De la reforma a la justicia, a la abolición de la injusticia

“Si tenéis que cometer una injusticia para que el mundo no se derrumbe, dejad que se derrumbe”.  Me pregunto si los actuales administradores de justicia, aplican la frase de don José Félix de Restrepo,  pionero de la lucha contra la  esclavitud en Colombia. Al parecer, no mucho…

No sé si a quien lee esta columna le haya tocado pasar por la tortura de ser parte en un proceso judicial en el país, y no me refiero al doloroso trámite en materia penal, sino también a los civiles, administrativos y de Familia.  Luego de años de espera de decisiones de fondo, el semestre  pasado,  el Consejo Superior de la Judicatura creó juzgados temporales de descongestión; los juzgados de familia y los civiles en Bogotá se convirtieron en el paseo de la muerte de los expedientes: el traslado se tomó cerca de tres meses, luego llegaron las  vacaciones de Diciembre, después el prolongado paro; se acabó el tiempo de los jueces transitorios y otra vez los expedientes se devolvieron a los juzgados permanentes;  nuevos  inventarios y el trasteo físico, llevaron a más meses de espera. Apenas se está avocando conocimiento de procesos que no tienen ni una hoja nueva en más de un año. La no aplicación de justicia, lleva a la injusticia.

Es realmente indignante, desesperante, siente uno que hay que reformarlo todo, más cuando se le oye decir a la presidenta de la corte Suprema de justicia que el 81% de descrédito es doloroso para la rama judicial, confirmamos que llegamos a un punto en que no se ve solución a la crisis, pues a pesar de un diseño institucional que debería garantizarles a los ciudadanos un servicio público y proteger este importante derecho fundamental, el caos no permite ver salida pronta. Dos fallidas reformas a la justicia en los últimos 4 años, unos órganos paquidérmicos, muchos funcionarios involucrados en corrupción, falta de rigurosidad en la aplicación de la ley y como lo reconoce la Corporación Excelencia en la Justicia, en el estudio sobre la justicia formal en Colombia, de los cuatro atributos que debe cumplir la justicia, i) acceso, ii) independencia judicial, iii) eficiencia y eficacia y iv) seguridad jurídica, ninguno pasa la prueba; en cuanto al acceso, la gente prefiere no hacer nada ante la eventualidad de un conflicto; únicamente el 43% busca al aparato judicial, pero solo el 10% de los casos llega a conocimiento del juez, aunque tampoco funcional la conciliación, a pesar de que  hablamos a diario de reconciliación.

A este desbarajuste interno en la rama judicial, se añade un fenómeno también mencionado en el  estudio:  las interferencias provenientes de los medios de comunicación, que afectan la imparcialidad de los jueces, fenómeno puesto en el tapete en los últimos días, pues hizo carrera que los delincuentes y/o las partes “hábiles” compran periodistas, para que guíen los procesos desde los medios, “omiten información, faltan a la verdad sobre los procesos judiciales o prejuzgan”; si revisamos el indicador de la seguridad jurídica, termina siendo el dolor de cabeza de inversionistas y  empresarios de todos los tamaños,  no hay certeza sobre las normas a aplicar, se ha generalizado que los operadores las interpretan de acuerdo con circunstancias particulares, a veces inexplicables y la “predicibilidad de las sentencias” es cada vez más difícil;   lamentable que Colombia registre uno de los peores resultados de América Latina en el índice Doing Business (2016).

En cuanto a la efectividad, lo más asombroso es que no haya sido posible la implementación adecuada de  sistemas de información, o la adopción del expediente electrónico, sin embargo la ejecución de recursos está por debajo del 80%; se quedó la justicia retrasada frente al uso de las TIC, que son una herramienta de productividad y efectividad. Cambiar de era, modernizarse, interactuar entre juzgados, tribunales y ciudadanos con las tecnologías, es urgente.

No quiero imaginar cuando inicie  la Jurisdicción Especial para la paz, en donde según los acuerdos, se pueden revisar sentencias y fallos que hayan tenido relación directa o indirecta con el conflicto.  Queda en la cuerda floja el principio de cosa juzgada, aquí asisten serias dudas a las altas cortes, a la procuraduría y a la Fiscalía.  Dios nos libre de otro enfrentamiento institucional, en donde a las investigaciones y decisiones  de los jueces se apliquen criterios políticos de cualquier lado y terminen pagando justos por pecadores; esperemos que el mecanismo de selección de los Magistrados de la nueva jurisdicción de paz, los integrantes de la Unidad de Investigación y Acusación, así como el secretario o secretaria ejecutiva, sean verdaderos juristas, con la ética suficiente para no perseguir a quienes consideren del otro bando ideológico; allí deberían estar representados también los sectores críticos del modelo de justicia transicional. 

No pueden llegar a estos cargos, ninguno de los antiguos funcionarios que tuvieron cuestionamientos por  falsos testigos, o que llevaron presos a quienes luego resultaron inocentes.

A todos aquellos que tendrán que dirimir tan difícil trance, solo me resta pedirles que recuerden muy bien la causa de la justicia que defendió  don José Félix de Restrepo.