Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2005/03/20 00:00

Narcos divinos

Tendremos que demostrarle a cada uno como requisito para su extradición, que su intención no era parar a la guerrilla sino traficar drogas

Narcos divinos

Osazo el del fiscal de Tampa, Florida, que sin evidencias sólidas acusó a Ernesto Samper y a medio Congreso de Colombia de haberse dejado sobornar para revivir la figura de la extradición sin retroactividad.

Pero el incidente nos obligó en todo caso a repasar la historia de la época para llegar, una vez más, a la misma conclusión: la de la extraordinaria coherencia del ex presidente Ernesto Samper.

A él de lo único que no se le puede acusar es de ser incoherente con su cinismo. Salió corriendo a escribir un comunicado en el que reclama la autoría del proyecto que revivió la extradición en Colombia, robándose el gesto de valentía de quienes en su momento fueron los autores originales de esta iniciativa, y sin las arandelas que con la complacencia del gobierno se le colgaron después para desactivarla: Luis Guillermo Vélez, Germán Vargas, Claudia Blum, Armando Estrada, Piedad Córdoba, Alegría Fonseca, Luis Alfonso Hoyos, Juan Martín Caicedo, Roberto Camacho y Jairo Clopatofsky.

¿Cuál fue el comportamiento del gobierno Samper en este episodio?

Los ministros de Gobierno, Horacio Serpa, y de Justicia, Alma Beatriz Rengifo, no abrieron nunca su boca para decir que la no retroactividad de la extradición era inconveniente para los intereses del país. Lo único que hicieron fue proponer que este tema fuera llevado a una ley, que es el viejo truco que se utiliza en el Parlamento para sacarle el quite o diferir los temas espinosos.

De los 60 senadores oficialistas, sólo cuatro (Vargas, Caicedo, Córdoba y Blum) se opusieron a la no retroactividad de la extradición. Los otros 56 senadores liberales que apoyaban al gobierno Samper aprobaron, por convicción o por complicidad, una extradición a la medida de los Rodríguez Orejuela, que no fuera retroactiva.

Pero ya que el fiscal de Tampa nos da pie con su torpe manejo de este episodio, sirva la oportunidad para recordar que aquel acto legislativo incluyó una excepción a la extradición para los delitos políticos.

Es decir que la extradición se revivió en Colombia, exceptuando los delitos de rebelión, sedición y asonada. Así fue aprobada por un Congreso de mayoría liberal-samperista, y así ha llegado hasta nuestros días.

Por eso tenemos que concluir que la controversia que existe hoy en día, año 2005, por la inclusión del llamado 'narcomico' en la ley de los paramilitares, tiene precisamente su origen en lo que sucedió en el Congreso en el año de 1997. Quisiera preguntarle al Partido Liberal dónde estaba cuando en ese mismo Congreso se dispuso que la extradición no fuera retroactiva y que no operara para los delitos políticos, ya que algunos congresistas de ese partido se han rasgado las vestiduras al acusar ahora al gobierno de Uribe de estar refugiándose en esa excepción para impedir que los narcotraficantes sean extraditados.

A los paramilitares se les puede acusar de concierto para delinquir o de sedición. La controversia de si las autodefensas cometen delitos comunes (caso primero) o delitos políticos (caso segundo) tiene partidarios en ambos bandos, pero casarse con uno o con otro implica la diferencia entre poderlos extraditar o no.

Tan complejo es el tema, que de un paramilitar se pueden hacer las siguientes aseveraciones:

Uno, que suplanta la autoridad del Estado, lo que constituiría un típico delito político.

Dos, que muchos de ellos sostienen sus organizaciones con el negocio del narcotráfico, lo que constituye un típico delito común.

Tres, que intentan impedir el ascenso de la guerrilla, lo que constituye un típico delito político.

Cuatro, que asesinan, secuestran, chantajean y roban, lo que constituye un típico delito común.

Si en lugar de condenarlos por concierto para delinquir, delito común, los condenamos por sedición, delito político, no podremos extraditarlos, si se mantiene la tesis del artículo 20 del proyecto de que el narcotráfico no es el delito principal sino un delito conexo al principal.

Para disipar sospechas, el gobierno ha ofrecido incluir en el articulado de la ley de justicia y reparación la advertencia de que el narcotráfico en ningún caso será delito conexo, pero igual tendremos que demostrarle a cada grupo paramilitar, como requisito para su extradición, que su intención principal no era parar a la guerrilla sino el cultivo y tráfico de estupefacientes, algo bastante confuso, si somos realistas, porque ambas intenciones existen en el accionar del paramilitarismo.

Que quienes terminaron protegiendo a los narcotraficantes en el año 97, apoyando la no retroactividad de la extradición, sean los mismos que hoy denuncian al gobierno de Uribe por intentar proteger a los narcotraficantes, no deja de ser una paradoja bestial.

¿Será que los narcos que reinaban en 1997 eran más divinos que los de ahora.

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