"Más coca = Menos paz"

En su último informe sobre "Monitoreo de Territorios Afectados por Cultivos Ilícitos en Colombia", producido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -UNODC- en colaboración con el Gobierno Nacional, se reportó un incremento del 39% en las siembras de Coca, al pasar de "69.000 hectáreas en 2014 a 96.000 hectáreas en 2015". 

Según la interpretación hecha por el mismo informe, "en dos años se ha duplicado exactamente el territorio con cultivo de coca en el país. Entre 2013 y 2015 se pasó de 48.000 hectáreas a 96.000 hectáreas. Cinco departamentos, de los 23 afectados por cultivo de coca, tienen el 81% del área sembrada. Son Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá y Norte de Santander".

El Gobierno y las FARC, en buena hora, dieron a conocer que esta guerrilla se ubicará en zonas de "preconcentración" que contarán con un mecanismo de Monitoreo y Verificación de las Naciones Unidas que se activará a partir del 7 de Noviembre. Por obvias razones de seguridad, el Gobierno no ha dado a conocer las coordenadas donde estas zonas estarán ubicadas, sin embargo, es previsible que muchas de ellas coincidan con las áreas cercanas a la "zonas veredales transitorias de normalización", que se habían establecido en al acuerdo de La Habana antes del plebiscito.

Al cruzar la información de la UNODC, con las zonas donde tradicionalmente se ha ubicado la "guerrillerada" de las FARC, y donde probablemente se seguirá ubicando hasta cuando definitivamente decida desmovilizarse, es evidente la coincidencia entre los 5 Departamentos mencionados y las áreas donde exponencialmente están creciendo los cultivos.

En una reciente declaración al periódico El Tiempo, el general José Ángel Mendoza, director de la Policía Antinarcóticos "puntualizó que a corto plazo se verán resultados positivos si se concretan los acuerdos de la Habana, ya que las Farc, que son el grupo armado que protege las áreas de cultivo ilegal, dejarían de ser un obstáculo para la erradicación manual." Más claro con canta una gallo, son las FArc las que deben tomar la decisión de dejar de proteger los cultivos de coca.

No solo se trata de que las FARC decida como parte de los acuerdos, arrancar una maticas de Coca buscando legitimarse a si misma en el posconflicto y a la vez deslegitimar las políticas de erradicación aérea, que el propio Gobierno, respondiendo al válido y oportuno llamado de atención hecho por el Fiscal General, no ha descartado. Fue el propio Fiscal Nestor Humberto Martínez quien recordó la plabaras del Presidente Santos cuando afirmó que "no estaba dispuesto a votar las llaves al mar de las fumigaciones aéreas".

Pero el problema no solo está en los cultivos, sino también en la producción de Coca. Como lo resalta el periódico EL TIEMPO en su editorial publicado el 3 de Noviembre "En los diez meses que van del 2016, Colombia ha incautado más cocaína que en cualquier otro año de la lucha antinarcóticos. La cifra, hasta ayer, marcaba las 308 toneladas, 55 más que en todo el 2015. ....Las estadísticas muestran que en el país se incauta uno de cada tres kilos de la droga que todas las autoridades del mundo les quitan a los narcos y alejan de las calles...la coca que no llegó a las calles de Estados Unidos y Europa les habría representado a los traficantes ganancias de al menos 18 billones de pesos."

En este escenario es donde aparece la ecuación perversa: "a mayor coca menos paz". Teniendo en cuenta que según cáculos de la Policía por cada hectárea de coca se obtienen 6,8 kilos de cocaína, en un país donde el dólar esta por la nubes, resulta ser un "super negocio" al cual no renunciará facilmente ni las FARC ni su creciente "competencia" constituida por los grupos que se quieren aduañar del mismo: Clan del Golfo, Clan Úsuga, Urabeños, sectores del ELN, el EPL, e incluso disidentes de las propias FARC.

Por lo anterior, es urgente llamar la atención de quienes hacen parte de las mesas en las cuales se está reuniendo el Gobierno con voceros del No, para que se haga un serio y jucioso análisis sobre los efectos que tendría el vincular, como de hecho lo hace el acuerdo de La Habana, la reforma rural y la política de lucha contra el narcotráfico. Me explico: al repasar lo pactado en La Habana, se evidencia una gran simetría entre lo que el Gobierno y las FARC llaman "reforma rural integral" -RII- y lo que los propios acuerdos diseñan como el "Plan Nacional Integral de Sustitución " -PNIS-. En la página 18, punto 1.2.2 , refieriendose a los criterios de priorización para la reforma rural, el acuerdo menciona que " Se priorizarán las zonas más necesitadas y urgidas con PDET(planes de desarrollo con enfoque territorial) para implementar con mayor celeridad y recursos los planes nacionales que se creen..." . Pues bien, uno de los criterios que se acordaron para dicha priorización es " La presencia de cultivos de uso ilícito y de otras economías ilegítimas."

Lo anterior quiere decir que en el no refrendado acuerdo de la Habana, se priorizaba la reforma rural integral en zonas con cultivos ilícitos, privilegiando las áreas donde mayor influencia tienen las FARC y en las cuales está "protegiendo siembras de coca", como el propio Director de la Policía antinarcóticos atina en afirmar. Esto no puede ser aceptable y constituye uno de los puntos que deben renegociarse como pare del "nuevo acuerdo", pues sin que en dichas áreas se detenga por completo la siembra y producción de drogas ilícitas, como condición previa e indispensable para iniciar la reforma rural, la cual incluye formalización y titulación de predios, se terminaría legitimando un multimillonario negocio creando a la vez el peor de los escenarios: un posconflicto en el que los sembradores de coca tendrán tierras tituladas y patente de corso para seguir generando la materia prima con la cual Colombia hoy produce el 30% de la cocaína en el mundo y las  80 toneladas, que de acuerdo con la Policía, se quedan para alimentar las ‘ollas’ del microtráfico en las principales ciudades del país. Así será muy dificil construir la anhelada paz.

*Ex Viceministro de Justicia. Decano de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda.