Nadie dice ni mu. Ni los candidatos, ni el presidente, ni los expresidentes

En nuestro país, desde luego, los abstencionistas son muy numerosos quizá porque el régimen clientelista que viola el principio de igualdad de oportunidades, que se centra en el favor personal a la clientela para la cual se consiguen puestos, contratos de toda índole y prebendas, no enamora, no seduce ni puede seducir a las mayorías que en las democracias avanzadas se mueven por grandes proyectos, por ejemplo: cómo profundizar y ampliar con propuestas concretas la democracia liberal, la libertad, la igualdad, la seguridad, la convivencia ciudadana, el cambio, el progreso, la rebaja general de impuestos, el aumento de la tributación para los inmensamente ricos, cómo generar la mayor cantidad posible de puestos de trabajo en busca del pleno empleo, la distribución equitativa de los ingresos, tierra para quienes quieran  trabajarla y para grandes explotaciones agroindustriales,  una revolución en la educación, la salud, la justicia y la vivienda, etc. Es natural que nuestro régimen político, el que opera en la práctica, no pueda capturar la imaginación ni suscitar el entusiasmo de las masas.  

Ello explica, por ejemplo, por qué en la elección presidencial de 2014, en la segunda vuelta, la votación sumada de los dos candidatos fue de 14.721.987 sobre un total del censo electoral de 32.972.158, es decir, solo votó el 44,65 por ciento de los ciudadanos.

Y no puede ser de otra manera pues el “régimen” conspira contra los más humildes, los que no tienen ‘palancas’, pero que podrían triunfar en concursos de méritos objetivos y públicos, honestamente llevados a cabo si la actividad administrativa estuviera presidida por el principio de igualdad de oportunidades. En otros términos, nuestro “régimen” tiene una configuración estructural, en la realidad de los hechos, totalmente contraria al interés de las grandes mayorías, pues tiene sus propios intereses distintos de los intereses generales del electorado.

Se ha dicho en diferentes documentos que son hoy patrimonio de la humanidad  que los hombres nacen y permanecen iguales ante la ley. Es un principio que no tiene, gracias a nuestro “régimen”,  aplicación entre nosotros. Está obviamente recogido en la Constitución del 91 y en innumerables tratados internacionales, que demuestran como la realidad política escapa a los mandatos de la Constitución y de la ley.  La aplicación de nuestro Estado de derecho es, pues, en nuestros días, sumamente limitado.

He estado refiriéndome al proyecto según el cual “La participación en las elecciones anteriores constituirá un requisito obligatorio para acceder al empleo público”… Este exabrupto pasó en primer debate en la Cámara de Representantes y permanece inalterable en la ponencia para segundo. Va haciendo su carrera silenciosamente en el Congreso como una serpiente venenosa, como si hubiera un acuerdo tácito de todas las fuerzas políticas de no ocuparse de este proyecto. No es objeto de debate tampoco en los programas de opinión de las grandes cadenas de televisión y radio. Nadie lo trae a cuento: por ejemplo, ni Hora 20,  ni Semana en Vivo, ni Caracol, ni RCN. Tampoco es objeto de discusión en el Congreso en el cual pasa de agache.

Es un proyecto de norma que, como ya lo he puesto de presente anteriormente viola el derecho a la participación política,  una de cuyas expresiones es el acceso  a la función pública en condiciones de igualdad para todos los colombianos sin distinción de ideología, de credo político, de partido o de concurrencia o no a las urnas.

Pero no es solamente que esta próxima violación colectiva de derechos políticos no merece la atención de los medios masivos de comunicación. Es que respecto de ella también pasan de agache los candidatos a la Presidencia de la República sin distingo de orientación partidista.

Cómo explicar el silencio de los periodistas, de los columnistas, con excepción de un confidencial de la revista SEMANA, que reflejó adecuadamente la problemática bajo el título de ‘Mico a la vista’:

“Ha pasado inadvertido un artículo en la reforma política que prohíbe acceder a un cargo público a las personas que no hayan votado en las elecciones anteriores. En un país en donde gran parte del empleo depende del Estado, esa norma equivale a imponer en forma velada el voto obligatorio. Adicionalmente, en casos en que el acceso a las urnas es difícil, un colombiano se expone a quedar sin trabajo por falta de transporte, de guarderías infantiles y muchas otras razones. Además, una medida de esa naturaleza viola disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros tratados públicos internacionales”. (SEMANA, edición n.°1845)

La fórmula empleada es una contradicción en los términos: Al tiempo que señala el voto como un derecho, establece la obligación de votar so pena de perder la posibilidad de acceso a la función pública. O es un derecho, y entonces no hay sanción si no se ejerce; o no lo es y entonces se queda incurso en una sanción por no votar. Pero no puede ser un derecho y una obligación al mismo tiempo.  ¿A quién se pretende engañar?

Obligar a votar no legitima el régimen clientelista que tenemos. Al contrario, es la prueba de su deslegitimación, porque no es capaz de convocar el voto espontáneo de la gente. Es el fracaso de ese régimen que centra la gobernabilidad en el intercambio de favores individuales con puestos públicos, contratos, invitaciones, condecoraciones, viajes, consulados, embajadas, etcétera, tanto a nivel nacional, como departamental, distrital y municipal. Ya sabemos que es una fuente inagotable de corrupción. Y que contra él no vale nada diferente a hacer realidad el principio de la igualdad de oportunidades.  

¿Qué tanto logrará una medida como esta reducir por la fuerza la abstención?  

Constituyente 91*