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Opinión

  • | 2015/03/07 22:00

    ¡Que no vuelvan!

    ¿Qué hacían estos dos magistrados reviviendo una tutela a favor de Granahorrar y preocupados por defender los derechos de quienes estafaron a la gente? ¿Qué clase de jurisprudencia se sienta en ese caso en beneficio de la sociedad?

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Ni Jorge Pretelt ni Alberto Rojas deberían volver a la Corte Constitucional. Y las razones para exigirles que no vuelvan no tienen que ver ni con su extracción política, ni con sus preferencias sexuales, ni con sus credos religiosos.

Lo grave del magistrado Pretelt no es que sea uribista, sino que sea un juez politiquero, sin mayor resorte ético. Y lo más grave de Alberto Rojas, el exmagistrado que anda pelechando una tutela que lo podría devolver a la Corte, no es que sea una ficha mediocre del Partido Liberal, ni que haya llegado a ese puesto con unas credenciales éticas peores que las de Pretelt. Lo que lo vuelve indigno de ese puesto es su comportamiento como magistrado. Rojas puso la Justicia al servicio de sus mezquinos intereses desde el primer día que pisó la Corte.

Las insistencias de los dos por escoger tutelas de empresas (ver La Silla Vacía) y por revivir casos sin mayor incidencia en la jurisprudencia ni en la sociedad, le dan la razón al exmagistrado Nilson Pinilla cuando los definió a ambos como unos personajillos que llegaron a deshonrar a la Corte porque entraron pensando que el Palacio de Justicia era el Capitolio.

A ambos los deja muy mal parados su insistencia por escoger tutelas como la de Joselito de la Espriella con la que se pretendía tumbar la condena en su contra por el proceso 8.000, alegando que no tuvo un juicio justo porque la justicia sin rostro que operaba en el momento no le dio garantías. Aunque Pretelt se declaró impedido por su amistad íntima con ese señor, Alberto Rojas proyectó una ponencia que de haber salido adelante, según denuncia hecha por el exmagistrado Nilson Pinilla, “habría tumbado las decisiones de la justicia sin rostro, que no fue un capricho sino una necesidad para enfrentar a las mafias”.

Con tantas tutelas represadas por resolver en la Corte que sí afectan a la gente de a pie, es el colmo que dos magistrados del alto tribunal le hubieran gastado energía y tiempo en ver cómo les ayudaban a los condenados por el proceso 8.000. Esta ‘vuelta’ les salió mal porque los demás magistrados la frenaron a tiempo, sin embargo, a pesar de que la Corte reaccionó ya ese alto tribunal estaba herido en su dignidad y en su honra. El hecho de que dos de sus magistrados hayan insistido por tutelar los derechos de los condenados del 8.000, es una demostración de lo bajo que ha caído ese alto tribunal.  

Los dos juristas también tuvieron que ver con otra vergüenza que ocurrió en la Corte y que afortunadamente no pasó: los dos intentaron revivir una tutela a favor de Granahorrar, entidad financiera que fue intervenida por el Estado hace muchos años luego de defraudar a muchas víctimas. Los demandantes decían que había sido mal liquidada y querían ver tutelados sus derechos. ¿Qué hacían estos dos magistrados reviviendo una tutela de ese tenor y preocupados por defender los derechos de quienes estafaron a la gente? ¿Qué clase de jurisprudencia se sienta en ese caso que vaya en beneficio de la sociedad?

Algo parecido sucedió con la tutela contra el exalcalde Álex Char, quien fue conminado a pagar una indemnización debido a que las casas que construyó  su empresa en un barrio de Barranquilla se cayeron. Pretelt decidió engavetar la firma de esa decisión que conminaba a su primo Álex Char a indemnizar a unas familias hasta que los demás magistrados decidieron salirle al paso y desengavetarla. La justicia para Pretelt está a merced no solo de sus caprichos e interés sino de su ADN. Lamentable.

¿Saben quién era el abogado ante la Corte para el caso de su primo Álex Char, quien dicho sea de paso es hoy el virtual nuevo alcalde de Barranquilla? … el señor Víctor Pacheco, el mismo abogado que hoy ha salido a relucir en el escándalo de Fidupetrol; el mismo que según la versión que investiga la Comisión de Acusaciones de la Cámara, le habría dado a Pretelt 400 millones de pesos a cambio de que fallara la tutela a su favor. El mismo que visitó varias veces en su despacho a Alberto Rojas y el mismo que fue invitado por Pretelt a una de sus fastuosas fiestas que hace en Montería a sabiendas de que en ese momento defendía la tutela de Fidupetrol en la Corte; ese mismo Pretelt que, según me dicen, actúa en esa ciudad como dueño y señor de la Fiscalía de Córdoba.

Gran responsabilidad les cabe al uribismo y al liberalismo en la postulación de estos cafres. Escogieron a los más mediocres. Si este país fuera serio, ni uno ni otro habría tenido la menor oportunidad de llegar a tan alto tribunal.
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