Menos baby sicarios de los que creen

Sin duda resulta preocupante que cada vez sean más los niños y adolescentes que participan en la comisión de delitos. Tanto en la colombiana como en cualquier otra sociedad este fenómeno es una muestra de degradación social. Sin embargo, tampoco encuentro conveniente que algunos aprovechen esa situación para aumentar su popularidad política.
 
Eso es justamente lo que parecen estar haciendo el Gobierno Nacional, y de manera más directa la Senadora Gilma Jiménez, con sus propuestas de reforma al SRPA. El proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana impulsado por el Gobierno, que la semana pasada fue sometido a tercer debate en la Cámara de Representantes propone, entre otras cosas, endurecer el SRPA por medio del aumento de penas para ciertos delitos (homicidio doloso, secuestro, extorsión, genocidio, terrorismo, delitos agravados contra la libertad, integridad y formación sexuales).
 
Además de lo anterior, la senadora Jiménez propone, entre otras cosas, eliminar la finalidad educativa que actualmente guía el funcionamiento del SRPA, y crear una sanción de cárcel adicional a las existentes, que estaría a cargo del Ministerio del Interior y de Justicia. Las propuestas del Gobierno y de la Senadora, que con seguridad reciben amplio apoyo popular, responden en gran parte a una ola mediática que se ha encargado de resaltar la participación de los menores de edad en las actividades delictivas.
 
No es sino que uno trate de comentar con algún conocido los proyectos de ley mencionados, para que de inmediato respondan que el programa de televisión Séptimo día, que no es precisamente el más riguroso en términos de análisis jurídico, mostró que la situación de criminalidad de los adolescentes está terrible.
 
Si bien es cierto que en los últimos años los menores de edad han aumentado su participación en delitos, la realidad de los crímenes que cometen es bastante más compleja que la que presentan los medios y aprovechan los políticos. De acuerdo con estadísticas de la Rama Judicial, entre marzo de 2007 y junio de 2010 los delitos más cometidos a nivel nacional por menores de edad fueron el hurto y el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, que representaron el 40.2 y 29%, respectivamente.
 
 El homicidio, que ocupó el tercer lugar entre los delitos más cometidos, no alcanzó sino el 4.8%. Todos los demás delitos representaron porcentajes inferiores a los mencionados. En Medellín, que es una de las ciudades donde la criminalidad adolescente llega a los niveles más altos, en especial en zonas como la comuna 13, las estadísticas del ICBF revelan que el delito más cometido desde la entrada en vigencia del SRPA, en abril de 2008, fue el de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes con 49% del total, seguido por el hurto (15%) y la violencia intrafamiliar (9%).
 
Después de conocer estas cifras uno se pregunta, ¿qué hacen el Gobierno Nacional y Gilma Jiménez proponiendo que se aumenten las penas para delitos como el genocidio, el terrorismo o el secuestro, que ni si quiera representan un 1% del total de los delitos cometidos por los adolescentes? Pero no son sólo las estadísticas las que muestran que las estrategias planteadas van en sentido equivocado.
 
En el caso del homicidio, tanto los jueces como los fiscales del SRPA con los que he tenido oportunidad de hablar, afirman que es un delito que usualmente comenten los adolescentes sólo después de haber hecho carrera criminal con drogas y robos.
 
El problema de fondo de la delincuencia juvenil está entonces más relacionado con el narcotráfico y los altos niveles de consumo de sustancias psicoactivas de los adolescentes, por un lado, y con la pobreza, por el otro. Sin querer simplificar el fenómeno criminal adolescente, parece evidente que aunque parezca más complejo o costoso en el corto plazo, hacen más falta las acciones dirigidas a enfrentar la comisión de delitos derivados de la pobreza y la adicción a las drogas –como el hurto y el tráfico de estupefacientes- que las que buscan disminuir la comisión de otros delitos de más alto impacto.
 
Debería entonces considerarse seriamente la implementación de políticas sociales de prevención, antes que penales. No quiero decir que las acciones penales no sean para nada necesarias, pues considero absolutamente conveniente que se adelanten políticas para aumentar la eficacia del sistema y con ello reducir la impunidad. Si esto se lograra, se enviaría a los jóvenes el mensaje que a veces ponen en duda algunos –más los adultos que ellos mismos-, de que delinquir también supone consecuencias para ellos.
 
En cambio, otras políticas penales como el aumento de las sanciones o la creación de nuevos delitos, según han demostrado varios estudios, no suponen necesariamente una disminución de los niveles de criminalidad. Los políticos, por supuesto, prefieren satisfacer a la opinión pública.
 
* Investigadora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad –DeJuSticia (www.dejusticia.org)