Sábado, 3 de diciembre de 2016

| 2016/09/22 11:40

Sin el pan y sin el queso

La decisión de frenar la pérdida de biodiversidad en Colombia depende de las FARC, por cuanto en las zonas de concentración está el 42 % del problema.

Nancy Patricia Gutiérrez. Foto: Semana.com

264 mil hectáreas de bosque y selva deforestadas en Colombia en los dos últimos años exige una mirada exhaustiva: la explotación minera ilegal, los cultivos ilícitos que han regresado a la increíble suma de 96 mil hectáreas y ahora, el compromiso de ubicar tres millones de hectáreas durante 10 años para el banco de tierras que debe conformar el Estado, con el fin de distribuirlas gratuitamente para producción agropecuaria, cuyas fuentes son entre otras, baldíos y predios de sustracción de reservas forestales. Los Llanos del Yarí, en donde en un mes llegó la construcción, la tecnología, las carreteras, las telecomunicaciones, para la conferencia de las FARC, es un subsistema del área protegida de La Macarena, que está enmarcada por cuatro parques naturales que conectan a la Amazonía con Los Andes, pero que tristemente concentra el área de mayor deforestación del país. Según National Geographic “La solución más rápida a la deforestación es, sencillamente, interrumpir la tala de árboles”, entonces la decisión de frenar la pérdida de biodiversidad en Colombia depende de las FARC, por cuanto en las zonas de concentración está el 42 % del problema.

El control a los cultivos ilícitos debe iniciar a la mayor brevedad, pues esta actividad es causa fundamental de la deforestación. Diez años atrás, en medio de un álgido debate sobre la fumigación aérea con glifosato, participé de un sobrevuelo en la selva amazónica y al ver desde el aire un parche dentro de un tupido e inexpugnable conjunto de árboles, comprendí que tanto la enfermedad como el remedio causaban grave daño a la biodiversidad de la cual Colombia se ufana, por ser uno de los 17 países más biodiversos del mundo; lo lógico entonces es atacar la acción humana que arrasa con las especies vegetales y con ellas a cientos de especies animales que allí habitan. Es un fenómeno que no se puede desconocer, pues seguramente en el 2016 la cifra crecerá como efecto de la suspensión de la aspersión.

Se crearon corredores de ilegalidad entre zonas cercanas a parques nacionales (catorce) de narco cultivos y explotación minera; en informe de la UNODC Colombia, presentado tres meses atrás, se estableció que el 60 % de la explotación de oro de aluvión es ilegal; esta actividad que se reconoce como gran destructora de los suelos, afectó más de 24.000 hectáreas en 2014.

La tarea apenas comienza, si una de las consideraciones del acuerdo de La Habana “es que se debe impulsar la presencia y la acción eficaz del Estado en todo el territorio nacional” y uno de los objetivos de Desarrollo sostenible es poner freno a la pérdida de diversidad biológica, no hay tiempo que perder: hay que definir con prontitud los límites de bosques y selva en las zonas en donde se pretende ampliar la frontera agropecuaria y poner en la balanza el costo de servicios ambientales vs. el costo de producción de las tierras; perseguir sin piedad a los delincuentes que deforestan para sembrar narcocultivos, a los que excavan ilegalmente para sacar minerales, a quienes violan las zonas de reserva, parques naturales y áreas protegidas, son identificables, los satélites los ubican, están georeferenciados; en términos generales se sabe en dónde están, quiénes son y cómo lo hacen; al tiempo que se revisa la política ambiental bajo un liderazgo indiscutible del minambiente, con la participación de autoridades de investigación, juzgamiento y fuerza pública, las CAR y autoridades locales deben ponerse la camiseta para defender la biodiversidad y proyectar el bienestar de la gente con recursos derivados de cobros por servicios ambientales.

Si seguimos solo con el discurso de la riqueza ambiental de Colombia y no se actúa con decisión, nos quedaremos sin el pan y sin el queso.

* Expresidente del Congreso de la República - http://www.nancypatricia.com/

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