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Opinión

  • | 2015/03/21 22:00

    Todo se derrumbó

    El viernes pasado será recordado por ser el día en que la Corte Constitucional, la guardiana de nuestras leyes, se derrumbó como un castillo de naipes.

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A las ratas se las puede perseguir, pero cuando estas se ven acorraladas, muerden. Eso  le pasó al magistrado Jorge Pretelt el viernes pasado, cuando se sintió con el agua al cuello al ver que además de la investigación por tráfico de influencias en la comisión de absoluciones iba también a ser investigado en la Fiscalía por el delito de desplazamiento forzado.  Como un animal acorralado, decidió pasar al ataque y dar una entrevista en la W, en la que destapó como nunca antes ningún magistrado lo había hecho la podredumbre que desde hace rato anida en las cortes. Su sed de venganza no dejó títere con cabeza: acabó con el poco prestigio que le quedaba a la Corte Constitucional y dejó tendido en la lona al fiscal general, Eduardo Montealegre.

El espectáculo no pudo ser más repugnante, indigno hasta para las ratas de alcantarilla: ahí estaba ante los micrófonos un magistrado que había llegado a ese puesto no por méritos sino por ser parte de esa camarilla -el nombre con que el exmagistrado Hernando Yepes ha bautizado a esa mafia que desde hace años se ha tomado por asalto a la Justicia colombiana-.Pese a que no tenía autoridad moral para denunciar a nadie, señaló sin que le temblara la voz a sus colegas de sala. Les recordó que los hechos por los cuales ellos lo habían denunciado eran conductas que ellos también practicaban.  Además de recordarles que ellos también se reunían con abogados lobistas como Pacheco, les dijo que todos tenían hipotecadas sus almas a quienes les habían nombrado a sus familiares en la Procuraduría y sobre todo en la Fiscalía de Eduardo Montealegre. Y  por si fuera poco, remató diciéndoles que se habían confabulado para elegirle a su magistrada, la doctora  Gloria Ortiz.

Los magistrados de la corte, por respeto a su investidura, deberían responder esos señalamientos de Pretelt y no salir a arroparse con la manta de una falsa solidaridad de cuerpo que parece que solo existe para tapar conductas impropias, muchas de las cuales podrían llegar a ser ilegales.  El magistrado Luis Ernesto Vargas debería contarle al país por qué  esperó tres meses para entregar el audio que le grabó al abogado Pacheco y contarnos por qué no hizo la denuncia ante la Fiscalía como era su deber.  Al no hacerla, deja abierta la puerta para que se especule sobre si la razón que lo movió a grabar a Pacheco fue la de poner en evidencia a un magistrado corrupto o si su interés era menos altruista.

Tal vez la acusación más grave es la de que se trata de una corte de bolsillo que le rinde cuentas al fiscal Montealegre, a quien señala de haber fabricado su escándalo.  Que la corte sea acusada de estar arrollada por intereses políticos,  habla muy mal de quienes están encargados de velar por la Constitución y las leyes. Si eso es cierto, la corte entera debería renunciar.

Y en cuanto al fiscal Montealegre, son muchas las preguntas. A pesar de que el magistrado Pretelt no me merece el más mínimo respeto, su ira le hizo hacer varios señalamientos que tendría que aclarar ante la opinión pública:  ¿ por qué sacó a relucir diez años después unos audios en donde queda muy mal parado Pretelt? ¿Por qué los mantuvo engavetados hasta que estalló el escándalo de Fidupretrol?  ¿Cómo así que le pidió la renuncia a la fiscal regional de Córdoba porque solo supo hace unos días que Pretelt había intervenido en su nombramiento? ¿Acaso es que los nombramientos de las fiscales regionales no pasan por su escritorio? ¿No era acaso frecuente que usted lo recibiera en su apartamento como él mismo se lo recordó? Si es cierto que Pretelt y su esposa tenían una investigación en la Fiscalía por desplazamiento forzoso desde hace 14 años, ¿por qué  la mantuvieron engavetada tanto tiempo?

Los magistrados de las altas cortes no pueden llegar sino por méritos y no aupados por ninguna camarilla. Y deben llegar a ese puesto cuando estén por encima del bien y del mal para que no salgan después, como Manuel José Cepeda, a ser contratistas del gobierno y conjueces de la Corte Constitucional o contratistas afortunadísimos como Escobar Gil quien de no ser por el escándalo de Fidupetrol seguiría manteniendo el contrato de 5.000 millones de pesos con la ANI. La Justicia no se puede usar como plataforma para volverse millonario, mucho menos en un país donde los índices de impunidad siguen siendo alarmantes.

Sin exagerar, el viernes pasado será recordado por ser el día en que la Corte Constitucional,  la guardiana de nuestras leyes, se derrumbó como un castillo de naipes. Lo paradójico es que ese atentado contra nuestra democracia no fue cometido por terroristas ni narcotraficantes, sino por abogados sin escrúpulos que llegaron como Jorge Pretelt a la Corte Constitucional a engordar sus bolsillos y a torcerle el pescuezo a la ley. Cuando los magistrados se comportan como ratas de alcantarilla a este país se lo llevó el que sabemos.
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