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Opinión

  • | 2014/11/08 22:00

    ‘The Miranda rights’

    En momentos en que se conmemora un aniversario más del holocausto del Palacio de Justicia, sí que cuesta comparar a este presidente de la Corte Suprema de Justicia con la figura impoluta de un Alfonso Reyes Echandía.

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“Usted tiene el derecho de permanecer en silencio. Cualquier declaración puede ser usada en su contra en la Corte. Tiene derecho a un abogado y si usted no lo puede sufragar, el Estado le proveerá de uno”.  

Esto es lo que en Estados Unidos se conoce como los ‘Derechos Miranda’, ‘The Miranda rights’, concebidos para proteger los derechos de la persona que está bajo arresto.  

En Colombia -guardadas proporciones-, también tenemos los  ‘Derechos Miranda’ aunque un tanto ‘acriollados’. Mientras en los Estados Unidos los ‘Miranda rights’ fueron concebidos para  proteger los derechos de quienes eran arrestados, aquí sirven para otorgarle inmerecidos derechos a magistrados como Luis Gabriel Miranda, presidente de la Corte Suprema de Justicia quien considera que su investidura le permite no solo pasar por encima de las reglas de Policía sino que lo exime de darle explicaciones al país cuando su hijo se va de farra en un carro del Estado asignado al magistrado.

El presidente de la Corte no se disculpó ante el país, ni se arrepintió por utilizar los bienes del Estado para otros menesteres. Solo se indignó al ver que sus ‘Derechos Miranda’ fueron vulnerados. Es decir, su derecho a disfrutar de los privilegios que se derivan de su investidura. Privilegios que van desde la utilización de los bienes del Estado por fuera de las normas establecidas, pasando por el derecho a insultar a los policías que cumplen con su deber hasta llegar al que les permite anteponer la arrogancia a la humildad con la que los representantes de la Justicia tienen que reconocer sus faltas éticas. Por eso en el  video que mostraron los medios, el magistrado que se sale fuera de sí, lanza improperios y se porta con la misma alevosía con que lo hizo en su momento el congresista Merlano. Ni siquiera le da pena dejar saber que él mismo se va a encargar de  mover sus hilos  para que los patrulleros que cumplieron con su labor terminen  investigados, hecho que ya sucedió. Y es bastante probable que se salga con la suya y que los policías puedan terminar fuera de la institución en pocos meses mientras a él ni siquiera se le puede hacer un llamado de advertencia disciplinaria.

Este episodio muestra la poca majestad que tienen en la actualidad la mayoría de magistrados de las altas cortes. Y en momentos en que se conmemora un aniversario más del  holocausto del Palacio de Justicia,  sí que cuesta comparar a este presidente de la Corte Suprema de Justicia que tenemos hoy con la figura impoluta de un Alfonso Reyes Echandía, inmolado en esa cruenta toma y retoma del palacio hace 29 años.

En esa ocasión, al lado de Reyes Echandía murió más de la mitad de una Corte independiente,  valiente y que nunca bajó la guardia en su defensa de la ley, tres condiciones que hoy han sido reemplazadas por esa doctrina de quinta que ha inspirado  los ‘Derechos Miranda’ que permiten la manipulación y la politiquería. La forma en que esa Corte fue inmolada le hizo un daño a la Justicia que el país nunca  ha podido o querido medir y del que aún no se recupera.

Pero también este episodio demuestra la urgencia de un tribunal de aforados de verdad capaz de tener  la independencia para vigilar disciplinaria y penalmente a los magistrados de las cortes. Hoy, magistrados como Miranda  están amparados en la impunidad que reina en la comisión de absoluciones de la Cámara, su juez natural. Y desde ya hay que decir que  el  tribunal de aforados que se propone en la reforma de equilibrio de poderes tampoco soluciona este vacío. Primero, porque tal y como ha sido planteado, no sería un tribunal  independiente -a sus miembros los elegiría finalmente el Congreso- y el cambio sería estético: a la comisión de absoluciones se le llamaría tribunal de aforados. “Que todo cambie para que nadie cambie”, decía Lampedusa.

Si hubiera un tribunal de aforados de verdad como el que propuso Claudia López y la primera versión de la reforma de la justicia del segundo gobierno Santos, en 20 días  a este magistrado Miranda lo habrían disciplinado. Con el tribunal de aforados que propone el gobierno, primarían los ‘Miranda rights’ del magistrado Miranda. 

Coda: Ojalá no sea cierto que el liberalismo anda afilando sus garras para hacerse a la Supersalud luego de que Gustavo Morales salió de esa entidad a gorrazos por hacer las cosas bien.
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