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Opinión

  • | 2017/04/27 08:08

    Medidas para luchar contra la corrupción (II)

    En Colombia necesitamos un líder o una líder comprometido(a) con eliminar el clientelismo y con abrirle paso en la práctica a la igualdad de oportunidades para acceder a la función pública y a la contratación del Estado.

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Los votos en Colombia no se consiguen con ideas sino con puestos, consulados, embajadas, cupos indicativos, publicidad, honores, prebendas, contratos: ya sean de prestación de servicios, de obras públicas, de alimentación en los colegios públicos y en las cárceles, etc. Las ideas no importan. El planteamiento sobre los problemas que interesan a la gente y sus fórmulas de solución, no consiguen votos o consiguen muy pocos.

Esta situación conduce al régimen clientelista que tenemos en Colombia. Dos de las características de estos regímenes son de manera general la ineficiencia del aparato administrativo a todos los niveles y la corrupción del mismo. No puede ser de otra manera porque quienes desempeñan funciones administrativas y técnicas no llegan a sus cargos en razón del mérito y de su moralidad para el desempeño de los mismos después de pasar un concurso competido en el que pueda participar todo el que llene los requisitos prestablecidos, sino en razón de la recomendación de algún político con asiento en el congreso, en las asambleas o en los concejos. El sistema clientelista se ha refinado de tal manera que ya no solo se trata de la concesión de puestos al detal sino de la entrega por los gobiernos a los integrantes de cuerpos colegiados, sectores completos de la administración en los cuales ellos son el verdadero poder detrás del trono. Ahí opera el principio cuya paternidad se le atribuye a Getúlio Vargas: Para mis amigos, todo lo que quieran. Para mis enemigos, la ley. A esta circunstancia algunos senadores del partido de la U quieren agregar una mayor concentración de poder: Que los congresistas puedan ser ministros. Están en la práctica parafraseando la consigna de Lenin en 1.917: “Todo el poder para los soviets”. Aquí lo que quieren esos senadores de la U es todo el poder para los congresistas.

Este régimen clientelista no puede suscitar el entusiasmo de las grandes mayorías. De ahí que el voto de opinión sea tan reducido y la abstención tan grande. ¿Quién se va a sentir seducido por unos líderes que lo único que pueden ofrecer son puestos y prebendas, y, simultáneamente qué pueden hacer esos líderes sino conseguir puestos y ventajas para su clientela que es lo más rentable en términos de votos?

Hay que eliminar la normatividad que permite el clientelismo. ¿Cómo hacerlo? No es políticamente fácil ya que tanto los gobiernos como los congresistas se benefician de estas prácticas. Los unos consiguiendo que le aprueben sus proyectos y los otros disponiendo de instrumentos efectivos para conseguir votos cautivos. Será tan difícil que ya desde 1.848 Ezequiel Rojas reclamaba el mérito y la probidad como requisitos para ingresar a la Administración del Estado, y hasta hoy se trata de una tarea inconclusa. Decía él:

“Quiere el partido liberal que no se deje al Poder Ejecutivo la facultad dictatorial para remover empleados; (…) Quiere muy especialmente el partido liberal que al conferir los destinos públicos solo se tenga en mira el buen servicio de la sociedad, que se atienda especialmente a las aptitudes, capacidades y probidad que se tengan para desempeñarlos. Conferir destinos en recompensa de servicios personales, para premiar un voto a favor de alguna persona, es desmoralizar la sociedad; es un crimen. Conferirlos por dar renta a las personas pobres, cuando no hay aptitudes y tal vez falta de probidad, es prevaricar, es ejercer actos de beneficencia con los bienes ajenos. La sociedad paga sus servidores: Tiene derecho a que se le sirva bien, porque de ello depende su prosperidad y bienestar: debe, pues, emplearse a los hombres que puedan prestar buenos servicios con fidelidad sea cual fuere el partido político a que hayan pertenecido o pertenezcan”. (Citado por Gerardo Molina en “Las Ideas Liberales en Colombia 1849-1914, Ediciones Tercer Mundo, 1974, p.22).

