Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2006/02/26 00:00

Y el ministro allá

Sólo rodaron cabezas militares en el escándalo de las torturas en el Ejército, pero las civiles tienen aun mayor responsabilidad.

Y el ministro allá

Horas después de que estallara el escándalo desatado por las revelaciones de la revista SEMANA sobre las vejaciones que sufrieron varios soldados en un campo de entrenamiento militar a manos de sus superiores, el silencioso ministro de Defensa declaró que “sintió profunda vergüenza de lo ocurrido”. Pero en seguida añadió que “están conscientes de que no es un hecho generalizado”, y luego anunció las consabidas acciones inmediatas para que se produzcan decisiones judiciales contra toda la cadena de mando responsable.

Al día siguiente se anunció la destitución del comandante del Ejército, general Reynaldo Castellanos. Alguien tenía que pagar, y rápidamente, porque no fue el propio Ejército el que denunciara los hechos y asumiera la responsabilidad ante la opinión pública. Y con eso, y un enérgico discurso presidencial que recordó la importancia del buen trato para fortalecer la legitimidad de los soldados en la guerra, quedó cerrado el episodio.
 
Pero la vergüenza del ministro Camilo Ospina no le dio para asumir personalmente la responsabilidad de lo sucedido, como ha debido ser. Por situaciones bastante menos graves tuvieron que irse los dos antecesores del actual ministro Ospina, bajo este gobierno. Se supone que Colombia tiene un Ministerio de Defensa civil que orienta las políticas de defensa, diseña los mecanismos de control, vela por la legitimidad de las acciones militares, administra de manera eficiente los recursos y es el responsable de que se cumpla todo lo anterior.

No obstante, pareciera que, cada vez más, nuestros dirigentes civiles están acostumbrándose a ponerse en primera fila para recibir los aplausos por los logros en materia de seguridad, pero cuando se trata de errores vergonzosos, mandan sin reato a los oficiales a vestir el everfit, así hayan tenido, como el general Castellanos, una larga carrera de logros nada fáciles de obtener.
 
¿Cómo puede afirmar el ministro Ospina, sin colorearse, que estos tratos no son generalizados, cuando no habían pasado sino horas de conocidos los hechos? ¿Investigó en todas las dependencias de las Fuerzas Militares a la velocidad de un rayo y constató que nada de esto ocurría en otra parte?

Más grave aun es que repita el trillado “se tomarán acciones” para que los culpables sean juzgados penalmente. Esa es labor de la justicia, señor ministro. La suya es la de decirnos a los colombianos cómo van a ajustar las políticas de entrenamiento para que nunca más un miembro del Ejército considere, como lo confesó cándidamente uno de los torturadores, que “eso es lo que le han enseñado”, o, como quizá pensó el coronel responsable del batallón, a juzgar por su inacción, que eso es tan normal que no valía la pena ni inquietarse.
 
Un ministro civil responsable hubiera ido más allá y se hubiera preguntado si están funcionando los controles para garantizar que el accionar militar también frente a los civiles sea dentro de la ley y el respeto humano. Como bien lo advirtieron varios civiles desde el mismo Ministerio –antes de que este sucumbiera de nuevo a viejas lógicas militares–, si estos controles no operan con eficiencia, peligra la legitimidad de la difícil guerra que libra el Estado contra los grupos armados ilegales. Y, por si en el Ministerio de Defensa no se han enterado, es bueno que sepan, aunque sea por la prensa, que por ejemplo, en Caquetá, escenario central del Plan Patriota, no se hace mayor cosa frente a los abusos de soldados a campesinos civiles porque sus comandantes operativos son quienes deben investigarlos pero, a la vez, dependen de ellos para demostrar resultados.
Es apenas normal que opten por no hacer demasiado esfuerzo para constatar la veracidad de las denuncias. La culpa ahí, más de que de ellos, es de las políticas que los rigen y eso es responsabilidad de los civiles.

Es claro que los oficiales de las Fuerzas Armadas deben responder cuando sus subalternos violen la ley. Pero eso no significa que los civiles se laven las manos cuando el barro salpique muy alto. Más en este caso que –contrario a lo que dijo el Ministro– lo que estalló puso en evidencia un mar de dudas sobre la filosofía imperante en los cuarteles, y la urgencia de contar con controles para proteger y dignificar la titánica tarea de ser soldado hoy en Colombia.

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