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Opinión

  • | 2006/04/08 00:00

    Más allá de las cuotas laborales

    Eugenio Marulanda, presidente de Confecámaras, analiza las dificultades que tienen los empresarios para vincular desmovilizados.

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Sin duda alguna, uno de los problemas sociales más complicados que ha enfrentado Colombia es el de la población desmovilizada de los grupos armados ilegales que se encuentra en proceso de reincorporación a la sociedad civil.

Treinta y siete mil compatriotas decidieron jugársela por la paz de Colombia, al acogerse al programa de reinserción del gobierno nacional, el más grande hoy en Latinoamérica.

Aparte de las implicaciones jurídicas de este proceso, enmarcadas en la Ley 782 y la Ley de Justicia y Paz, existen de forma paralela las implicaciones de tipo económico y productivo que desde el comienzo parecieron menos relevantes y sobre las cuales poco se ha profundizado.

Es un avance que además de la atención sicosocial que se le brinda a esta población, se le forme en oficios tradicionales como panadería, carpintería, mecánica industrial y automotriz, y además de eso se le brinde un capital semilla para iniciar el negocio. Muy probablemente aquellos con mayor inclinación al emprendimiento tendrán éxito en su iniciativa. No obstante, se trata de propuestas de baja cobertura e impacto, con oportunidades bastante restringidas para su consolidación en el largo plazo.

De otra parte, no podemos caer en el espejismo de que el problema se soluciona con una cuota de contratación de personal proveniente de estos grupos en cada empresa. Es una propuesta simple y sencilla como concepto y harto complicada en su aplicación por cuanto plantea un dilema ético y severas dificultades técnicas.

Positivo: Es un llamado a consolidar una práctica socialmente responsable al interior del sector empresarial. Negativo: que lamentablemente se fundamenta en la estigmatización de los ciudadanos y la vulneración de derechos.

Consolidar una sociedad equitativa e incluyente requiere el concurso del sector empresarial en la generación de oportunidades laborales para todos los ciudadanos por igual. En tal sentido, nuestro compromiso social les debe abrir las puertas a los desmovilizados, también a los desplazados y, con mayor razón, a los pobres históricos que se convirtieron en “aplazados” por cuenta de los otros dos grupos.

Si queremos tener un mercado dinámico y generador de riqueza, no podemos jugárnosla por propuestas que configuren ciudadanos de primera o segunda categoría. ¡Tanto o mas derecho tienen a un empleo quienes nunca han empuñado un arma, como quienes lo hicieron y ahora, arrepentidos, regresan a la sociedad civil!

En segunda instancia, el tema que mayores dificultades presenta, desde el punto de vista de la eficiencia productiva, consiste en las capacidades de estas personas para trabajar en oficios generadores de insumos para la actividad empresarial. Las opciones de formación ofrecidas por el Sena no responden de forma puntual a los requerimientos de los diferentes sectores productivos del país con mayor potencial de desarrollo y mal haríamos en tener ciudadanos excelentemente formados en oficios que, por cuenta de la competitividad mundial, simplemente no son requeridos.

Desde la perspectiva de las Cámaras de Comercio, la salida a esta problemática no está solamente en la creación de puestos de trabajo adicionales para estas personas, aun cuando se otorguen estímulos tributarios a las empresas; tampoco es suficiente desarrollar dicha estrategia alrededor de la creación de micro negocios. Es el momento de aplicar soluciones heterodoxas, hay que pensar en forma sistémica, teniendo en cuenta en dónde somos más competitivos y, para ello, debemos mirar las estructuras productivas de las regiones.

La Agenda Interna sentó las bases para las apuestas productivas viables que permitirán desarrollar grandes proyectos regionales donde se requerirá mano de obra con conocimientos técnicos específicos que en la actualidad no tenemos. Allí surge una ventana para la focalización del tipo de formación que se les debe impartir a las poblaciones más vulnerables del país, sin etiquetarlas. Colombia necesita ciudadanos verdaderamente útiles para la sociedad, que den valor agregado y propicien la generación de riqueza.

Estos procesos requerirán extensiones de tierra productiva para hacerse realidad. Allí se tienen que aprovechar las tierras que están entregando los grupos desmovilizados, para convertirlas en activos productivos integrados a los negocios con potencial de desarrollo, los mismos que se beneficiarán de la firma del TLC.

La pobreza y la exclusión son responsabilidad de todos. Por ello debemos hacerlo bien, con soluciones de fondo y sin ocurrencias por salir del paso. El riesgo de fracaso es muy alto y Colombia no se puede dar el lujo de acabar con la guerra en el monte para acrecentar una nueva en la ciudad.

Es el momento para que el empresario se comprometa de lleno con las causas sociales del país; es claro que no podemos hacerle más el quite a esta situación, demostrémosle al país que somos capaces de aportar soluciones audaces que contribuyan a la consolidación de una Nación equitativa e incluyente.

Eugenio Marulanda Gómez
Presidente de CONFECÁMARAS.
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