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Opinión

  • | 2011/12/21 00:00

    Mercenarios amenazan Ley de Víctimas y Restitución de Tierras

    En diversas regiones del país hablan de grupos armados que transitan por fincas en disputa y advierten que trabajan para un “patrón”. Son los nuevos mercenarios al servicio del capital.

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Armados con fusiles y pistolas, vestidos de negro y con pasamontañas, y en algunos casos de civil; caminando o viajando en camionetas y motocicletas; así aparecen los nuevos grupos armados que siembran el miedo en regiones donde la disputa por la tierra, sea por restitución o por adecuación para megaproyectos, está en el centro de la discusión entre campesinos despojados, poseedores de tradición y nuevos propietarios.
He tenido la oportunidad de hablar recientemente con campesinos de los departamentos de Sucre, Bolívar y Atlántico, algunos de ellos reclamantes de tierras y otros poseedores, quienes hoy tienen sus predios en amplias zonas rurales donde han llegado empresarios y terratenientes a impulsar megaproyectos agroindustriales. Todos ellos coinciden en advertir que están siendo amenazados por grupos armados y presionados para que no solo desistan de solicitar la restitución, sino para que aquellos que aún quedan vendan a bajos precios.

Según los relatos que he escuchado, la estrategia de intimidación es similar: llegan a los predios en grupo, unas veces a pie, otras en motocicletas o en carros, se hacen ver de los campesinos, modifican linderos de manera arbitraria, destruyen cultivos de pancoger, irrumpen sorpresivamente a cualquier hora del día y de la noche, aterrorizan con sus armas, con sus pasamontañas y, en algunos casos, con los perros que llevan.

Una preocupación recurrente de los campesinos es que entre esos grupos armados hay desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que operaron en las mismas regiones que hoy patrullan bajo otra “razón social”. En esencia, esos hombres que en algún momento dejaron sus armas se convirtieron en obreros de la seguridad rural que conocen las regiones y la gente que la habita. Parte de su tarea consiste en hostigar a “vecinos incómodos”, ya sea porque reclaman predios o no los quieren vender. El fin no es otro que acallarlos, ahogarlos en su miedo, para defender los intereses de aquellos que ostentan hoy el poder agrario.

A la pregunta de quiénes son estos hombres armados y encapuchados, los campesinos no saben cómo llamarlos, pero en determinadas ocasiones se refieren a ellos como integrantes de empresas de seguridad que cuidan “las tierras del patrón”. Eso ya connota una nueva fuerza armada, distinta a la contrainsurgencia de las Auc del pasado y a las actuales bandas criminales emergentes con marcado interés en negocios de narcotráfico. A ella se tendrá que enfrentar el Gobierno Nacional si quiere avanzar en la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que entrará en vigencia a comienzos del 2012.

El asunto tiene referentes internacionales. Uno de ellos es Guatemala, donde quedó demostrada la incapacidad del Estado para cumplir con los propósitos establecidos en los acuerdos de paz de 1996 que pusieron fin a la guerra civil que padeció ese país por varios años. Tales dificultades fueron registradas en el 2002 por Amnistía Internacional en el documento El legado mortal de Guatemala: El pasado impune y las nuevas violaciones de derechos humanos, en el cual hizo un balance de la situación en posconflicto.

En uno de sus apartes advierte que “el hecho de que no se hayan emprendido acciones contra los responsables de las atrocidades cometidas en el pasado ha animado a los perpetradores y a otras personas a abusar de su autoridad para cometer delitos impunemente”, situación que se asemeja a la nuestra. Asimismo, indica la existencia de una categoría de abusos que llama “Estado de Mafia Corporativa”. De acuerdo con Amnistía Internacional, ese concepto “engloba la “nefasta alianza” entre sectores tradicionales de la oligarquía, algunos “nuevos empresarios”, elementos de la Policía y el Ejército, y delincuentes comunes, que se unen para controlar lucrativos negocios legales e ilegales.

El informe indica que esos delitos siempre han existido, pero se han hecho más visibles en el posconflicto. Según esta organización, “los implicados en ellos utilizan sus contactos (tanto políticos como con el Ejército y la Policía) para obtener beneficios e intimidar o incluso eliminar a quienes se ponen en su camino, saben demasiado, les hacen la competencia o intentan investigar sus actividades”. Y en relación con las víctimas dice que “no se convierten en tales por motivos ‘clásicos’ de derechos humanos, como los motivos de conciencia o la oposición al gobierno. Se convierten en víctimas porque amenazan los intereses económicos de la poderosa élite económica”.

Nada más parecido a lo ocurrido a decenas de reclamantes de tierras en nuestro país en los últimos años que han sido amenazados, perseguidos y asesinados por reivindicar el derecho a la restitución de los predios que les fueron arrebatados en el pasado por facciones de grupos paramilitares o porque poseyendo predios en sitios estratégicos para la realización de megaproyectos se han negado de manera a vender barato. Con su postura inflexible de resistencia permanente y visible, se convirtieron en una amenaza constante para los intereses económicos de un sector agroindustrial que se hizo a buenas tierras aprovechando el fragor de la guerra o quiere hacerse a ellas recurriendo a prácticas mercenarias que se mueven en una esfera difusa de legalidad.

Para evitar más muertos entre el campesinado que lidera procesos de restitución de tierras y despojos para favorecer megaproyectos, y darle una mayor legitimidad a la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras es urgente que el Gobierno nacional intervenga esos nuevos cuerpos de seguridad que se están conformando alrededor de los grandes proyectos agroindustriales, defina su legalidad y le ponga límites.

A su vez y para demostrar legalidad, es necesario que empresarios y terratenientes, que ya están muy identificados en algunas zonas del norte del país, hagan visibles las razones sociales de las empresas que contratan para determinar si son firmas legalmente constituidas y reconocidas por las autoridades nacionales; especifiquen también qué tipo de servicio pagan e indiquen la clase de armas que tienen autorizadas y el tipo de cobertura que les fue permitido.

Si el Gobierno nacional no actúa a tiempo y empresarios agroindustriales y terratenientes se niegan a dar información sobre sus cuerpos de seguridad, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras tendrá una amenaza muy fuerte en aquellos mercenarios que están dispuestos a matar, desaparecer y desplazar a todos aquellos que se opongan a los intereses económicos de “su patrón”, sea un empresario prestante o un reconocido terrateniente.

*Periodista y docente universitario

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