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Opinión

  • | 2017/11/21 08:12

    El calvario de la JEP, aún no termina

    Sorprende la pasividad con que el presidente Santos ha asumido la manera como desde el Congreso y la Corte Constitucional le han venido metiendo la mano al acuerdo de paz de La Habana, volviendo casi trizas su gran obra de Gobierno.

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No objeto que Santos vaya a donde quiera a recibir premios por la paz lograda en su país, pero sí desconcierta que ese compromiso adquirido a nombre del Estado colombiano no lo cumpla o, por lo menos, haga algo para evitar que se renegocie lo acordado. Esa si es una verdadera pesadilla presidente Santos. Las modificaciones a la Justicia Especial para la Paz (JEP) están provocando incertidumbre entre las filas de los reincorporados a la vida civil; es tan delicado el asunto que ya reportan deserciones de varias zonas de reincorporación rumbo a engrosar las filas del ELN o del llamado Clan del Golfo que, dicen, está ofreciendo atractivos salarios.

Es grave y muy delicado no garantizar seguridad jurídica para quienes hicieron dejación de las armas y decidieron asumir la responsabilidad de reincorporarse a la vida civil. El acuerdo se hizo para cumplirlo no para deshonrarlo. Más allá de la palabra empeñada con las Farc, qué estarán pensando los más de 180 países que agrupa las Naciones Unidas y que, por decisión unánime, delegaron en sus funcionarios ser garantes de un pacto de paz que apagó los fusiles de más de 7.000 hombres en armas.

A nombre del Estado se pactó un acuerdo más allá del silenciamiento de unos fusiles; se acordó sacar el país del estancamiento que provoca la inequidad social; flexibilizar las estructuras rígidas que excluyen a las masas de procesos creativos y productivos; y se pactó una participación política amplia para modernizar nuestra precaria democracia. No obstante, a juzgar por los pocos días de vigencia que le quedan al fast track, ese “esfuercito”, al parecer, se perdió.

Ahora, cambiando de tercio, desde el escenario legislativo el sabor revanchista, si se quiere de retaliación, las bancadas que se opusieron desde un comienzo al proyecto de ley que reglamenta la JEP, aprobaron un artículo a todas luces inconstitucional al imponer, posterior a la elección de los magistrados de la JEP, inhabilidades que resultan abiertamente ilegitimas.

Claro ese revanchismo no viene solo, sin duda lo que delata esa actitud es la impotencia que les genera, a la mayoría de parlamentarios, perder manejo e injerencia sobre las decisiones de los magistrados de la JEP. Malograr ese control político sobre la magistratura especial es una desventaja, por ello acuden, además, a la estrategia de la estigmatización y el señalamiento de quienes administrarán justicia en el posconflicto.

Dicho lo anterior, vale referir un hecho que pone de presente la mordaz descalificación con que se valoran los magistrados de la JEP. En momentos en que se iba a votar el artículo 104 de la estatutaria escuché decir a un senador del Centro Democrático (CD): “Este artículo sí lo vamos a votar para sacar a unos cuatro o cinco mamertos que fueron escogidos en la JEP”.

Y fue así. Nunca se les había visto tan unidos a senadores de Cambo Radical, el Centro Democrático, Conservadores y disidentes del Partido Liberal en pos de neutralizar a unas personas que esperan asumir la tarea de garantizarle a las víctimas: Justicia, Verdad, Reparación y No repetición. Sin embargo, el calvario de la JEP aún no termina, le queda el espinoso trámite de la Cámara baja.

@jairotevi

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