A pesar de innumerables leyes sobre carrera administrativa, diplomática, judicial, penitenciaria, etc, el objetivo de que al vincular a los funcionarios de carácter administrativo sólo “que se atienda especialmente a las aptitudes, capacidades y probidad”, no se ha podido lograr íntegramente.

Vencer el clientelismo, el spoil system como lo llaman los anglosajones, implica una revolución, quizá improbable en el estado de desarrollo económico y político en que nos encontramos. En los Estados Unidos implicó en la década de 1.880 el asesinato del Presidente. En efecto, para esa fecha el partido Republicano se dividió entre quienes liderados por James A. Garfield como candidato a la presidencia eran partidarios de “una reforma del servicio civil” y quienes estaban en contra. Escogió él como su vicepresidente a Chester Arthur, uno de los líderes de la facción anti reforma. Era la manera de unir al partido. Fue asesinado por Charles Guiteau quien no tuvo éxito en su aspiración de que Garfield lo nombrara cónsul en París. Al dispararle por la espalda gritó: “Soy un anti reformista y ahora Arthur es el Presidente”. Chester Arthur, para decepción de sus antiguos seguidores y en homenaje al Presidente asesinado se convirtió en un campeón de la reforma del servicio civil. En 1.883 el Congreso aprobó el Civil Service Reform Act (the Pendleton Act).

En Colombia necesitamos un líder o una líder comprometido(a) con eliminar el clientelismo y con abrirle paso en la práctica a la igualdad de oportunidades para acceder a la función pública y a la contratación del Estado. Que se comprometa con la tesis de que a todos los cargos de carácter administrativo desde jefe de Dirección hacia abajo, todos los servidores públicos necesitan para permanecer en sus cargos o para ingresar a ellos pasar exitosamente un concurso de méritos. Así, para solo poner un ejemplo, el director mismo de la Dian, debería ser escogido mediante concurso y tener la estabilidad que le da el hecho de pertenecer a la carrera. Los cargos políticos solo son los de ministros y viceministros, presidentes y vicepresidentes de empresas del Estado, gerentes y subgerentes de establecimientos públicos, etc. Y hasta los superintendentes deberían ser escogidos mediante el sistema de “oposiciones” como llaman los españoles a estos concursos.

El Estatuto de la Oposición debió contemplar medidas de este tipo pues no puede haber equilibrio entre un gobierno que reparte puestos y contratos de manera discrecional, y la oposición que no dispone de esta posibilidad.

El doctor Álvaro Uribe cuando era presidente propuso: “El servidor público que ofrezca cuotas o prebendas burocráticas a un congresista, diputado, o concejal, a cambio de la aprobación de un proyecto de acto legislativo, ley, ordenanza, o acuerdo, será sancionado por falta gravísima con pérdida de empleo” (Ley 796/03, parágrafo 3°,num.7). A lo anterior habría que agregar que el congresista, diputado o concejal que las busque o las acepte perderá la investidura.

Por cuenta de la paridad entre Liberales y Conservadores aprobada en el Plebiscito de 1.957, se duplicaron los puestos públicos. Con posterioridad el clientelismo ha incrementado la explosión burocrática que nos agobia fiscalmente. No hay tributación que resista tanta burocracia, tantos contratos de prestación de servicios, tanta publicidad innecesaria y tanto despilfarro en los servicios generales. En Francia, Emmanuel Macron, seguro próximo Presidente, ha prometido reducir drásticamente los puestos públicos. ¿Habrá alguien, entre los candidatos y las candidatas a la Presidencia que en Colombia se le mida a semejante empresa?
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Añadido: “Los hombres de luces y honrados son los que deberían fijar la opinión pública. El talento sin probidad es un azote”, Simón Bolívar.

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