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Opinión

  • | 2016/12/10 16:33

    El "día C"

    En los últimos meses los colombianos nos hemos venido familiarizando con el uso de palabras como “fast track”, “día D” y refrendación, todas ellas relacionadas con los acuerdos firmados entre el Gobierno y las Farc.

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El “fast track”  consiste en un trámite abreviado para reformar las leyes y la constitución misma, reduciendo el número de debates ante el congreso, permitiendo que las reformas constitucionales se puedan hacer en sesiones extras, es decir por fuera de los periodos ordinarios de sesiones del Congreso,  y finalmente, lo más relevante, que el Congreso no pueda introducir modificaciones a los textos acordados con las Farc, limitándose a aprobar o no las reformas.

El término “día D”, ha cobrado importancia a partir del primero de diciembre, fecha que se considera como el inicio de la vigencia del acuerdo firmado el 24 de Noviembre pasado en el teatro Colón, entre el Gobierno y las Farc.  El “día D” marca el inicio del desarrollo de un cronograma de implementación del mencionado acuerdo.

Ni el “fast track” ni el “día D”, son posibles sin que aparezca en escena la refrendación, es decir,  el visto bueno del pueblo colombiano frente a lo firmado por las partes. El problema es que hay dos visiones encontradas  sobre cuál de los ejercicios de refrendación que se han presentado en el país es el que se considera como  definitivo: el plebiscito del 2 de Octubre, que más que una refrendación fue una “no refrendación”,  o la decisión tomada por el Congreso el 29 y 30 de noviembre, mediante la cual el poder legislativo se “auto-facultó” para  refrendar el nuevo acuerdo firmado entre las partes, en representación de todos los ciudadanos de Colombia dándole  el carácter de una “refrendación indirecta”.

Es aquí donde aparece un nuevo actor en esta complicada trama, se trata de la Corte Constitucional, quien  el lunes 12 de diciembre probablemente tomará la decisión más importante en la histórica reciente, frente a una demanda presentada contra los dos primeros artículos del Acto Legislativo 01 de 2016, norma que además de regular el famoso “fast track”,   confiere al Presidente de la República facultades especiales para dictar normas destinadas a la  implementación de los acuerdos de paz,  y finalmente,  define en su artículo 5 la condición necesaria para que todo el  Acto Legislativo   entre en vigencia: “El  presente acto legislativo rige a partir de la REFRENDACIÓN POPULAR DEL ACUERDO FINAL para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.”

Los dos primeros artículos,  es decir el “fast track” y las facultades extraordinarias para el presidente, solo pueden nacer a la vida jurídica “a partir de la entrada en vigencia del Acto Legislativo, es decir, a partir de la refrendación popular del acuerdo firmado entre el Gobierno y las Farc.  Es aquí donde nace lo que podríamos llamar “el día C”,  es decir la fecha que pasará a la historia de Colombia porque en ella la Corte Constitucional tendrá que decidir si entra o no a interpretar el mencionado artículo 5, para lo cual puede tomar una de tres vías:

1. Entrar a definir la constitucionalidad del artículo 5, el cual a pesar de no ser objeto de la demanda que está estudiando, puede  ser analizado e interpretado en virtud de la figura conocida como “unidad normativa”,  pues de él depende la entrada en vigencia del resto del Acto Legislativo.  En este primer escenario la Corte tendría que decidir si dicho artículo fue aprobado con los requisitos de forma necesarios, lo cual está en duda pues se alega que al haber sido introducido para su discusión  en el séptimo  de ocho debates, no cumple con lo exigido por la Constitución. Si la Corte considera que no cumplió con los debates y juzga que esa falta es subsanable, lo puede devolver al Congreso para que repita el séptimo y octavo debates corrigiendo lo pertinente, caso en el cual el artículo reviviría  y tendría que aplicarse, es decir que el Gobierno tendría que buscar la “refrendación popular” de “verdad verdad”, o sea,  consultar de nuevo al pueblo directamente por la vía de un plebiscito.

2.La segunda vía podría consistir en no entrar a estudiar el artículo 5 y solo analizar los dos artículos demandados, caso en el cual podría llegar incluso a declararlos constitucionales, pero con el problema de que no entrarían en vigencia hasta cuando en una futura decisión de la Corte, esta falle  demandas relacionadas concretamente con el propio artículo 5. En este segundo escenario si la Corte revive el artículo 5, de todos modos sería necesaria la refrendación directa del pueblo, y si decide no revivirlo, pues los artículos que contienen el “fast track” y las facultades especiales para el presidente,  simplemente no entrarían en vigencia.

3. En una tercera vía, la cual reflejaría la posición del Gobierno y de las Farc, la Corte Constitucional podría tomar la decisión de estudiar el artículo 5,  declarándolo constitucional y reinterpretando su contenido, entendiendo que el concepto de “refrendación popular” puede ser reemplazado por  la inédita y poco sustentable  figura de una  “refrendación popular indirecta”, en virtud de la cual no es necesario que sea el pueblo el que directamente refrende los acuerdos, sino que lo puede hacer el Congreso, como representante de los ciudadanos.

Este último escenario tiene el problema de que desconocería la voluntad popular que ya se manifestó en contra de los acuerdos de La Habana el pasado 2 de octubre, reemplazando esa voluntad expresada por más de 6 millones de personas, por una interpretación hecha por 9 magistrados, quienes  terminarían validando el voto de 205 congresistas (75 del senado y 130 de la Cámara de Representantes) que  decidieron estar facultados para refrendar el nuevo acuerdo del Teatro Colón.

No es nada sencillo el escenario que plantea el “día C”, pues de escoger esta tercera vía,  la Corte Constitucional escribiría una oscuro capítulo de nuestra historia, en el cual reemplazando la voluntad del pueblo colombiano, la cual fue legítimamente  expresada en un plebiscito validado por la Corte misma, terminaría redactando de nuevo el artículo 5, dejando así de ser una Corte Constitucional para convertirse en “Corte Constituyente”, pues simultáneamente reemplazaría al pueblo (constituyente primario) y al Congreso mismo.  Me niego a pensar que la Corte Constitucional entre en contradicción con sus propias decisiones, por el contrario confío en que preservará la institucionalidad y el equilibrio de los poderes públicos. Fue ella misma cuando al fallar sobre la constitucionalidad del plebiscito, afirmó que la voluntad popular, como expresión de  la democracia participativa, está por encima de la democracia representativa, es decir, que los representantes de los ciudadanos no pueden ni deben sustituirlos en las decisiones más trascendentales de la Nación.

*Ex Viceministro de Justicia. Decano Escuela de Política y Relaciones Internacionales, Universidad Sergio Arboleda.

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