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Opinión

  • | 2012/06/21 00:00

    A Mauricio Santoyo Velasco no lo deberían extraditar

    Primero se le debe investigar por crímenes cometidos en desarrollo de las investigaciones sobre interceptaciones ilegales realizadas a varias organizaciones no gubernamentales a finales de los noventa en Medellín.

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Vuelve y juega el asunto: ¿una persona sobre la que existe la sospecha de haber participado en hechos delictuosos en el país debe ser extraditada para que solo responda por delitos asociados al narcotráfico? La respuesta no sería otra que la de ser juzgado en el país, pero aquí ya se aprendió la lección con los paramilitares: es mejor enviarlos a una cárcel norteamericana.

Y ese será el camino que siga el exgeneral Mauricio Santoyo Velasco, si no se dispone otra cosa, para que sea procesado en una corte federal del estado de Virginia. Allí lo espera el fiscal Neil H. MacBride, quien preparó el indictment, es decir, el escrito de acusación que hoy tiene alterada la agenda temática de los colombianos. ¿Pero debe ser extraditado? A mi juicio no. Y les digo por qué.

A finales de la década del noventa Medellín y el área metropolitana comenzó a vivir una intensa confrontación armada entre milicias de las guerrillas de las Farc, el Eln y los Comandos Armados del Pueblo (Cap), y frentes paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Aucc) que comenzaron a llegar al Valle de Aburrá con el auspicio de comerciantes, transportadores, industriales y narcotraficantes con la pretensión de erradicar el flagelo de la insurgencia, que se había apertrechado en varias comunas y desde allí ejercía no sólo imponía férreos controles sociales, sino que aplicaba extorsiones y secuestraba sin medida.

En esa guerra contra la subversión urbana se aplicaron todas las formas de lucha y uno de los mecanismos más recurrentes fue socavar a las organizaciones sociales defensoras de derechos humanos, consideradas de izquierda por sectores políticos, sociales y económicos. En ellas veían a los promotores, auxiliadores y simpatizantes de las guerrillas. Una de las primeras acciones fue desaparecer a Ángel José Quintero Mesa y Claudia Patricia Monsalve Pulgarín, integrantes de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes). Los hechos se dieron la noche del 6 de octubre del año 2000.

No me cabe duda de que un dispositivo urbano como el diseñado por las Accu para ingresar a la ciudad requirió de la participación de sectores de la Fuerza Pública para garantizar operaciones “limpias” y propiciar un alto nivel de impunidad. Así es como aparece el Gaula Urbano en la escena de la confrontación en Medellín.

Las investigaciones para determinar qué ocurrió con los dos activistas condujeron a establecer que la línea telefónica de Asfaddes estaba intervenida sin que sus directivos supieran por qué. Al tratar de constatar qué autoridad había dado la orden de interceptación, funcionarios del CTI de la Fiscalía visitaron la central telefónica de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y solicitaron la resolución y el oficio que ordenaba la interceptación de la línea de esa organización.

La documentación entregada por los funcionarios de EPM a los investigadores mostró que todo estaba aparentemente en regla: aparecía diligenciada y firmada, tal cual lo exigían los protocolos judiciales. Sin embargo, se constató que de esa documentación no se tenían copias en la Fiscalía y algunas de las firmas eran falsas, particularmente la del fiscal delegado ante el Gaula de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Pero la olla apenas se estaba destapando. Al revisar cientos de órdenes expedidas para adelantar interceptaciones telefónicas se estableció que eran falsas y habían sido elaboradas y enviadas desde el Comando de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la Escuela de Policía Carlos E. Restrepo y el Gaula Urbano. De esa manera se interceptaron 1.808 líneas telefónicas entre diciembre de 1997 y febrero de 2001.

Hasta ese momento se habían presentado dos desapariciones forzadas y cientos de interceptaciones telefónicas ilegales. Pero habría más. Durante el proceso de investigación para establecer la responsabilidad de esas operaciones, fue asesinado Carlos Arturo Ceballos Gómez, agente de la Policía Nacional adscrito al Gaula de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en calidad de analista de la sala técnica. Su trabajo consistía en escuchar y grabar las llamadas telefónicas de las líneas intervenidas, relacionarlas, archivarlas y reportarlas a sus superiores.

El homicidio ocurrió en la mañana del 4 de abril de 2001 a pocos metros de la puerta de ingreso a la Escuela de Carabineros Carlos Holguín y dos días antes de atender una citación de la Procuraduría General de la Nación que había comenzando a investigar las interceptaciones ilegales. Su testimonio era clave dentro del proceso porque era el encargado de entregarle las órdenes a EPM para interceptar las líneas telefónicas. Se perdió entonces la posibilidad de establecer quién era el oficial superior que le daba los documentos falsos.

Quienes estaban involucrados en esas interceptaciones ilegales sabían que no podían dejar huella alguna y durante un allanamiento a la residencia del agente el mismo día del crimen, investigadores de la Fiscalía encontraron una caja con papeles y disquetes que contenían nombres, números telefónicos y registros de las llamadas escuchadas y clasificadas. El material implicaba a quienes comandaron el Gaula de la Policía en los años de las interceptaciones, uno de ellos era el entonces Coronel Mauricio Santoyo Velasco, pero en un descuido de la fiscal que conducía la inspección las pruebas desaparecieron del lugar sin que se pudiera precisar cómo.

Todos esos hechos suponen un entramado criminal que el fiscal Neil H. MacBride, del Distrito de Virginia, ha develado en el escrito de acusación a través del cual solicitó la captura y posterior extradición de Santoyo Velasco. Según sus investigaciones, la conspiración de la que hizo parte el exoficial de la Policía Nacional incluía una serie de actividades criminales tendientes a proteger a los narcotraficantes y paramilitares cercanos a la llamada ‘Oficina de Envigado’, lo que implicó la comisión de homicidios que aún permanecen en la impunidad.

Por todo ello considero que Santoyo Velasco no debe ser extraditado a Estados Unidos. Allá sólo pagaría por delitos asociados al narcotráfico. Aquí podría ser investigado por desaparición forzada, homicidio, concierto para delinquir y falsedad en documento público. Además, podría verse obligado a señalar a quienes, desde cargos más altos que el suyo, le dieron órdenes para articularse al proyecto paramilitar que hizo presencia en Medellín y su área metropolitana. Tengo claro que en una estrategia de esa envergadura no se participa por iniciativa individual y guiado solo por la codicia, sobre todo cuando hay tantos intereses económicos y políticos de por medio.

*Periodista y profesor universitario
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