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Opinión

  • | 2014/07/12 00:00

    ¿Quién protege a los de InterBolsa?

    Sobran razones para argumentar que ellos representan un peligro para la sociedad y que en su actual situación pueden seguir obstruyendo la justicia.

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Este primero de julio se cumplen 21 meses –casi dos años–, de la escandalosa quiebra del grupo InterBolsa y tan solo Rodrigo Jaramillo, quien fuera presidente de InterBolsa, ha sido cobijado con una medida de aseguramiento que le dio como cárcel su lujoso apartamento de Medellín. Los demás cerebros de esta defraudación, es decir, Tomás Jaramillo, Juan Carlos Ortiz y su socio Víctor Maldonado, quienes según investigaciones de las superintendencias habrían fraguado la complicada tramoya que convirtió el Fondo Premium en su caja menor, quizás el fraude más descarado de la historia de este país, todavía están libres y ni siquiera han sido imputados por la Fiscalía. Incluso a Rodrigo Jaramillo, a pesar de tener casa por cárcel, lo han visto salir a menudo de su lujoso apartamento como si estuviera con la plenitud de sus derechos ciudadanos. ¿Quién o quiénes son los protectores de estos estafadores de cuello blanco? A la cárcel han ido a parar sus segundones, los firmones como Javier Villadiego, el gerente de riesgos de la sociedad comisionista, que por ejecutar órdenes terminó en La Picota, mientras sus dos jefes, Álvaro Tirado y Rodrigo Jaramillo gozan de casa por cárcel. Absurdo. 

La demora de la Fiscalía estaba justificada hasta cierto punto porque el fiscal de caso estaba esperando las propuestas de resarcimiento a las víctimas que le iban a presentar los señores Tomás Jaramillo, Juan Carlos Ortiz y Víctor Maldonado. La Fiscalía les había dicho a ellos que si querían un acuerdo debían primero resarcir a las víctimas. 

Finamente esas propuestas se dieron en una asamblea de inversionistas del Fondo Premium el pasado 25 de junio. Sin embargo lo que ofrecieron estos señores fue casi un chiste: tuvieron la audacia de presentar un resarcimiento que no pasaba del 6 por ciento de lo que habían perdido, motivo por el cual, unánimemente la asamblea negó su propuesta, obligando así a la liquidación de todos los bienes previamente embargados por la Superintendencia de Sociedades, entidad que llegó a la conclusión de que en el Fondo Premium hubo captación masiva y habitual, uno de los delitos financieros más graves. 

A todas las víctimas con las que hablé para escribir esta columna les sorprendió el cinismo de estos señores. No solo no se les vio arrepentidos, ni asustados, sino que se les vio confiados. Su mezquino ofrecimiento lo hicieron como si fuera un favor que ellos le hacían a los mismos que defraudaron y no como un deber de resarcirlos por haber vulnerado su confianza. 

Sin exagerar, su propuesta fue para ellos casi un acto de generosidad y de desprendimiento que sus víctimas no supieron valorar. Tomás Jaramillo argumentó que él no tenía dinero. Que el yate que tenía en Santa Marta era de su suegro –como se reveló en esta columna ese yate fue comprado con recursos del Fondo Premium–. Y sostuvo que los apartamentos que tenía en Torres de Llorente no los podía vender porque pertenecían a su esposa. Sin embargo, hoy Tomás Jaramillo y su familia viven en Madrid, gastando en euros y seguramente no tiene ninguna intención de venir a poner la cara y responder por sus actos.

Juan Carlos Ortiz también dijo en esa asamblea que no tiene plata porque perdió todo en las acciones de InterBolsa que perdieron su valor cuando se quebró la compañía. A diferencia de Tomás Jaramillo, Ortiz sigue en el país y anda tan confiando que se le ve en los clubes sociales sin que lo hayan sometido a ningún escarnio social. 

Víctor Maldonado por su parte dijo que él solo iba a pagar las deudas –¿autopréstamos?- que él tenía con el fondo, sin reconocer los intereses de mora que ha ido acumulando en los más de dos años que lleva sin atender sus obligaciones. Él se la pasa entre Cartagena y Miami, como si fuera un empresario sin ninguna tacha. 

Al otro día de realizada esta asamblea de inversionistas del Fondo Premium, la Fiscalía debió haber solicitado las audiencias de imputación y las medidas de aseguramiento en un centro carcelario de estos tres individuos. Sobran razones para argumentar que ellos representan un peligro para la sociedad y que en su actual situación tienen toda la posibilidad de seguir obstruyendo a la Justicia. 

El clamor de muchos de los estafados que asistieron a esa asamblea del 25 de junio era no solo el de recuperar sus recursos sino el de ver a estos sujetos en la cárcel. Sin embargo, los días pasan y la Fiscalía no ha actuado, a pesar de que tiene todos los elementos probatorios de que esto fue una inmensa y premeditada estafa. 

Evidentemente ellos, los estafadores, están jugando a la prescripción de sus delitos. Y si eso llega a suceder, lo primero que van a hacer estos señores es demandar al Estado alegando que fueron víctimas de un atropello por parte de la Superintendencia de Sociedades. El mundo al revés.
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