El horror y la sangre del oro en el Chocó

Dolor, rabia y máxima preocupación debería producir en Colombia la espeluznante devastación que criminales de todos los orígenes realizan en el Chocó, una de las grandes reservas naturales del país y de la humanidad, ante la mirada cómplice de las autoridades, en casi total impunidad.

Tan solo en año 2014 las FARC, ELN, “Urabeños”, “Rastrojos” y “Las Águlas negras”, dueños absolutos de la minería criminal, arrasaron 10.000 hectáreas de bosques y envenenaron con grandes cantidades de mercurio y de cianuro ocho de los principales ríos del departamento, un daño de gigantescas proporciones, quizás irreversible, que se debe fundamentalmente a que la minería criminal del oro es mucho más rentable que el narcotráfico.

Desde el inicio de su mandato en el año 2010 el presidente Juan Manuel Santos ha anunciado en doce oportunidades tolerancia cero y guerra total contra la minería criminal pero hasta el momento ese frenesí de la delincuencia, que arrasa territorios y pervierte comunidades, no ha parado de expandir su estela de muerte, violencia y corrupción en el país y de manera especialmente cruel en el Chocó.

Nadie lo sabe mejor que la mayoría de los pacíficos y atribulados habitantes de ese departamento que son las primeras víctimas del asalto. Explican en forma sencilla y contundente que teniendo el Chocó apenas dos vías de acceso, las autoridades civiles, militares, la Policía y la Armada deberían sentir vergüenza por la dimensión que alcanza ese fenómeno que se desarrolla día tras día a la vista de todos.

La actividad de la minería criminal se realiza con dragas, buldóceres y retroexcavadoras de gran tamaño que, atravesando con injustificable facilidad los numerosos puestos de control de las autoridades, las organizaciones introducen al departamento y transportan cotidianamente en planchones sobre el Atrato y otros ríos que también son escenario de un tráfico incesante e intensivo de combustibles, repuestos, mercancías varias y químicos. No es algo limitado a zonas apartadas: varios de los principales enclaves de esta minería criminal, como el de río Quito, están ubicados a menos de una hora de Quibdó.

Según la Defensoría del Pueblo los ríos Atrato, San Juan, Andágueda, Bebará, Bebaramá, Negua, Tutunendo y Quito están gravemente contaminados con mercurio y cianuro además de que sus cauces fueron desviados por la intervención de los complejos de la minería criminal. Son los ríos que suministran agua de consumo a los humildes habitantes tradicionales del departamento, su fuente de pesca y donde además se bañan y lavan la ropa. Al mismo ritmo disparatado en que crece la presencia de dragas y motoniveladoras crecen enfermedades como tos persistente, diarrea, fiebre, aumento en la tensión arterial, edema pulmonar, dermatitis y la incidencia de abortos espontáneos y malformaciones genéticas. Condoto, Lloró, Atrato, Istmina y Pizarro son los municipios más afectados.

Individuos, organizaciones y hasta la Diócesis de Quibdó envían desde hace meses a las autoridades y a diferentes medios de comunicación en el país dramáticas fotografías y videos que ilustran el sistema de cráteres en que está convirtiendo la minería criminal, hermosas valiosas e irremplazables zonas selváticas del Chocó, la destrucción de fauna y vegetación, la angustiosa degradación de los suelos y del agua.

Habitantes de la zona estiman en 200 los entables mineros que están en funcionamiento y que usan al menos 60 dragas, casi tres veces más de las que había en 2012. Para dimensionar el enorme daño que ocasiona este desenfreno basta citar un estudio del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (Iiap), que estableció que tan solo en la cuenca del San Juan han sido arrasadas por las dragas y retroexcavadoras de la minería criminal 62.000 hectáreas, el equivalente a 124.000 campos de fútbol.

Según datos oficiales la producción de oro en el Chocó pasó de 851 kilos de oro en 2004 a 16.925 kilos en los primeros nueve meses de 2015. De las 310 toneladas de oro que el país exporta cada año, 83% se extrae de minas ilegales lo cual ocasiona la pérdida de 310 hectáreas de bosques y el vertimiento de 205 toneladas de mercurio. Lo compran, sin hacer muchas preguntas, en el mercado mundial, empresas como la estadounidense Republic Metals Corporation y la suiza Metalor, un tráfico que merecería mayores controles y cuestionamientos por parte del Estado.

Las FARC con los Frentes 34, 57 y el Frente Aurelio Rodríguez controlan la mayor parte del territorio, la minería criminal en los ríos y el narcotráfico en el Chocó. El atractivo del territorio para ellos y los demás ilegales surge de su aislamiento, complejidad y diversidad, la abundancia de ríos y el acceso a rutas marítimas de drogas, en especial su acceso al Golfo de Urabá, que les permitió desarrollar corredores estratégicos para mover armas, mercancías, drogas y dinero.

El Chocó acumula muy graves problemas de empleo, educación, salud, ineficiencia y corrupción administrativa. Pero también, como se vio la semana pasada en el Festival Detonante sus habitantes son en su mayoría personas honradas y valientes y surgen nuevas generaciones que se aglutinan en torno de la cultura, el emprendimiento y la sostenibilidad. Colombianos que no tendrán futuro si continúa el desaforado y repudiable arrasamiento de su territorio por organizaciones criminales. Si siguen entrando maquinarias gigantescas, químicos y combustibles por las escasas vías y los ríos del departamento y saliendo oro por el aeropuerto de Quibdó, a la vista de todos y en total impunidad.