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Opinión

  • | 2017/04/29 22:00

    La triste historia de la triple A

    EL desembarco español, que tanto nos deslumbró, en lugar de impulsar un modelo de desarrollo más eficiente y transparente, nos está devolviendo a los tiempos de la colonia.

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El escándalo de corrupción que acaba de reventar en España a raíz de la captura de 12 ejecutivos de la empresa pública Canal de Isabel II de Madrid, casa matriz de la Triple A de Barranquilla, tiene un capítulo colombiano que debe tener sudando frío a ciertos intocables de estas tierras de ultramar.
El primer nombre que ha salido salpicado es el del alcalde de Barranquilla, Álex Char, un político con serias aspiraciones presidenciales, proveniente de una poderosa familia que desde 2008 maneja la ciudad como si fuera su finca.

Su nombre aparece mencionado en El Confidencial de España el pasado 23 de abril, que relata los pormenores de un cuestionado viaje que hicieron en 2008 a Colombia tres altos ejecutivos de esa compañía cuya cercanía con el PP de Aznar nadie niega: el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, entonces al mando del Canal de Isabel II, y dos de sus colaboradores, José María Serra Peris, exsecretario de Estado del gobierno de Aznar, e Ildefonso de Miguel. Los tres hoy están tras las rejas y son investigados por la Fiscalía española por haber presuntamente comprado su participación en sociedades de Colombia y Brasil, pagando precios inflados para desviar luego parte de esos fondos públicos a paraísos fiscales y financiar ilegalmente las elecciones del PP.

Según el portal español, en ese viaje, uno de esos ejecutivos, De Miguel, se habría reunido con el recién alcalde electo de Barranquilla. Los españoles tenían la información de que Char quería reducir su participación accionaria en la Triple A –¡que ya era del 67 por ciento frente a un exiguo 15 por ciento!– para abrirles la puerta a los cuestionados hermanos Nule y querían convencerlo de que desistiera de esas ideas. Según El Confidencial, la reunión fue un éxito por lo que los españoles siguieron con su mayoría accionaria, y de acuerdo con una fuente confiable que trabajó en el Canal de Isabel II “hubo que pagar para convencer a Char”.

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El alcalde en un escueto comunicado ha dicho que no conoce a Ildefonso de Miguel y que nunca se reunió con él. En cuanto a si recibió o no plata por debajo de la mesa, ese es un trabajo que la Fiscalía de NHM debería emprender, si es que de verdad su lucha contra la corrupción tiene dientes.
Con lo que ya se ha destapado en España se abren en Colombia muchas preguntas que no tienen respuesta: ¿por qué la Alcaldía de Barranquilla empezó con un 88 por ciento de la participación accionaria de la Triple A en el 96 y terminó en 2015 con tan solo el 15 por ciento? ¿Cómo ocurrió esa disolución que operó en detrimento de sus ciudadanos?

Hay una carta que el entonces alcalde Hoenigsberg le envía a los españoles en 2006, en la que les dice que el Distrito no puede capitalizar porque no tiene la plata. ¿Eso es cierto? Y si había la forma de capitalizar, como muchas voces autorizadas creen, ¿por qué el Distrito no lo hizo? ¿Hubo algún pago de los socios mayoritarios al Distrito durante ese periodo en que Barranquilla perdió su empresa de agua y alcantarillado? ¿Por qué se desconoció el Acuerdo 023 de 1991 que exigía que el municipio tuviera el 85 por ciento de las acciones?

Toda esta gimnasia financiera huele mal y podríamos estar ante un abrumador caso de detrimento patrimonial en el que muchos funcionarios pudieron haber traspasado las líneas de lo legal.

Tampoco está claro con qué recursos los españoles hicieron la capitalización de Inassa ni cómo hicieron para hacerse al 72 por ciento de la participación en estos 14 años, mientras diluían al Distrito con el beneplácito de alcaldes y funcionarios. ¿De dónde salieron esos recursos, si en los registros públicos de la compañía aparece que esta fue creada con 1 millón de pesos de capital en 1996?

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Es evidente que se usaron maniobras financieras turbias para incrementar esa participación, que deberían ser investigadas por las superintendencias y los organismos de control colombianos que nunca dijeron ni mu a lo largo de estos años.

Se sabe que en estos 15 años la Triple A repartió dividendos a sus accionistas. ¿Cómo era el proceso de autorización de esos dividendos? ¿Cómo se pagaban y cómo se giraban al exterior y bajo qué concepto? ¿Será cierto, como sospecha la Fiscalía española, que parte de esos dineros terminaron en cuentas de paraísos fiscales a nombre de González y sus amigotes y en las arcas de las campañas del PP en España?

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En sus inicios, debido al endeudamiento que traía la empresa, debía pagar cerca de 30.000 millones en gastos financieros al año y aun así daba utilidades. La única manera de lograr semejante milagro era a través de un ajuste de tarifas por encima del promedio nacional. Es decir, se rentabilizó la empresa a costa de los bolsillos de los usuarios y las altas tarifas terminaron engordando los bolsillos de sus dueños que hoy están tras las rejas.
Por último: ¿por qué en el año 2010-2011 los representantes de la administración Char en la junta directiva de la Triple A (David Maestre) quisieron acercarse a varios empresarios que terminarían en prisión más tarde, como Tomás Jaramillo de InterBolsa, para dizque comprar una participación de la Triple A?
Algo estamos haciendo mal los colombianos con el llamado desembarco español que tanto nos deslumbró. En lugar de que nos haya servido para impulsar un modelo de desarrollo más eficiente y transparente, nos está devolviendo a los tiempos de la Colonia.

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