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Opinión

  • | 2014/05/19 00:00

    Narcotráfico: delito político

    El tercer “acuerdo” de La Habana no dice una palabra sobre las inmensas riquezas acumuladas durante 30 años dedicados a las drogas.

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Se firmó el acuerdo parcial sobre la ‘solución al problema de las drogas ilícitas’ y se presentó tal y como lo habíamos anunciado: una maniobra de propaganda electoral con el fin de engatusar vendiendo la idea de que “la paz está a un paso” y que lo único que falta es que los ciudadanos reelijan al buen Juan Manuel Santos. Santos el “indispensable”. 

Las FARC carecen de cualquier legitimidad para que se negocie con ellas la agenda colombiana y el diseño de nuestras instituciones. Son un aparato dedicado a crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y delitos transnacionales. Su accionar permanente se sintetiza en atrocidades en las que la utilización de niños – bomba en Tumaco, es apenas un ejemplo.  La violencia no puede ser la llave para que nuestro sistema político se ajuste a sus ambiciones. 

Pero frente al narcotráfico es diferente. Sí se puede dialogar con las FARC en tanto que son narcotraficantes, con el fin de desmontar el negocio. Se puede, precisamente, porque detentan el control sobre la casi totalidad de zonas de cultivo de uso ilícito, además de que en las fronteras dominan todas las cadenas del narcotráfico, incluida la venta a carteles internacionales. Cabe de la misma forma que Estados Unidos lo hace con los capos de la droga, con el fin de someterlos a la justicia. 

La cuestión es que aquí no se está ante una negociación de ese tipo. Primero, el gobierno le lava la cara a las FARC, las exime de cualquier responsabilidad en el tráfico  y justifica su vinculación con esa actividad en el marco de la “rebelión”, olvidando que con la cocaína se financian crímenes atroces que no tienen conexidad con el delito de “rebelión”. 

Santos acaba de dar carácter político al narcotráfico y con ello envía un mensaje claro: se acabó la extradición de traficantes de las FARC, pues ese delito adquiere la connotación de conexo al delito político y, por tanto, conforme al artículo 35 de la Constitución no se puede ejecutar. ¡Lean bien, señores del Departamento de Justicia!

¡Pero la cosa es peor! El Marco Jurídico para la Paz permite la renuncia a la persecución penal del narcotráfico, esto significa que los miembros de las FARC pueden dedicarse a “traquetear” con total tranquilidad hasta que se firme un “acuerdo de paz”. ¡Linda impunidad! ¡Bonita forma de estimular a los mafiosos! Miren bien, señores de la DEA.

Como si fuera poco, el “acuerdo” no dice una palabra sobre las inmensas riquezas acumuladas durante 30 años dedicados a las drogas. Inversiones en Colombia y en el exterior, caletas, propiedades, enormes extensiones de tierras, ganado y una gigantesca operación de lavado de activos quedan asegurados. Las FARC deben entregar esos recursos para reparar a sus miles de víctimas. ¿Por qué Santos no lo exige? El proceso de La Habana lo están convirtiendo en una gigantesca operación de legalización de millones de dólares del narcotráfico. ¡Abran el ojo, autoridades norteamericanas!

La cosa no para ahí. El silencio frente a las riquezas del narcotráfico tendrá efecto en el futuro de nuestra democracia. De la mano del militante Fiscal Montealegre, Santos le ha ofrecido a las FARC participación política. Esa generosidad implica que los condenados por narcotráfico, que ahora quieren sea delito político, puedan tener el derecho a gobernar a Colombia. Y pretenderán hacerlo aupados en el dinero de mafioso. Inundarán de dólares de cocaína las campañas. Fascinante forma de “hacer la paz”: impunidad más riqueza de narcotráfico que facilitan llegar al poder.

El “acuerdo” tampoco incluye que la organización revele rutas y socios. No los toca. Cualquier iniciativa que busque enfrentar el tráfico de estupefacientes debe incluir esos dos aspectos. El propio gobierno reconoce que las FARC son socias en el sur del país y en el noroccidente con bandas criminales. En las zonas donde son fuertes desplazan a estas últimas; en aquellos lugares donde su capacidad es menor simplemente se dividen las tareas: unos garantizan las zonas de cultivo, otros los corredores de movilidad, otros las ventas, etc. ¿Por qué Santos no exige que revelen las rutas e información sobre las redes criminales socias?

Las FARC reclaman el final de la erradicación manual y la aspersión de los cultivos. El gobierno les está cumpliendo desde hace tiempo: Según las cifras del Ministerio de Defensa la erradicación se debilitó y se ha venido desmontando de manera gradual. En el 2010 se erradicaron 43.986 hectáreas mientras que en el 2013 se redujeron a 22.960, casi un 50 %. En tres años se dejaron de erradicar algo más de 40.000 hectáreas. ¡Y de la aspersión, ni hablar! En el 2013 cayó 53 % respecto al año anterior. No se asperjaron 53.000 hectáreas. El año pasado en total frente a 2010 no se limpiaron 76.000.

La información publicada en los medios de comunicación respecto a la propuesta de sometimiento a la justicia de alias Comba, Diego Rastrojo, Cuchillo y el Loco Barrera era muchísimo mejor. Ofrecieron entregar hombres, dinero, propiedades, rutas y socios. Por alguna razón, no clara, Santos no la aceptó. Pero sí le concede todo a las FARC. ¡Curioso!

Aunque el documento tiene aspectos importantes orientados a institucionalizar el territorio y actuar sobre factores que favorecen la existencia de cultivos ilícitos, un enfoque que comparto, se trata de un acuerdo que favorece descaradamente a los narcotraficantes de las FARC y busca influir en la escogencia del próximo presidente.  El afán de Santos lo dejó en manos de Timochenko y Márquez. El resultado: ganancias netas para las FARC y grave peligro para la democracia y las libertades.

*En twitter: @RafaGuarin
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