Merlano o la impunidad política y social

Desde cuando destapamos la parapolítica he insistido una y otra vez en que es mucho más importante la sanción política y social que el castigo judicial. El escándalo del senador Eduardo Merlano me reafirma en esta convicción. El personaje hace honor al talante de su padre y al origen de su poder político.

Si el Partido de la U no lo hubiera avalado y los electores sucreños se hubiesen negado a votar por él hoy no estaríamos ante semejante vergüenza.

Solo si los partidos políticos y la ciudadanía les cierran el paso a quienes se han beneficiado de las alianzas con fuerzas ilegales podremos limpiar la política colombiana. Es así de simple. La sanción judicial es obligatoria e importante, pero no basta. Los aliados de las mafias que han sido pillados por los fiscales y los jueces se las han ingeniado para continuar la depredación de la vida pública a través de sus herederos.

La Corte Suprema de Justicia y en alguna medida la Fiscalía General de la Nación le han dado una lección al país. Los magistrados de la Corte Suprema pusieron en riesgo su carrera y su propia vida enfrentándose al presidente Uribe y a lo peor de la clase política para enjuiciar a 120 parlamentarios; lo mismo está intentando la Fiscalía con más de 400 políticos locales y regionales; pero las directivas de los partidos y la sociedad no han estado a la altura de este gran esfuerzo del aparato judicial.

Miremos el caso Merlano. Su padre, Jairo Merlano, fue fundador y dirigente de Colombia Viva, un partido del más puro origen paramilitar, tanto, que la totalidad de sus senadores: Dieb Maloof, Habib Merheg, Luis Eduardo Vives, Jairo Merlano, Miguel Alfonso de la Espriella y Carlos García fueron vinculados a los procesos judiciales de la parapolítica. Pero Merlano padre, una vez condenado, le entregó a su hijo todo el aparato político que había construido de la mano de alias Diego Vecino, alias Juancho Dique y alias Rodrigo Cadena, temibles jefes de las autodefensas, que regaron de sangre el departamento de Sucre. La fuerza política de Eduardo Merlano es espuria.

El Partido de la U tendría que haberse negado a darle militancia a este señor y, sobre todo, debería haberse negado a respaldar con su aval su aspiración al Senado. Pero los representantes legales de los partidos siempre tienen en la boca la coartada de que si no hay una condena judicial no se puede hacer a un lado a un dirigente político, y la sociedad se come este cuento chimbo. Así que hasta un simple club social se reserva el derecho de admisión que no practican los partidos. Después del bochornoso incidente que muestra la facilidad y el cinismo con el que Merlano se burla de la ley, sería muy bueno que Juan Lozano, presidente de La U, hiciera todo lo que esté a su alcance para separarlo inmediatamente de la colectividad.

No menos preocupante es la incapacidad de la ciudadanía para castigar socialmente a los herederos de las alianzas ilegales. Hay un caso muy triste que ilustra esta realidad. En Macayepo, en la zona de Sucre donde se produjo la masacre de 15 campesinos, hecho por el cual fue condenado a 40 años el senador Álvaro García Romero, obtuvo la mayor votación Teresita García Romero, hermana y beneficiaria política de tal parlamentario. Los vecinos de las víctimas no tuvieron empacho en darle el voto a la representante del victimario.

En eventos donde he descrito situaciones como esta alguna gente me ha llamado la atención diciéndome que no podemos echarle la culpa a los pobres que se ven obligados a vender su voto. Quizás tengan algo de razón. La responsabilidad principal recae en la dirigencia política y empresarial del país que han terminado aceptando como normales estas afrentas a la democracia o que en aras de no perder determinados apoyos políticos se hacen los de la vista gorda. Pero aún al más pobre debemos exigirle que mantenga su dignidad y contribuya a cambiar las costumbres colombianas.