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Opinión

  • | 2008/06/14 00:00

    Mentiras verdaderas

    Los funcionarios están obligados a denunciar de inmediato cualquier conducta delictiva que conozcan. Su omisión de denuncia es más grave que otros delitos.

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El gobierno está haciendo un gran trabajo para desviar la atención de los aspectos sustanciales de la "yidis-política", pero su exitosa batalla de opinión puede terminar afectándolo judicialmente. Esta semana, logró que se perdiera de vista la compra-venta de votos parlamentarios para la aprobación de la reelección, las noticias se centraron en las llamadas de Yidis Medina al hijo del Presidente.

Según el mandatario, esas comunicaciones prueban que la ex congresista estaba "chantajeando" a su familia. De acuerdo con la versión oficial, en esas llamadas la ex representante le dijo al hijo del Presidente "que necesitaba hablar con su papá, porque iba a pasar algo muy grave". El propio Jefe de Estado reconoce que "ahí no hay ningún delito", pero afirma que por el contexto de lo que ahora está sucediendo, se puede concluir que se trataba de un chantaje.

Después de un largo rifirrafe de comunicados, quedó claro que Yidis Medina mintió al negar que fuera suyo el teléfono móvil desde el cual fue llamado dos veces Tomás Uribe el 24 de julio del año pasado. La primera llamada duró ocho segundos, y la segunda, menos de un minuto y medio.

¿Comprueba esto el chantaje? No por sí solo, pero la mentira de Yidis sobre el teléfono muestra su deseo de ocultar esas llamadas, y golpea considerablemente su credibilidad.

Ahora bien, la existencia de un eventual chantaje no anula el cohecho. Cuando el gobierno asegura que venía siendo chantajeado por Yidis Medina -y que no lo denunció- está aceptando que, frente a ella, estaba en una situación que lo volvía chantajeable.

Es difícil entender cómo un Presidente capaz de llamar a un allegado suyo, en malos pasos, para gritarle: "Estoy muy berraco con usted y si lo veo le voy a dar en la cara, marica"; capaz de ordenar en un acto público la detención de un funcionario aparentemente corrupto, sin que mediara orden judicial; y capaz de denunciar penalmente al Presidente de la Corte Suprema de Justicia; ahora -ante un chantaje a su propio hijo- decida simplemente recomendarle que no le pase más al teléfono a esa señora.

Según el comunicado número 134 de la Casa de Nariño, el Presidente procedió con idéntica mansedumbre ante sus funcionarios: "Cuando supe que la señora Yidis Medina chantajeaba a compañeros de gobierno y también a mi familia, dije a unos y otros que no le pasaran al teléfono, que ella hiciera lo que quisiera porque el gobierno nada tenía que ocultar".

Lo más curioso del caso es que los funcionarios parecen haber ignorado la orden del Jefe de Estado. El secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, fue incluso más allá y la invitó al Palacio Presidencial, el pasado 17 de febrero. Siete meses después de las llamadas al hijo del Presidente, de las cuales estaba advertido, de acuerdo con los comunicados oficiales.

Según le dijo Bernardo Moreno a la Procuraduría, en esa reunión efectuada en la Casa de Nariño y ante una subalterna suya, le pidió a Yidis Medina que no publicara un libro sobre la reelección.

El Secretario General de la Presidencia aseguró: "Le manifesté que eso no sería bueno para el gobierno y contrario a lo que la señora Yidis viene manifestando, me pidió delante de un testigo, quien es mi asistente, unos contratos en Ecopetrol para una empresa de unos amigos de ella, a cambio de no publicar nada".

La declaración es reveladora porque, a diferencia de las llamadas a Tomás donde el presunto chantaje es una interpretación, en la petición de contratos por silencio se configura una clara extorsión.

Los funcionarios están obligados a denunciar inmediatamente cualquier conducta delictiva de la que tengan conocimiento. La omisión de denuncia de un funcionario, de acuerdo con el Código Penal, es más grave en unos delitos entre los cuales está la extorsión.

Sin embargo, nada se puso en conocimiento de la justicia. La primera reacción del gobierno se produjo meses después, por un comunicado -y no por una denuncia penal- emitido dos días antes del destape de Yidis Medina.
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