El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, le dijo al Congreso que el Gobierno va a dejar de decir “campesino”. De ahora en adelante serán “pequeños empresarios del campo”, porque la primera palabra, según él, es despectiva.
Entiendo lo que busca el ministro y lo aplaudo, que quien trabaja la tierra deje de ser visto como alguien condenado a la subsistencia y empiece a ser reconocido como alguien capaz de producir, crecer y hacer empresa. En eso, podemos estar de acuerdo. El problema es que para dignificar al campesino no hace falta dejar de llamarlo campesino.
Creo que ahí hay un malentendido que vale la pena aclarar, porque el propio ordenamiento jurídico colombiano dice algo muy distinto.
“Campesino” viene de “campo”. Es como la palabra “urbano” para quien vive en la ciudad y nadie piensa que ese término sea ofensivo. Lo que hace que una palabra cargue un estigma no es la palabra en sí, sino el trato histórico que ha recibido quien la lleva encima. Y si “campesino” fuera realmente una palabra despectiva, no tendría sentido que la Constitución la escogiera, entre todas las posibles, como el nombre oficial de una categoría de sujetos con derechos reforzados. El Acto Legislativo 01 de 2023 modificó el artículo 64 para establecer que el campesinado es sujeto de derechos y de especial protección, con un particular relacionamiento con la tierra basado en la producción de alimentos en garantía de la soberanía alimentaria, y agrega que los campesinos y las campesinas son libres e iguales a todas las demás poblaciones y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación fundada en su situación económica, social, cultural o política. Un Congreso no construye una norma de dignidad alrededor de una palabra que considera insultante. La construye alrededor de la palabra que quiere reivindicar.
Creo que lo que pasa es que se está confundiendo el estigma social con el estatus jurídico. Que en el imaginario urbano “campesino” suene a atraso es un problema cultural real, pero no se resuelve prohibiéndole al Estado nombrar correctamente a la población que protege. Se resuelve trabajando sobre ese prejuicio, no sobre la palabra.
Incluso la Corte Constitucional, que lleva más de una década desarrollando esta protección, nunca ha identificado la palabra como el problema; sostiene que los campesinos son sujetos de especial protección atendiendo a las condiciones de vulnerabilidad y discriminación que los han afectado históricamente, y a partir de ahí les reconoce un corpus de derechos que va de la tierra al agua, la salud y la participación. Lo que la Corte señala como problema es la vulnerabilidad estructural, no el nombre que la describe. La palabra, más bien, fue la herramienta que permitió nombrarla y empezar a repararla.
Ahora bien, hay una consecuencia práctica que me parece importante mencionar, porque no es solo un debate simbólico: buena parte de la institucionalidad rural colombiana, como la Agencia Nacional de Tierras, el Banco Agrario, las líneas de crédito de Finagro, los programas de subsidio y formalización y, en general, las políticas públicas, está diseñada jurídicamente alrededor de “campesino” como categoría de beneficiario. Si el Estado empieza a nombrar oficialmente a esta población de otra manera, existe un riesgo real de que, en la aplicación administrativa de esas normas, se generen vacíos sobre quién sigue calificando para esos programas. No es una simple diferencia; cambiar el nombre de una categoría de protección puede terminar afectando, aunque sea indirectamente, el acceso a la protección misma.
Ustedes se preguntarán ¿por qué le suena tan bien al ministro la palabra “empresario”? Porque activa una idea distinta de quién resuelve el problema. Esto tiene nombre en ciencia política: se llama framing o encuadre y lo trabajó el lingüista George Lakoff. La palabra “campesino” activa tierra, comunidad, historia, un Estado con deberes pendientes. La palabra “empresario” activa mercado, mérito individual, alguien que se las arregla solo. No es un simple cambio de vitrina, respetuosamente, ministro: es mover la responsabilidad de sus hombros a los de ellos.
Y hay un punto de fondo que creo que vale la pena señalar, porque el anuncio parte de tratar “campesino” y “empresario” como dos identidades que se excluyen, cuando en realidad llevan generaciones conviviendo en la misma persona. Quien calcula el ciclo de preñez de una vaca antes de decidir si vende o reinvierte ya está gestionando un negocio. Quien espera el precio del cacao antes de cosechar ya está leyendo mercado. Los campesinos no necesitan convertirse en empresarios del campo: ya lo son. La idea de que una palabra suena a atraso y la otra a progreso es, creo yo, un prejuicio que ponemos nosotros desde afuera, no algo que viva en la realidad del campo. Por eso pienso que la solución no es pedirle al campesino que cambie de nombre, sino que se cambie la forma en que miramos esa identidad.
No está de más recalcar que el problema del campo colombiano nunca ha sido trabajar. El problema son las barreras que encarecen producir, dificultan competir e impiden crecer. Si el objetivo es elevarle el estatus al campesino, creo que el camino no está en el nombre, sino en fortalecer el negocio que ya construyó.
Un crédito rural que entienda los ciclos productivos sería un buen comienzo: una vaca, un cultivo de cacao y una cosecha de arroz no generan ingresos de la misma forma ni en los mismos tiempos, y el sistema financiero rural los sigue tratando como si fueran el mismo cliente. Tratar el agua como infraestructura productiva (reservorios, distritos de riego, pozos donde sea técnica y ambientalmente viable) también ayudaría, porque el clima no puede seguir siendo nuestro único sistema de riego. Una vía terciaria en buen estado también es competitividad, pues cada hora extra para sacar leche, ganado o papa termina metida en el precio del alimento. Y ayudar al productor a quedarse con más del valor que genera es clave, porque producir más no siempre significa ganar más. Se necesita transformar en origen, almacenar, tener información de precios y reducir intermediarios innecesarios para cambiar la rentabilidad y sin sembrar una hectárea adicional. Todo esto, además, necesita seguridad, pues, como sabemos todos los que trabajamos en el campo, es difícil que alguien reinvierta donde invertir significa exponerse a extorsión o robo.
Así que sí, ministro, el campo tiene que crecer como empresa y ojalá el Gobierno se la juegue de verdad por eso. Pero creo que cambiarle el nombre a la gente no es, en el fondo, una política agraria. Es un gesto simbólico que corre el riesgo de distraernos del trabajo real. Y el campo colombiano lleva demasiados años esperando ese trabajo.