cuentas.

Ojalá la valiente fiscal Ladino deseche este acuerdo presentado por Tomás Jaramillo y por Juan Carlos Ortiz, y le quede claro que estos estafadores solo buscan preservar su patrimonio que es lo único que les duele perder.

Sé que actúan como si se fueran a salir con la suya. Que piensan que solo van a estar tres años en la cárcel y que saldrán con su patrimonio intacto, listos para volver a sus andanzas. Que están confiados en que renacerán entre las cenizas como ya lo hizo Juan Carlos Ortiz, quien a pesar de haber sido expulsado de la Bolsa de Bogotá se las ingenió para volver a la capital, sacar al superintendente que lo había sancionado y convertirse en el zar de mercado público sin que la quiebra de Proyectar se lo impidiera. Yo, sin embargo, todavía espero que les caiga todo el peso de la ley. Se lo merecen.

Rectificación:
En la columna del 8 de marzo de 2015, titulada ‘Que no vuelvan’, señalé: “Los dos juristas (Jorge Pretelt y Alberto Rojas) también tuvieron que ver con otra vergüenza que ocurrió en la corte y que afortunadamente no pasó: los dos intentaron revivir una tutela a favor de Granahorrar, entidad financiera que fue intervenida por el Estado hace muchos años, luego de defraudar a muchas víctimas. Los demandantes decían que había sido mal liquidada y querían ver tutelados sus derechos. ¿Qué hacían estos dos magistrados reviviendo una tutela de ese tenor y preocupados por defender los derechos de quienes estafaron a la gente?”.

A solicitud de los accionantes, que actúan como accionistas de Granahorrar, se hace la siguiente rectificación: la toma de posesión de Granahorrar no se dio por haberse presentado un fraude ni por haber estafado a los clientes de la misma.