Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2016/06/09 15:36

Mentiras y falsos escándalos

No se justifica desde ningún punto de vista sacrificar el Acuerdo de Paz con las Farc por el prurito de meter a la cárcel a “Timochenko”, a “Iván Márquez” y a unos cuantos guerrilleros más según lo pretende el Centro Democrático.

Mentiras y falsos escándalos Foto: Archivo Particular.

Menos aún se justifica sacrificar la integridad y supremacía de nuestra Carta de Derechos, en detrimento de la seguridad jurídica futura de los guerrilleros, por razón del Plebiscito. Tampoco sustituir la Constitución al reducir a cuatro debates los ocho que deben surtir los Actos Legislativos en el Congreso, como lo quiere el Gobierno.

Estas iniciativas no podrán menos que ser declaradas contrarias a la Carta por parte de la Corte. Ya me imagino el escándalo que harán los detractores oficiosos de ésta que prefieren que abdique de su obligación de expulsar del ordenamiento jurídico las normas que sean incompatibles con la letra y el espíritu de la Constitución, si eso beneficia sus intereses políticos o de otro orden.

Varias fuerzas políticas del país encabezadas por el Gobierno y congresistas de esos que no se caracterizan por su moderación, quieren preventivamente defender sus quebrantamientos de l Constitución a base de mentiras. Se trata de una estrategia deliberada destinada a presionar a l la Corte Constitucional a base de escándalos mediáticos y declaraciones destempladas, para que no cumpla a cabalidad su función de guardar la integridad y supremacía de la Carta.

Así, por ejemplo, a propósito de la declaratoria de inexequibilidad del Consejo de Gobierno Judicial, que trajo como consecuencia que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura reviviera y siguiera a cargo de la dirección y administración de la Rama Judicial, de la carrera judicial y de la ejecución del presupuesto, entre otras funciones, se dijo que se había “caído” la reforma a la justicia. No es verdad, pero se armó el escándalo correspondiente con el propósito inane de poner en la picota pública a la Corte Constitucional, que no ha hecho más que cumplir fielmente con su deber de preservar los “ejes definitorios de la identidad de la Constitución”, como son la separación de poderes y la autonomía e independencia de la Rama Judicial. Dijo la Corte: “Para la Sala, el nuevo esquema institucional implica una sustitución parcial de los principios de separación de poderes, autonomía e independencia judicial que encuentran expresión en el modelo de autogobierno judicial previsto por el Constituy
ente de 1.991…el principio de autogobierno es un componente estructural del ordenamiento superior”… (Sentencia C-285/16).

Se afirmó, así mismo, por parte del Gobierno y de algunos periodistas que la Corte había fallado sobre el fondo de la reforma. Otra mentira. En este, como en todos los casos en que la acusación contra un A.L. implica una sustitución de la Constitución, no se examina nada distinto de un tema de procedimiento, más concretamente “un presupuesto del procedimiento”: La competencia del Congreso en el caso concreto para dictar la disposición acusada, ya que él sólo puede reformar la Constitución, no derogarla, no reemplazarla, no destruirla, ya sea total o parcialmente, de manera permanente o transitoria. Es como si alguien, por ejemplo, presenta una demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuando debió hacerlo ante la jurisdicción ordinaria.

Al declararse incompetente el juez administrativo para conocer del proceso, no está fallando ni a favor ni en contra de las peticiones de la demanda. Es decir, no falla sobre el fondo. Es lo que hace la Corte: Pronunciarse sobre la competencia del Congreso en el caso de que se trate.

Y una mentira final. Consiste ésta en decir que la Corte ha bloqueado la posibilidad de reforma de la Justicia y más concretamente del órgano de dirección y administración de la Rama Judicial. Nada más alejado de la verdad. La misma Corte refuta esta apreciación. Dice ella: “el Congreso conserva plena competencia para reformar funciones y órganos de la Rama Judicial, mediante Actos Legislativos, siempre y cuando respete los principios definitorios de la identidad de la Constitución de 1.991”.


¿Por qué esta deliberada tergiversación de la verdad que he develado? Para desprestigiar a la Corte Constitucional. ¿Y desprestigiarla para qué? Para que sirva al Poder y no al Derecho. Entre el Poder y el Derecho quieren que la Corte se incline ante el Poder. Se vuelva cortesana al mejor estilo de lo que sucede en las Dictaduras. Por eso buscan intimidarla para que falte a su deber respecto de las sentencias que debe pronunciar próximamente: Una, sobre la constitucionalidad de la ley estatutaria que con violación flagrante de la Carta de Derechos, establece un mal llamado “Plebiscito por la paz”. Y dos, intimidación igualmente preventiva para que ante el exabrupto jurídico que significa reducir a cuatro debates el trámite de los proyectos de A.L., la Corte intimidada por el Poder y por algunos medios masivos de comunicación, falte a su obligación imperativa de hacer respetar la Constitución. Pero es que los Magistrados juraron lealtad no al Poder del príncipe si no a los mandatos de la Carta Política. Ni el
Gobierno ni el Congreso deberían olvidar que la Democracia no es simplemente el imperio de las mayorías.

Desde 1.910 cuando se estableció el control de constitucionalidad sobre las leyes en Colombia, y desde 1.803 cuando se practicó por primera vez en los Estados Unidos por la Suprema Corte de ese país (Madison Vs. Marbury), ni a los congresos, ni de manera general a los gobiernos, les ha gustado que los Tribunales Constitucionales impongan su voluntad, en defensa de la Constitución, sobre la suya. No obstante, los Tribunales Constitucionales se han generalizado y hoy existen en todos los países del mundo de occidente con idéntica o similar función, como una pieza esencial del sistema democrático.

Es verdad que algunos Magistrados son postulados por el Presidente de la República y todos elegidos por los políticos con asiento en el Senado, desafortunadamente sólo por ocho años. De otro lado, es igualmente verdad que el agradecimiento es una virtud. Los Magistrados, sin embargo, deben caracterizarse por la ingratitud con sus electores cuando de defender la supremacía y la integridad de la Constitución se trata. No tengo dudas a este respecto tratándose de nuestra Corte Constitucional.

*Constituyente 1.991

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