Martes, 6 de diciembre de 2016

| 2016/10/28 22:00

¿A qué le juega el fiscal Martínez?

Néstor Humberto Martínez llegó con la promesa de que sería el Fiscal de la Institucionalidad. Pero nos salió más papista que el papa

María Jimena Duzán. Foto: Guillermo Torres

El abogado Néstor Humberto Martínez llegó a la Fiscalía con la promesa de que sería “el fiscal de la institucionalidad y del posconflicto”, pero en estos tres meses que lleva en el cargo ha hecho todo por socavar la institucionalidad y atizar el fuego, donde antes no lo había.

De buenas a primeras, se ha convertido en el gran inquisidor del sistema de justicia transicional alebrestando a la Rama Judicial como lo hizo en el foro de El Tiempo (ver video). Afirma que está a favor de la paz, pero cuando se le pregunta por la justicia transicional que se pactó en La Habana tiene más dudas que los promotores del No: no le parece que haya garantías para los empresarios y se opone, por laxa, a la propuesta que pide la suspensión de la pena para los pequeños productores de coca. Dice que es un convencido de la reconciliación, pero no pierde oportunidad para recordar que jurídicamente no puede dejar de perseguir a las Farc porque sería ir en contra de la naturaleza de la justicia. Para ello ha sacado de la manga una leguleyada, según la cual las Farc perdieron su estatus de rebeldes desde que aprobaron en su conferencia del Yarí el acuerdo firmado en La Habana y pasaron a ser delincuentes comunes.

Este fiscal que se dice “institucional” es el mismo que anda instando a las cortes a que se pronuncien sobre la justicia transicional con el ánimo de socavar lo propuesto en La Habana. La Corte Suprema de Justicia le hizo caso a su llamado y se pronunció en un documento que es toda una carga de profundidad contra el sistema de justicia transicional. Basta leerlo para comprender que la justicia transicional que les gusta al fiscal y la corte es aquella que funcione bajo su control y que haga recaer en manos de la Fiscalía todo el poder investigativo… Todo, al final, se reduce a un problema de poder.

El fiscal del posconflicto está en contra de la política de sustitución de cultivos que cambió radicalmente el enfoque con que se llevó a cabo los últimos 30 años la lucha contra las drogas. Esta nueva línea abandona la política de criminalización que penalizaba por igual al poderoso narcotraficante como al pobre campesino cultivador, por una política más social dirigida a sacar de la ilegalidad a los pequeños campesinos a través de la sustitución de cultivos. Con estos nuevos parámetros, la aspersión aérea se reemplaza por la erradicación manual, una vía menos represiva y más amigable para las comunidades.

El fiscal Martínez –que por lo demás fungía como ministro de Presidencia cuando se forjó el cambio en la política de drogas a la que, según tengo entendido, no se opuso– sabe mejor que nadie que esta sustitución de cultivos solo hasta ahora comienza a implementarse y que todavía no puede ofrecer grandes resultados. No obstante, ya la ha desahuciado antes de que nazca. En su carta al Consejo Nacional de Estupefacientes, la despedaza. Sostiene que la erradicación manual es un fracaso pese a que en su primer año han sido erradicadas 20.000 hectáreas y concluye que por esas razones lo más conveniente es volver a la aspersión aérea, con otra leguleyada de que el fallo de la Corte Constitucional, que ordenó la suspensión de fumigación con glifosato por razones de salud y de impacto en las comunidades, dejó en pie la aspersión aérea. Con esa tesis bajo el brazo este fiscal “institucional” quiere pasarse por la faja un fallo de la corte y revivir la aspersión aérea con un nuevo producto que, según la Fiscalía, no ocasiona ningún problema de salud. Si este producto es tan bueno como él lo asegura, ¿por qué no hay ningún país del mundo que lo esté aplicando? ¿Por qué Afganistán se salió de la fumigación con glifosato antes que nosotros y por qué ni siquiera ese país ha querido experimentar con esa nueva sustancia?
El fiscal Martínez tampoco está de acuerdo con que se les dé una suspensión de la acción penal a los pequeños cultivadores con el objeto de que puedan ser sujetos de subsidios.

El fiscal del posconflicto considera que, tal como está planteado, puede servir para que se cuelen poderosos narcotraficantes o grandes criminales y que por eso hay que desecharlo. Pregunto: si esa es su preocupación, ¿no será mejor para el país buscar mejoras en el proyecto que oponerse a que los pequeños productores puedan tener acceso a subsidios para evitar que vuelvan a la economía ilegal? ¿No es acaso el fiscal del posconflicto?

El fiscal nos salió más papista que el papa: insiste en que la razón por la cual se han incrementado las hectáreas cultivadas de coca en el país es debido a que se suspendió la aspersión aérea, pero los estudios que tiene el gobierno sostienen lo contrario. Según esas fuentes gubernamentales, las razones por las cuales se incrementaron las hectáreas de coca tuvieron que ver con factores como la devaluación, la baja en el precio del oro y la decisión de muchos campesinos de sembrar coca impulsados por la promesa de futuros subsidios y no por la suspensión de la aspersión aérea. (De hecho, cuando se suspendieron en octubre del año pasado las fumigaciones ya las hectáreas de coca habían aumentado).

Si a toda esta cadena se le agrega la desafortunada sincronía que tienen sus declaraciones con las críticas que viene haciendo desde dentro del gobierno el vicepresidente Germán Vargas en los mismos temas, ya sabemos entonces a dónde va el agua al molino.

Si este es el fiscal del posconflicto…

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