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Opinión

  • | 2017/04/08 09:47

    ¿Votaría usted?

    En el escenario que se está construyendo para una nueva reforma política, cualquier modificación del régimen electoral, será realmente inútil si personas que han cometido los más graves delitos, pueden llegar a dirigir nuestros destinos y los de nuestros hijos.

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El martes 4 de abril empezó a regir la nueva reforma constitucional que creó la Justicia Especial para la Paz -JEP-. Todos los reparos y reservas que muchos colombianos expresamos durante meses con respecto a su diseño y alcances, fueron desoídos por el Gobierno y el Congreso, habiéndose creado un nuevo “súper poder judicial” que incluso estará por encima de las altas cortes, sin límite en el tiempo y con poder para “auto convocarse” en el futuro, en el evento en que sienta amenazadas sus decisiones. No existe en ningún país del mundo una estructura similar, pues algo como lo creado, como fruto del acuerdo de paz con las Farc, rompe cualquier concepción de equilibrio de poderes en el contexto de un estado de derecho.

Pero en el nuevo Acto Legislativo recién aprobado por la vía del “fast track”, se incluyó algo aún más grave, el artículo 20 transitorio establece que “la imposición de cualquier sanción en la JEP no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política.”

Esto quiere decir que un miembro de las Farc podrá presentarse ante los colombianos para que voten por él, no obstante haber cometido un delito grave, o sea, un delito de lesa humanidad, genocidio, crimen de guerra, toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, sustracción de menores, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, o cualquier otro delito o delitos graves por los cuales los futuros magistrados de la JEP le impondrían una sanción, que como establece el acuerdo, puede consistir solo en una restricción efectiva de la libertad, que no implica la reclusión en una cárcel sino el desarrollo de actividades productivas en una instalación rural, por ejemplo sembrar lechugas.

Además de lo anterior, como quedó redactada la norma, ni siquiera es necesario que el condenado haya cumplido con la sanción, pues el artículo solo menciona que basta con la “imposición” de la misma, es decir que será suficiente que los magistrados fijen dicha sanción para que el miembro de las Farc, sin importar la gravedad de su delito, quede habilitado para hacer política.

Permitir que alguien haga política, sin importar el tipo de sanción que le imponga la JEP, y sin exigir que la haya cumplido, quiere decir que no obstante el delito que haya cometido, así sea el más terrible y reprobable, siempre podrá ser parte del partido político que creen las Farc, y por tanto podrá llegar a ser edil, concejal, diputado, alcalde, gobernador y hasta presidente, alguien que haya reclutado menores, violado mujeres, desplazado campesinos e indígenas, secuestrado ciudadanos, en fin, alguien que en ningún otro país del mundo podría siquiera integrar una lista de candidatos para una junta de vecinos.

¿Pasará esta norma el examen de la Corte Constitucional? Si hay conciencia institucional y respeto por los derechos fundamentales, no debería. En el escenario que se está construyendo para una nueva reforma política, cualquier modificación del régimen electoral, de la estructura de los partidos políticos, de las reglas para el ejercicio de la oposición, será realmente inútil si personas que han cometido los más graves delitos, pueden llegar a dirigir nuestros destinos y los de nuestros hijos.


*Ex viceministro de justicia. Decano de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda.
@ceballosarevalo

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