Nada claro frente a las bandas criminales

Me parece clara la posición del presidente Santos frente a las guerrillas. Se puede discrepar o estar de acuerdo con sus enunciados, pero no se puede decir que haya confusión de ideas y estrategias. Reconoce la existencia de un conflicto armado interno; a pesar de la degradación de las acciones y de las manifestaciones de terrorismo, acepta la naturaleza política del fenómeno; mantiene la presión militar sobre estas fuerzas, golpeando reiterativamente a sus mandos y estructuras; y, al mismo tiempo, habla de la disposición a negociar la terminación de la guerra si la insurgencia acepta unas condiciones, la primera de las cuales es el compromiso de no pararse de la mesa hasta lograr la paz.

En cambio, no me parece clara la posición frente a los neoparamilitares. Santos tuvo la valentía de tomar distancia del anterior gobierno al momento de valorar el alcance de estas organizaciones y muy pronto señaló que se habían convertido en la primera amenaza a la seguridad del país. Tenía la evidencia de que en 2009 y 2010 estas fuerzas habían desarrollado el doble de acciones que las guerrillas, muchos más homicidios, desplazamientos y amenazas sobre la población y mil veces más actividades de corrupción sobre miembros de la fuerza pública y funcionarios del Estado. Pero, aún así, no era fácil poner en un segundo plano a los alzados en armas en un país que durante décadas cultivó el imaginario de que la principal o la única amenaza era la izquierda armada.

Ahí dio un paso adelante el presidente. Pero se quedó corto a la hora de precisar las características de las bandas y al momento de definir estrategias y disponer recursos y fuerzas para combatir el fenómeno. Se dejó contaminar por el ardid del anterior gobierno que acuñó la denominación de bandas criminales e insistió en que estas nada tenían que ver con las Autodefensas Unidas de Colombia y eran apenas expresiones del narcotráfico, para encubrir el hecho de que solo habían logrado una desmovilización parcial de estas estructuras.

Eso le impidió ver que las bandas se estaban reproduciendo con rapidez asombrosa en los mismos lugares donde tenían presencia los anteriores paramilitares. Lo limitó también para entender que estas organizaciones continuarían realizando algunas actividades parecidas a las que en su momento desarrollaron las huestes de Carlos Castaño.

Pero hay algo más importante. El gobierno no ha dedicado mayores esfuerzos a estudiar los cambios que se han operado en el crimen organizado en el país y los retos que estas transformaciones implican. Con la pérdida de mercados internacionales de las drogas ilícitas, estas fuerzas intensificaron el tráfico interno, buscaron con afán las grandes ciudades del país y sus centrales de abasto, adelantaron una cruzada de reclutamiento de jóvenes a quienes les pagan salarios que rondan el millón de pesos y se están peleando a muerte el contrabando de gasolina, la minería ilegal, el robo de autopartes, el tráfico de armas y una gran diversidad de negocios legales.

Ante la amenaza que significa la restitución de tierras, la reparación a las víctimas, el mayor control de las regalías y las acciones contra la corrupción, han desatado una aguda disputa jurídica, una cadena de intimidaciones y una sofisticada campaña de desprestigio contra sectores de la sociedad civil y funcionarios responsables de estas actividades.

El paro armado obligado o inducido por los Urabeños es apenas una muestra del poder y la influencia que han alcanzado estas fuerzas. El desconcierto inicial del gobierno nacional ante los hechos es el reflejo de las graves limitaciones que tiene la estrategia contra estas organizaciones.

Como el eje articulador de las actividades de las bandas es el control de mercados legales e ilegales y la captura de rentas públicas y privadas, y como en este propósito la búsqueda de complejas alianzas con políticos, empresarios y miembros de la Fuerza Pública es primordial, la puerta de entrada a una estrategia eficaz contra estas organizaciones es la intervención de sus actividades económicas y la depuración del Estado de agentes cómplices de estos grupos. Es la movilización de todo el Estado, no solo de las fuerzas policiales.