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Opinión

  • | 2014/03/29 00:00

    Muladar grafitero

    Hay uno que otro mural que se puede exaltar, aunque la mayoría son simples atentados de desadaptados.

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En octubre pasado, Jiamei Tian, ciudadana china, tuvo que comparecer ante la justicia por destrucción de propiedad. Fue enviada con un brazalete electrónico a un centro comunitario con prohibición de visitas. La señora pintó en Washington D. C. el Lincoln Memorial y la Catedral Nacional. En ese momento se informó que la destrucción de propiedad tiene pena máxima de 10 años de prisión y multas hasta de 5.000 dólares.

En Bogotá la cosa es al revés. En nombre de la libertad de expresión y de la promoción del “arte popular”, la administración del “destituido” se dedicó a privilegiar el grafiti; expresión que, se puede comprobar al transitar por las calles, tiene aquí más de vandalismo que de arte. Una cosa son los murales artísticos que decoran algunos edificios, y otra, muy diferente, los rayones, leyendas, manchas, gráficos o símbolos que ensucian las propiedades pública y privada.

¡Bogotá es un muladar! Hay uno que otro mural que se puede exaltar, aunque la mayoría son simples atentados de desadaptados contra monumentos, edificios históricos, parques, puentes, mobiliario urbano, inmuebles públicos y fachadas de casas de ciudadanos que no tienen económicamente forma de recuperarlas.

¿Acaso el papel del Estado y de la Alcaldía no debe ser el de crear y mantener condiciones que favorezcan la convivencia y el respeto entre los ciudadanos? ¿No debe garantizar la integridad de la propiedad privada y defender el espacio público? ¿No debe proteger los derechos de los bogotanos?
Como todo en la extrema izquierda es ideología, cualquier garabato en una pared es entonces “arte popular” y herramienta de subversión contra el orden y el establecimiento. Por eso, en vez de regular tal práctica, restringir y organizar, hay que promoverla, conseguir que se extienda y mientras más inmuebles se afecten, mucho más exitosa la Bogotá Humana. ¡Toda una fantasía!

No es la negligencia que caracterizó al gobierno del destituido. ¡No! Es una política diseñada con el fin de generar tal caos. El Concejo de Bogotá aprobó el Acuerdo 482 de 2011 con el fin de “establecer normas para la práctica de grafitis en lugares autorizados”, preservar el paisaje y conservar y proteger el espacio público, al tiempo que apoyar dicha “expresión artística”. La norma es clara: tal actividad se debía ejecutar exclusivamente en lugares que se declaren “aptos” por el Distrito.

Pero el destituido hábilmente invirtió las cosas y convirtió la regla general en excepción. Con el Decreto 75 de 2013, en vez de señalar los lugares “aptos” en los que únicamente se podrían hacer los grafitis, terminó reglamentando “los lugares no autorizados”, con lo cual, en el resto del espacio público se puede pintar.

Así, entre las “excepciones” que se aplican a los grafitis están los elementos que conforman el subsistema vial; los equipamientos destinados a la prestación de servicios de salud, educación y bienestar social; los cementerios, y los bienes de interés cultural. La administración distrital debió proceder a señalar qué sitios específicos se autorizan y no al revés. El resultado se ve en las calles.
Por supuesto, esto no es un error, es la expresión de una equivocada política llena de prejuicios que dio licencia de ensuciar la ciudad a cualquiera que tenga los cuatro o cinco dólares que cuesta un aerosol.

No hay que dejarse confundir. Un artista no es un vándalo que destruye las propiedades privada y pública. Un mural no es ensuciar y una marca de territorio de una pandilla o rayar una pared no es una expresión artística. Lo que se cuestiona no es el grafiti, es su utilización en actos de vandalismo. Así como que se convierta en propaganda criminal. Ahora se tiene que tolerar que en plena Avenida el Dorado un mural haga homenaje a Manuel Marulanda. ¿Qué dirían si fuera de Carlos Castaño, un asesino igual?

Organizar no es censurar, es asegurar que de manera ordenada existan espacios para los grafitis, a la vez que garantizar los derechos del resto de los ciudadanos. Eso implica precisar dónde se pueden hacer y por cuánto tiempo pueden estar, al igual que sancionar con severidad a quienes se atrevan a llevarlos a cabo en otros lugares.

La consecuencia de esa política no es sólo la contaminación visual y la agresividad en los espacios, sino el deterioro de los entornos urbanos y la sensación de caos y desgobierno. La delincuencia crece en ambientes con esas características. Arreglar la casa, arrancando por los grafitis y la protección del espacio público y de la propiedad privada, es indispensable. Bogotá necesita autoridad, no políticas orientadas a expandir el desorden.
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