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Opinión

  • | 2006/12/02 00:00

    Más allá de un juicio

    Álvaro Navas afirma que la para-política es la más grande amenaza a la institucionalidad y a la democracia en Colombia y amerita un juicio político, no politizado.

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Como la mayoría de los dramas colombianos numerosos indicios apuntaban a verificar una alianza entre actores armados y políticos regionales en un país que suele vivir en medio de verdades negadas pero conocidas. Públicamente denunciado por congresistas de la oposición, anunciado por los mismos paramilitares en el recinto del Congreso y corroborado por numerosos trabajos periodísticos sólo faltaba su confirmación por los órganos de control del Estado y por los jueces de la República. No cabe duda de que el proceso adelantado por la Corte Suprema de Justicia y por la Fiscalía General de la Nación contra diversos congresistas y funcionarios públicos es, a todas luces, necesario para una sociedad derruida por la violencia y el crimen. No obstante, surgen dudas sobre la pertinencia de reducir el tratamiento de una problemática tan compleja a una sumatoria de responsabilidades individuales.

La dimensión de lo acaecido sugiere que su tratamiento no puede limitarse a una simple verdad judicial y se impone un enjuiciamiento público que permita precisar las causas y factores que dieron soporte al fenómeno para-político. Sin un esclarecimiento de las causas profundas que dieron vida a la para-política bien podríamos quedarnos con el sentimiento de una precaria justicia y de un desarreglo político fuente de futuros contubernios criminales. En efecto, la vía judicial si bien puede ser considerada como necesaria e imprescindible para poner término a esa matriz de la delincuencia que representa la impunidad en Colombia, no permite hacer pública y transparente una criminalidad tan compleja como la para-política. El fenómeno para-político es la expresión de una crisis multicausal que compromete al conjunto de dispositivos políticos, institucionales y sociales en el territorio. Por ello, exige correctivos que permitan que el poder del Estado pueda actuar de manera unificada y autónoma, si se quiere preservar a la sociedad y a la democracia de semejante amenaza.

Normalmente la unidad de lo político resulta de estructuras institucionales articuladas nacionalmente y de su sujeción a normas jurídicas como es propio de un Estado de derecho. Cuando el orden estatal se desagrega en el territorio y las autoridades no obedecen a sus obligaciones legales se crean las condiciones para que actores armados ejerzan una guerra contra la sociedad. Guerra que se produce sobre los escombros de una institucionalidad incapaz de preservar sus valores y de actuar de manera uniforme y concertada. Esta aproximación permite matizar e incluso cuestionar la supuesta matriz social del paramilitarismo en Colombia. La tesis de la matriz social pretende encontrar en la sociedad la justificación del proceso paramilitar y para-político. En realidad son fallas en el Estado y en la política las que explican aunque no justifican la existencia de la para-política.

En términos institucionales la para-política expresa de manera inequívoca una falencia de grandes proporciones en el funcionamiento de las instituciones estatales. Una especie de fase superior de la pérdida de centralidad del Estado, el cual no sólo pierde el monopolio de la violencia sino que también ve erosionarse las lealtades institucionales de sus agentes y representantes en el territorio. Así, el fenómeno para-político desnuda a un Estado vulnerado, distorsionado y deformado por redes clientelares que procedieron en un arreglo criminal a desvirtuar lo público y propiciar el vaciamiento de la dimensión social del poder.

Las consecuencias han sido extremadamente costosas en términos políticos, sociales e institucionales. Como fenómeno criminal la para-política es quizá la más grande amenaza a la institucionalidad y a la democracia en Colombia. No olvidemos que en un período extremadamente corto condujo a un triple efecto devastador: una economía pública criminalizada, una democracia desvirtuada como procedimiento y una sociabilidad destruida en sus fundamentos básicos por el clima de terror y de confusión propiciado por esta extraña colusión de poderes armados y actores políticos e institucionales.

En síntesis, el problema para-político expresa una deformación del poder del Estado que hizo posible una desagregación creciente del tejido social en amplias zonas del país. De no corregirse dichas fallas, es de temer, que las mismas causas produzcan los mismos efectos y que los actores del paramilitarismo, hoy judicializados, terminen siendo reemplazados por nuevos actores ante la pervivencia de las causas que nutrieron el proceso paramilitar. Por la importancia de lo que está en juego se requiere un juicio político y no un juicio politizado para poder identificar las fallas en los arreglos políticos e institucionales que permitieron la emergencia de la para-política. De su conocimiento depende la implementación y desarrollo de políticas que permitan consolidar la vigencia del Estado si se quiere poner término a esta criminalizacion del poder político en Colombia.

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