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Opinión

  • | 1994/04/11 00:00

    MUGRE EN EL OJO

    YA ES HORA DE QUE EL FISCAL GENERAL DE LA NACION EXPLIQUE EN QUE ANDA.

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EN LAS PELICULAS DE PERRY MASON había siempre una constante: casi todos sabíamos que el acusado era inocente. La única excepción era el fiscal, quien a nombre de la ciudadanía hacía hasta lo imposible por lograr que el hombre del banquillo fuera a parar a la cárcel o, por qué no, a la silla eléctrica. Pero el fiscal era el malo de la película, únicamente porque el acusado era el bueno, y ese era un secreto que sólo sabíamos Perry Mason y nosotros.
En la vida real pasa lo contrario. El acusado suele ser el malo, pues el Estado, a través de la Fiscalía, tiene alguna razón para pensar que cometió un delito. Mientras se demuestra la inocencia o culpabilidad del reo, el fiscal es el duro del paseo como una condición para que el sistema funcione. Por definición, el fiscal acusa y el acusado se defiende.
Esa situación quedó clara en Colombia cuando el doctor Gustavo de Greiff se posesionó como el primer fiscal, y en muy poco tiempo la suya se convirtió en la imagen de la lucha contra el delito. No han sido pocos los comentarios favorables a su gestión y muchos de ellos han coincidido en que el Fiscal le devolvió a la justicia parte de su credibilidad perdida. Se ha dicho incluso que los delincuentes más temibles temblaban ante la simple mención del nombre de De Greiff. Todo eso es verdad, y de ahí que sea una de las personas más populares y queridas en Colombia.
No me detengo mucho a hacer aclaraciones sobre la honradez de Gustavo de Greiff porque creo que está suficientemente probada, pero para nadie es un secreto que de un tiempo para acá su nombre ha estado vinculado a episodios que no tienen nada que ver con la persecución de los delincuentes.
Al comienzo fueron unos rumores sobre conversaciones de la Fiscalía (cada vez con menos intermediarios) y los capos del cartel de Cali, al parecer para buscar su entrega; después fueron las historias de las solicitudes del Fiscal de que se permitiera que personajes vinculados con 'Los Pepes' se entrevistaran con los presos del cartel de Medellín; más tarde aparecieron unas versiones sobre la celebración de indagatorias a delincuentes, cuya descripción sonaba más a diálogo de paz entre carteles que a interrogatorio de sindicado...
Si se tiene en cuenta lo que han significado para Colombia el narcotráfico y su violencia, todos esos comentarios merecerían una explicación detalladísima del Fiscal. Pero hasta el momento, ese problema de auténtica seguridad nacional, se ha tratado en un tono demasiado menor para la importancia que tiene, y tal vez se explica por la confianza que el país le tiene al doctor De Greiff.
Pero la última ya fue demasiado lejos. Resulta que el Fiscal considera "conveniente" que los lugartenientes de Pablo Escobar ('El Arete', 'El Mugre', ¿se acuerdan?) regresen a la cárcel de Itaguí, de donde fueron sacados tras ser declarada la emergencia penitenciaria justamente por sus actividades. ¿Conveniente? 'El Mugre' se fugó de la cárcel con Escobar y estaba presente en La Catedral cuando ocurrieron los hechos que el propio Fiscal denunció y que obligaron al traslado que concluyó en escapada.
Y si a eso se suma, como agregó el Fiscal, que le parece que esos personajes ya no están interesados en delinquir, hay que hacer un alto, porque eso es decir demasiadas cosas con muy pocas explicaciones. Nadie se puede dar el lujo de asegurar que los terroristas que inundaron de sangre al país no estén interesados en volver a delinquir. La lista de los muertos es tan larga y la narración de los actos de salvajismo tan escabrosa, que se necesita una explicación muy profunda y razonada para que semejante afirmación deje de parecer una barbaridad. Y con mayor razón si se hace en medio de lo que parece ser una mediación para un proceso de paz entre bandidos.
Eso no quiere decir que no sea bueno que haya paz: dicen los que han conocido la paz que es mucho mejor que la violencia. Pero es que al Fiscal le corresponde perseguir delincuentes y no consentirlos. Su deber es ponerlos contra la pared de tal manera que no tengan más remedio que claudicar y desmantelar sus bandas. Su obligación no es aplacarlos sino atemorizarlos, y al negociar cosas como el sitio de reclusión está renunciando a nombre del Estado a una de las pocas armas que ellos temen.
El país tiene derecho a saber qué está pasando, y los índices de popularidad no pueden ser suficiente argumento para eludir esa responsabilidad. De Greiff debe recobrar la postura de un auténtico fiscal y dejarles a otros esas gestiones de paz entre carteles. Se sabe que tiene buenas intenciones, pero es mejor evitar que algún malpensado le diga que anda de estafeta. -
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