Macondo en Bogotá

Lo que ha sucedido con el hoy restituido alcalde Gustavo Petro demuestra que nuestro Gabo, cuya muerte hoy lloramos, se quedó corto cuando dijo que en Colombia la realidad supera la ficción.  

Para comenzar, solo un país tan dado al realismo mágico podría haber elegido como procurador y garante de nuestros derechos humanos a un hombre que ha quemado libros –vaya uno a saber si quemó los de Gabo-, que no reconoce el genocidio contra los judíos y que considera que la doctrina de los derechos humanos es una invención del comunismo. Pero aún más absurdo, es que un hombre que se define de izquierda como Gustavo Petro hubiera ayudado a elegirlo.     

   

Las razones por las cuales el procurador Ordóñez destituyó al alcalde Gustavo Petro parecen también sacadas del más puro realismo mágico. Su argumento más contundente es que al sacar a un contratista y reducirles a los demás el monto de sus contratos, Petro no protegió a la mayoría de los bogotanos sino que afectó los intereses de los poderosos contratistas de basuras y puso, además, en peligro la salud de todos los capitalinos. 

Ya quisiera uno que la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, entidad que también se ha empleado a fondo en el tema de la demanda contra Petro por el tema de las basuras, pelearan por los derechos de las minorías y de las mujeres víctimas de la agresión sexual con la misma pasión y el empeño con que protegen los derechos de los contratistas de la basura en Bogotá. Y si se trata de proteger la salud de los bogotanos, ¿por qué no han sancionado a los políticos responsables del saqueo de los hospitales de la capital, que es lo que realmente ha puesto en peligro la salud de los bogotanos? 

Pero los absurdos no paran ahí. Mientras el procurador destituye a Petro por  desprivatizar las basuras, de manera simultánea el decreto que establece ese nuevo esquema es declarado ajustado a la Constitución por el Tribunal de Cundinamarca. Es más fácil entender por qué en el cuarto de Melquiades siempre era lunes, que este despelote.   

También resulta por lo menos insólito que el único funcionario que se atrevió a decirle al presidente Santos que no firmara el decreto que le daba vía a la destitución de Petro, fuera el fiscal Montealegre. El mismo que años antes, como viceprocurador participó en la destitución de varios funcionarios elegidos y que luego, como magistrado de la Corte Constitucional, colaboró en la reforma al código disciplinario que le aumentó aún más las atribuciones al procurador. 

En el tema de las medidas cautelares que la CIDH le otorgó a Petro, estamos más confusos que una reina de belleza hablando sobre los derechos de la mujer. Primero el presidente dijo que sí eran de obligatorio cumplimiento, luego, cuando las concedieron, dijo que no.  Y días más tarde, el entonces presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Vargas dijo todo lo contrario: que sí eran de obligatorio cumplimiento. Sin embargo en octubre del año pasado la Corte Constitucional con el salvamento de dos magistrados, entre ellos el magistrado Vargas, validó las atribuciones del procurador para sancionar a funcionarios elegidos cuando no le concedió la tutela a Piedad Córdoba. (Si usted no entiende nada de lo que le estoy explicando, créame que no lo culpo). 

   

No sobra recordar que a Petro no solo lo demandaron por sus errores administrativos, sino por sus aciertos. Su POT, lo acaba de tumbar el Consejo de Estado casi tres años después de haber sido puesto en marcha y en consecuencia todas las  obras que se habían comenzado quedaron en el limbo. Ese desastre administrativo no ha sucedido ni en Aracataca.  

  

Y cuando estábamos esperando que el Consejo de Estado decretara sus medidas cautelares que devolverían a Petro al Palacio Liévano, un juez de tierras, en lugar de restituir tierras, resultó restituyendo al exfuncionario. Pero no crean que la calma llegó: el presidente Santos no había acabado de restituir a Petro cuando decidió impugnar la tutela que lo restituyó. Lo propio hizo el procurador. En segundos, volvimos a recomenzar ese mismo círculo vicioso que en Macondo terminó engendrando seres con cola de marrano.   

Ahora corremos el riesgo de que la sala civil de la Corte Suprema de Justicia tumbe la tutela que lo restituyó, con lo cual Petro tendría que salir nuevamente del Palacio Liévano, y que de manera simultánea el Consejo de Estado le otorgue medidas cautelares a Petro para devolverlo a la Alcaldía. Es decir, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario.   

CODA: La terna para el nuevo puesto en la Corte Constitucional se la pelean por dádivas burocráticas, un empleado del procurador, una empleada del fiscal y un empleado del presidente de la Corte Suprema. Eso me huele a cohecho.