25 octubre 2011

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Minería que choca

Por Luis Eduardo Celis*

OPINIÓNLa minería data de nuestras raíces precolombinas, y la hemos ampliado en los últimos treinta años. Hoy existe una amplia gama de mineros, desde los artesanales pasando por los medianos, hasta la presencia de las grandes multinacionales mineras.

Minería que choca.

El Presidente Juan Manuel Santos ha definido como prioridad para el desarrollo del país darle un gran impulso a la minería, colocando las metas de pasar del 9 por ciento del PIB a un 14 por ciento en este cuatrienio. Plantea además el reto de lograr que Colombia sea uno de los principales destinos d
e la inversión extranjera para el sector minero. De hecho, la minería es una de las cinco locomotoras, hacia el propósito de obtener un mejor desempeño de la economía y desarrollar una política social que permita avanzar a una sociedad más equitativa y en la realización de los derechos sociales, económicos, civiles y ambientales, de los cuales millones de colombianos viven su vulneración de manera cotidiana.

La minería data de nuestras raíces precolombinas, y la hemos ampliado en los últimos treinta años. Hoy existe una amplia gama de mineros, desde los artesanales pasando por los medianos, hasta la presencia de las grandes multinacionales mineras. Esto implica el reto de integrar las aspiraciones e intereses de una pluralidad de actores, que han estado desde hace siglos en ella y han venido instalándose, o se quieren instalar.

La principal preocupación que surge con el anuncio de la “locomotora minera”, es el de la preservación ambiental y el desarrollo descontrolado de una minería que de pronto resulte incompatible con la rica biodiversidad que nos caracteriza, la cual, valga decirlo, ya ha sido más que maltratada en las últimas décadas. Para no hablar del peligro de afectar de manera seria el recurso hídrico, ya de por sí crítico en varias regiones. Y no son falsas alarmas, si vemos la reacción ciudadana que se ha presentado con el proyecto Angostura, con una grave afectación del páramo de Santurbán, donde se produce el agua para Bucaramanga y su área metropolitana; o el proyecto de La Colosa en Cajamarca, que afectaría 161 nacimientos de agua, ambos proyectos hoy seriamente cuestionados, con sólidos argumentos sobre su inviabilidad por graves e irreversibles afectaciones ambientales.

Y si el tema ambiental es serio, no menos lo son las preocupaciones por las afectaciones sociales, pues se puede producir un ciclo expansivo de minería en un país con un conflicto armado no resuelto, y con una baja capacidad del Estado para garantizar un orden de convivencia en muchos territorios. Lo anterior vislumbra que organizaciones armadas de todos los pelambres están detrás cada iniciativa de minería, desde pequeñas, grandes y medianas para capitalizar rentas, negociar territorios, brindar supuesta seguridad o simplemente extorsionar para permitir el desarrollo de las explotaciones. Éstas son historias ya conocidas, donde la capacidad del Estado para garantizar que no se repitan está seria y profundamente cuestionada.

Si queremos de verdad promover una expansión de la minería, debemos actualizar entonces la capacidad del Estado para ser garante de una minería socialmente responsable, sin afectaciones al medio ambiente, que promueva el desarrollo regional y que se vean los beneficios en pro de unas comunidades que requieren mejores condiciones de vida. Para ello se requiere contar con instituciones técnicas y con capacidad de control y supervisión, que puedan liderar un proceso complejo de estudios y concertaciones con las comunidades donde se desarrolle la minería, dándoles un lugar privilegiado a los mineros artesanales, promoviendo su cualificación técnica y organizativa y su posibilidad de mantenerse en ella.

La minería expansible y la actual no pueden ser el nuevo generador de conflictos y violencias sin fin. Es requisito sine qua non promover un debate nacional que proponga una actualización de las políticas para el sector, así como la actualización normativa e institucional. Se trata pues de grandes retos para un país que si bien tiene una inmensa potencialidad minera, tiene muchas debilidades para su implementación, sobre todo si se quiere ser responsable con la agenda ambiental, social y de convivencia.

POSDATA: Como estamos en época electoral, quiero manifestar mi apoyo por Gustavo Petro a la alcaldía de Bogotá, y para el Concejo por Antonio Sanguino, quien encabeza la lista del Partido Verde. Y desearles los mejores éxitos a Carlos Vicente de Roux, María Fernanda Rojas, Angélica Lozano, Jaime Navarro y Alix María Salazar, en la lista de Progresistas.


* Luis Eduardo Celis es coordinador de la línea de Incidencia Política de la Corporación Nuevo Arco Iris.
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