Metas, resultados y “falsos positivos”

Cuando se analiza el problema de los “falsos positivos”, que se sustentan en un indicador que siempre ha estado presente en la medición de los resultados de cualquier conflicto armado, como son las “bajas en combate” y que en el caso colombiano se tipifican como “abatidos”, la pregunta que surge es: ¿existían los mecanismos institucionales de evaluación y seguimiento permanente sobre la manera como registraban esas bajas?. Pareciera que no, dado el alto número de investigaciones que superan las ochocientas y donde se tienen graves dudas si las personas fueron “abatidas en combate”.

El indicador “abatidos” era importante antes de los escándalos de los “falsos positivos”, tanto así, que en algunos casos miembros del Ejército se quejaban porque la Policía no tenía buenos resultados en este campo y otros consideran como contradictorio que, por un lado, se les pidiera más “abatidos” y por otro reducir los homicidios, lo que llevó a que se propusiera que estos “abatidos” no hicieran parte de las estadísticas de muertes violentas que se registran en el país, propuesta que se mantiene hoy y que es ilegal.

Nadie puede asegurar que los famosos “falsos positivos” eran una política institucional, pero tampoco se puede negar que se llegó a esta situación por prácticas no institucionales que un buen número de miembros de las Fuerzas Armadas sabían que existían y que en algunos casos se taparon o no se quisieron ver por la necesidad de entregar resultados al Presidente, por la mala interpretación que se le hace a la famosa “solidaridad de cuerpo” y porque esos resultados (abatidos) facilitaban permisos y reconocimientos.

Hoy cuando se siguen destapando los “falsos positivos”, las interpretaciones son variadas y las consecuencias múltiples. Por un lado, será la justicia la que determine la responsabilidad individual e institucional de esta masacre y vergüenza nacional y ojalá la famosa frase que se aplica en estos casos se cumpla y se “llegue hasta las últimas consecuencias.
 
Por otro lado, el Estado y en particular las instituciones armadas tendrán que definir y difundir de manera trasparente y pública cuáles son las metas y los resultados que exige la Política de Seguridad Democrática, ahora que se han definido los mecanismos de evaluación y seguimiento.

No se puede negar que el escándalo de los “falsos positivos” y sus consecuencias preliminares, como las destituciones y detenciones, han creado cierta desaceleración en la operatividad de las Fuerzas Militares, así sus jefes no la quieran ver. También ha desarrollado cierta prudencia en los mandos civiles no uniformados, nacionales y locales, que no se atreven a exigir resultados por temor a que estos se conviertan en otros falsos positivos.

Esta es una muy buena oportunidad para que también las políticas de seguridad ciudadana de los municipios y departamentos tengan metas, indicadores claros de medición y mecanismos trasparentes de seguimiento y evaluación y sin temor, en el marco del Estado de Derecho, los alcaldes y gobernadores exijan resultados para mejorar la seguridad de los ciudadanos.

Las metas, los resultados y los mecanismos de evaluación y seguimiento, en cualquier política pública, son imprescindibles y en el caso de las políticas de seguridad deben formularse en el marco del Estado de Derecho.
 
Hay que creerle al Presidente cuando dice frente a las investigaciones de los “falsos positivos” que “pidió resultados, no crímenes”, pero también al Presidente hay que cuestionarle algunas órdenes ambiguas que pueden ser ejecutadas de múltiples formas legales e ilegales, como la que dio públicamente para que la Fuerza Pública enfrentara a los nuevos “jefes de la oficina” de Envigado: “ A uno le dicen que todavía queda el “Yiyo y Douglas” (,,,) Acábenlos por mi cuenta”.