Más prisiones para combatir la inseguridad: un mito persistente

En agosto de 2010, en un acto público en la Universidad del Rosario, el Ministro de Interior y Justicia del Gobierno anterior, Fabio Valencia Cossio, al referirse a la entrega de diez mega-complejos carcelarios inspirados por el modelo estadounidense, exclamó: “Hasta hoy, en Colombia, las cárceles eran escuelas del crimen. Pero estos establecimientos nuevos son cárceles de verdad. Transformarán al hombre y a la mujer. Nuestro sistema carcelario se vuelve un modelo al nivel internacional”.
 
Sin embargo, los últimos desarrollos del sistema carcelario no le dieron la razón a la optimista previsión del entonces Ministro. Pese a esto, parte de su discurso demostró una lucidez y franqueza notable: reconoció que la institución carcelaria es un foco de propagación de redes de delincuencia, en vez de ser, como muchos piensan, una herramienta efectiva para luchar contra el crimen. Diversos estudios internacionales así lo demuestran.
 
En Estados Unidos, estudios criminológicos recientes demuestran que el endurecimiento de las penas – presentado como solución para brindar más seguridad a los ciudadanos – no tiene un efecto disuasivo sobre la comisión de delitos y por esta razón no contribuye a la prevención del crimen. En Francia, 59 por ciento de los detenidos recae por algún tipo de delito durante los cinco años que siguen a su salida de prisión. En cuanto a los crímenes directamente relacionados con la situación de pobreza, como el hurto, la tasa de reincidencia alcanza el 74 por ciento.
 
En Colombia, no se dispone de estudios que midan con tanta precisión el nivel de reincidencia, pero no es un secreto que es alto. La prisión aumenta la violencia y desarrolla redes criminales. No importa que sea una prisión criolla o inspirada en los “modernos” modelos estadounidense o chileno, no representa ninguna salida al círculo vicioso de la criminalidad, ya que las raíces del problema son otras.
 
La población carcelaria está compuesta, en su gran mayoría, por hombres jóvenes, provenientes de los sectores más pobres y vulnerables de la sociedad. ¿Cuál es el futuro de esta población al momento de regresar a la libertad?
 
Entrevisté a Pablo poco después de su salida, luego de haber cumplido 12 años en la cárcel, a la que entró cuando tenía 18 años de edad. Su testimonio dice mucho del estigma que deja la prisión: “No tenía profesión antes de la cárcel y adentro no me enseñaron ninguna. No existen programas para acompañar a los que salen y se quieren reinsertar a la sociedad… Por el contrario: me di rápidamente cuenta que no se podía ni soñar con conseguir un trabajo formal. No puedo conseguir el pasado judicial mientras estoy en libertad condicional, tampoco tengo la libreta militar. Sobre todo, no tengo historia laboral. No me aceptan en ningún trabajo legal. Me toca buscar actividades informales para sobrevivir con mis dos hijos: ayudante en un bar, en una carnicería, cositas donde no pidan papeles. Claro, la tentación es grande de hacer cosas ilegales. No se puede imaginar las muchas relaciones que tiene uno desde la cárcel. A mí me propusieron de todo, hacer asaltos… Pero hasta ahora me quedé firme, no quiero recaer”.
 
El caso de Pablo no es excepcional, Colombia se encuentra en una triste paradoja: el sistema penal y penitenciario que en teoría debe impedir el crimen, en realidad está empujando a los ex convictos hacia el regreso a la ilegalidad. En un país donde las oportunidades de trabajo y de educación son tan escasas, andar en el “buen camino” después de cumplir la pena es casi una misión imposible: la vía más lógica para sobrevivir es usar las redes criminales y mafiosas que no hacen más que fortalecerse en el medio carcelario.
 
Después de más de una década de vertiginoso endurecimiento penal y de hiper-encarcelamiento – el número de presos aumentó en 292 por ciento desde 1994 –, el gobierno colombiano continúa insistiendo en esta misma receta populista para responder al deseo de seguridad de los electores. Pero al reclamar más presos y mas represión: ¿será que la sociedad colombiana no se da cuenta que se castiga a sí misma?
 
No solo porque el encarcelamiento masivo como garante de mayor seguridad para la ciudadanía es un mito y que, al contrario, tiene el efecto perverso de alimentar la ilegalidad, sino también porque los inmensos recursos públicos invertidos en la expansión del complejo penal y penitenciario son retirados de los rubros que verdaderamente brindan mayor seguridad a la población, como la educación, la salud y la vivienda.
 
En un país que ostenta el triste récord de ser el más desigual de Suramérica, no sólo hacen falta estos recursos para resolver las necesidades básicas de los sectores más excluidos de la población, sino que si fueran bien invertidos, podrían contribuir a una política criminal sostenible, basada en la prevención del crimen, que ataque las raíces sociales de la inseguridad.

* Investigadora de la Universidad de Neuchatel (Suiza), Coordinadora del Proyecto de Investigación “Internacionalización del Modelo Carcelario Estadounidense: Impactos en Colombia”