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Opinión

  • | 2017/05/18 22:52

    “Mueran Sansón y todos sus filisteos”

    La frase bíblica denota la intención de acabar con el adversario así el precio sea la propia vida.

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En la reciente convención del Centro Democrático uno de los oradores habló de la necesidad de “hacer trizas el acuerdo del Gobierno con las Farc”. Esa propuesta carece de factibilidad y no es conveniente por los motivos que se expondrán.

Pero antes hay que decir que abundan las razones para oponerse a ese proyecto, para haberlo votado en contra en el fallido plebiscito, y para tener múltiples preocupaciones derivadas de lo que ha sucedido desde su entrada en vigencia.

Argumentos suficientes había para asumir desde fines del mandato de Uribe -pero con total certeza desde cuando se dio de baja a Alfonso Cano, líder máximo de las Farc- que ese era el momento adecuado para abrir unas negociaciones encaminadas a lograr su desarme, ofrecerles una justicia benévola, espacios para actuar en política y medidas de reintegración a la vida legal. Todo esto y mucho más se les concedió en magnitudes que resultan incomprensibles dada la correlación de armas, tropas y legitimidad política.

El pacto con las Farc tendrá rango constitucional durante un periodo de 12 años, lo que es tanto como decir que la Carta de 1991 ha sido sustituida durante ese lapso por un híbrido del cual el clausulado adoptado por los representantes del pueblo es, apenas, un componente colocado en pie de igualdad con el suscrito por el compañero Timo y nuestro presidente. Se pretendió, mediante esta anómala cirugía, darle a la guerrilla un blindaje jurídico absoluto que la corte, con buen juicio, ha comenzado a modular.   

Una manifestación ostensible del triunfo político de las Farc lo representa la Jurisdicción Especial de Paz organizada al margen de las normas propias del derecho nacional; la Corte Suprema, la Fiscalía, la Procuraduría, la legislación penal y procesal penal han sido colocadas al margen. “El derecho del enemigo es inaceptable”, decían los dirigentes farianos para rechazarlo. Contra todo pronóstico tuvieron éxito.

La agenda que materializa el acuerdo es abrumadora: hasta el 15 de mayo se han aprobado, o están a punto de serlo, cinco reformas a la Constitución, seis leyes bajo el mecanismo acelerado, 11 decretos legislativos. La segunda avalancha, que será tramitada mediante la extensión del fast track, es de una magnitud similar.



Por supuesto, resulta imposible un conocimiento siquiera aproximado de lo que serán las instituciones y reglas de juego que nos regirán; la inseguridad jurídica es enorme, pequeño detalle que no perciben los embajadores que amablemente nos estimulan con sus breves visitas y prolongados aplausos.

Para no alargar el inventario de infortunios, anotemos que las Farc cogobiernan, o casi, mediante una comisión paritaria que debe pronunciarse en todo lo que tiene que ver con el proceso de implementación del Acuerdo.

¿Por qué, entonces, no hacerlo “trizas”? La solución es mucho más complicada. Implica consolidar algunas normas y derogar otras, modificar no pocas y evaluar aquellas respecto de las cuales en este momento carecemos de suficientes elementos de juicio. “Como las cosas se deshacen como se hacen”, el futuro Congreso carece de restricciones jurídicas.

El punto de partida para abordar tan difíciles tareas consiste en reconocer una realidad de singular importancia: la guerrilla más grande y dañina del país ya no es una amenaza para la seguridad nacional (hay disidencias, es verdad, y muchos otros focos de perturbación del orden, pero ese es problema distinto). Es igualmente positivo y claro que el grueso de la guerrilla ha ingresado a las zonas de concentración y allí permanece. No obstante que el cronograma de entrega de armas funciona con retrasos, estos más parecen derivados de factores logísticos que del propósito de incumplir.

Imaginemos, como creería va a suceder, que estas dinámicas culminan con éxito. En tal caso, pretender revocar las amnistías e indultos que se concedan bajo el Gobierno actual sería injusto, inconveniente y violaría derechos adquiridos. Por las mismas razones habría que respetar las curules que las Farc obtengan en las próximas elecciones parlamentarias.

A la inversa, no tengo duda de que por elementales razones de soberanía es preciso eliminar de la Constitución el cuerpo extraño que se le introdujo. Conviene, así mismo, recuperar plena autonomía para definir la política contra las drogas ilícitas. Eliminar la aberrante posibilidad de que los condenados por los delitos propios del conflicto puedan desempeñar, al mismo tiempo, cargos de representación popular. Y restablecer a plenitud la extradición, incluidos los miembros de las Farc, como un mecanismo idóneo de lucha contra el crimen.

Entre los extremos de lo que habría que conservar y eliminar, la tarea inteligente debería ser de serena evaluación para corregir y ajustar lo que corresponda.  

Para ilustrar esta opción supongamos que la designación de los magistrados de la JEP genera confianza, que la Corte Constitucional corrige los principales agravios a la Constitución que en su diseño se cometieron; que se logra poner a funcionar ese aparato; que, en efecto, la prontitud y justicia de sus determinaciones al país asombra; y que la sociedad considera sus sentencias como cabal síntesis de los anhelos contrapuestos de justicia y paz.

La postura política útil para Colombia, en este complejo momento o en cualquiera otro, es el reformismo gradual; tan equivocado es arrasar con todo para comenzar de nuevo como intentar congelar el cambio social.

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