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Opinión

  • | 2014/01/18 00:00

    Medellín, ciudad ‘Cicarya’

    En la capital antioqueña los grupos de justicia privada han surgido periódicamente para suplantar al Estado en el control de la inseguridad. El remedio es altamente tóxico.

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El desborde de la delincuencia tiene desesperados a los pobladores de Medellín. Los constantes atracos en modalidades como el hurto desde motocicletas a conductores y pasajeros de vehículos particulares se han vuelto frecuentes. En la llamada capital mundial de la innovación, la inseguridad llevó a un grupo de personas a crear un grupo de justicia privada que se presentó en sociedad como Ciudadanos Cansados de Robos y Atracos (Cicarya).

Su mensaje, conocido mediante volantes el pasado 15 de enero, está dirigido a “ladrones, asaltantes y delincuentes que están operando en nuestra ciudad”. Su propósito, apoyado por un “grupo armado que hace de nosotros una buena obra social”, es contrarrestar los altos niveles de inseguridad atacando a quienes la producen. “Estaremos muy atentos a sus fechorías para acabar y erradicar de una vez por todas sus acciones en la ciudad, ustedes deciden si por las buenas o por las malas”. Fundamentan su creación en la inoperancia de algunos cuadrantes de la Policía Nacional y en la falta de gestión de “los gobernantes de la ciudad”. Al parecer ya han matado a dos ladrones.

Hay una particular coincidencia en el surgimiento de este supuesto grupo. ‘Cicarya’ aparece tres semanas después de que el concejal Juan Felipe Campuzano, del Partido de La U, expresara desde su cuenta de Twitter su postura frente a cómo podría solucionarse la violencia urbana. “Si al sicario le gusta la sangre, hay que ponerlo a sangrar, si le gusta el dolor, hay que infringírselo y si le gusta la muerte... sencillo”, dijo en uno de sus trinos. “Aquel que pretenda dejar ciego a otro, que no exija su derecho a ver. ¡Creo que es suficientemente claro!”, reiteró en otro de sus mensajes.

Lo sorprendente es que fue apoyado a través de redes sociales por cientos de personas que se alinearon en su iniciativa y le expresaron su apoyo. ‘Cicarya’ es la concreción de aquello que sugirió el concejal, a quien ninguna autoridad disciplinaria ni comité de ética ha investigado por incitar la aplicación de medidas de justicia privada para combatir la inseguridad urbana.

Al revisar la historia reciente de la ciudad se observa una tradición de resolución privada de conflictos, sobre todo en el tema de la seguridad, que en varios casos ha sido apoyada de manera soterrada, paradójicamente, por sectores de organismos del Estado cuya misión constitucional es velar por la integridad del ciudadano, así este infrinja las leyes.

Recuérdese, por ejemplo, el grupo ‘Majaca’ (Muerte a jaladores de carros), que se presentó ante la comunidad el 28 de marzo de 1994 como una respuesta al incremento de robos de carros en la ciudad y ante la inoperancia de las autoridades para prevenir ese delito y otros asociados, como el desvalijamiento y la venta de autopartes de dudosa procedencia.

En esa época, una de las hipótesis que se tejió sobre su creación relacionó a un grupo de personas cercanas a un poderoso hombre de industria que fue asesinado por jaladores de carros. La idea era no sólo vengar esa acción sino tomar medidas de hecho para prevenir y disminuir el hurto de automotores en una ciudad que lideraba las estadísticas en el país.

El secuestro de hijos de reconocidos empresarios en la ciudad durante 1995 llevó a que se conformara una alianza criminal entre algunos de esos “prohombres”, sectores de la Fuerza Pública y bandas armadas para confrontar a los grupos delincuenciales y guerrilleros que venían cometiendo esos plagios. 

En procesos judiciales archivados reposan las historias de cómo a altas horas de la noche, caravanas de vehículos llegaban a residencias de presuntos secuestradores, los retenían y luego los desaparecían sin dejar rastro. Uno de esos casos ocurrió el 19 de noviembre de 1995, cuando en tres acciones simultáneas y coordinadas perpetradas en los municipios de La Estrella, Itagüí y Bello, sacaron de sus casas a tres hombres, de quienes no se volvió a saber nada. Una investigación posterior determinaría que los carros empleados para esa retención ilegal pertenecían al CTI de la Fiscalía de Medellín.

Varios años después, y ante el posicionamiento de las milicias urbanas de la guerrillas de las FARC y el ELN en varios sectores de la ciudad, y el incremento de acciones como el secuestro y la extorsión, surgió la solución paramilitar, esta vez bajo la responsabilidad de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) y, posteriormente, de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). En su convocatoria y financiación participaron industriales, comerciantes y transportadores agobiados por la insurgencia.

En los últimos 20 años este tipo de soluciones privadas a las supuestas debilidades de los gobiernos locales en contrarrestar la inseguridad ha dejado cientos de muertos, desaparecidos y torturados, cuyos casos han permanecido en la más absoluta impunidad. En esas acciones ha prevalecido el espíritu vengativo que inspira desde su Twitter el concejal Campuzano. No es el primero en alentar estas iniciativas. Ya otros ciudadanos, con alto poder económico y político, lo han precedido.

Se vuelve pues en Medellín a aplicar justicia privada ante el incremento de la inseguridad. Y lo preocupante es que son “ciudadanos de buena honra y reputación” los que toman venganza por mano propia; aquellos que, intuyo, tienen la instrucción académica suficiente para enfrentar los temas de ciudad desde perspectivas menos sangrientas y más constitucionales.

La historia muestra que han sido las clases más favorecidas las que alientan e incentivan la vulneración del Estado social de derecho y hacen trizas las leyes cuando aplican medidas para controlar la inseguridad con sus ejércitos privados, incluidos sectores de la Fuerza Pública. Su dinero les permite comprar impunidad e impiden que Medellín no pierda su condición de ciudad ‘Cicarya’.

En Twitter: @JDRestrepoE
*Periodista y docente universitario.
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