¿Mejor narco que gay?

Un Estado difícilmente puede reputarse como democrático y pluralista cuando sus autoridades públicas defienden una actitud generalizada de prejuicio, discriminación y estigmatización. Tristemente ese pareciera ser el panorama de nuestro país, al menos, en lo que a libertad sexual se refiere.
 
No son pocos los funcionarios públicos que aun no han comprendido que la homosexualidad no es una enfermedad o una aberración que se deba curar o combatir, sino que es una orientación sexual legítima y un elemento esencial e íntimo de la identidad de una persona.

Para ellos la homosexualidad es no sólo digna de reproche, sino incluso, de castigo. Hay quienes sostienen –como es el caso del Procurador y su tesis del “libre desarrollo de la animalidad” – que la condición, conducta o aspecto homosexual equivalen a delincuencia o salvajismo.

Podría pensarse que posiciones como estas conviven únicamente en personas de talante conservador y moralista, pero nunca en los sectores y partidos progresistas. Pero esta percepción es errónea. La política colombiana está marcada por el prejuicio y la lógica de dominación machista y homofóbica. De hecho, tal vez ese sea uno de los pocos consensos existentes entre un buen número de políticos oficialistas y de oposición.

Muestra de ello son las declaraciones del Personero de Bogotá tras el escándalo sobre sus presuntos nexos con DMG. El Personero dijo: “han barrido conmigo, me han descuartizado, me han acusado de matón y hasta narcotraficante; lo único que falta es que digan que soy violador y gay”. Parece ser que en el imaginario del señor Rojas Birry está cimentada esa tendencia a preferir como insultos todas aquellas palabras que hagan referencia a la libre opción sexual. ¿Qué podría ser igual de terrible a la despreciable acusación de narco o violador? Pues la de ser gay.

Pero el estigma no se queda allí. Luego se traduce en la negación sistemática de derechos y en la falta de reconocimiento de cualquier aspiración de igualdad a quienes defienden la diversidad de las identidades sexuales. O de qué otra forma se explica que en el Congreso de la República hayan fracasado los seis proyectos de ley que pretendían otorgar igualdad de derechos a las parejas del mismo sexo; o la negativa de la Cancillería a cumplir con una recomendación del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la misma materia; o la falta de esclarecimiento de los 60 casos de violencia homicida contra personas LGBT reportados en el más reciente informe de la organización Colombia Diversa.

Lo que más preocupa es que esta posición sea compartida por altos representantes de los organismos de control. ¿No son acaso procuradores y personeros los llamados a ser los garantes de los derechos humanos? ¿No son ellos quiénes deberían reprimir a los funcionarios públicos que promuevan los discursos estigmatizadores y discriminatorios?
 
Pero como van las cosas, nada raro sería que el Procurador le proponga al Presidente que aproveche su reforma constitucional sobre dosis personal para incluir como “beneficiarios” de los Tribunales Terapéuticos a quienes practiquen “gusticos anormales”.

Así las cosas, a pesar de algunos avances jurisprudenciales y algunas iniciativas de gobiernos locales, los prejuicios que sustentan la discriminación basada en la orientación sexual siguen tan vigentes como antes. Pero no es únicamente con sentencias de la Corte Constitucional que estos prejuicios van a ser eliminados.
 
Sólo cuando empecemos a indignarnos masivamente por hechos como estos y a exigir la responsabilidad política de los funcionarios que los promueven podremos empezar a acercarnos a ese ideario de pluralismo y convivencia que nos prometió la Constitución del 91. Pero claro, no estaría de más que los funcionarios la conocieran un poco mejor antes de dar declaraciones.

* Investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad -DeJuSticia- (www.dejusticia.org), creado en 2003 por un grupo de profesores universitarios, con el fin de contribuir a debates sobre el derecho, las instituciones y las políticas públicas, con base en estudios rigurosos que promuevan la formación de una ciudadanía sin exclusiones y la vigencia de la democracia, el Estado social de derecho y los derechos humanos.