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Opinión

  • | 2012/09/12 00:00

    ¿Negociaciones o proceso de paz?

    Los actuales diálogos constituyen un gran reto, pero también una excelente oportunidad para involucrar a la población en la construcción de la paz en Colombia.

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Ya ha pasado más de una semana desde que el presidente Juan Manuel Santos anunció públicamente el inicio de diálogos exploratorios con las FARC sobre unas negociaciones de paz. En esta columna quiero abordar dos aspectos que luego de haber trabajado varios años en zonas de conflicto me parecen importantes para la discusión: la participación de las comunidades y el papel de la justicia transicional para la construcción de paz.
 
En un debate del programa radial Hora 20 sobre las declaraciones del presidente Santos, un senador de la República muy reconocido dijo literalmente lo siguiente: "Con las negociaciones de paz es como con hacer el amor; se necesita privacidad". Sin duda, negociaciones que requieren inicialmente un período de construcción de confianza necesitan discreción y en cierta medida también protección del proceso. Por otro lado, las diferencias entre un acto de amor y negociaciones son muy evidentes: primero, se confrontan partes que normalmente se consideran enemigos; segundo, detrás de estas partes hay estructuras, actores y simpatizantes que representan diversos intereses y tienen el potencial de afectar seriamente las negociaciones; tercero, en una democracia se requiere una cierta transparencia en cuanto a eventos significativos como negociaciones de paz.

En el mismo debate, otro panelista hizo referencia a estos elementos abordando el tema de la legitimidad de las negociaciones. Allí la pregunta es: ¿Qué tanto la población colombiana confía o aprueba estas negociaciones con la guerrilla? Mucha gente no quiere retroceder en los temas del orden público y teme que las negociaciones en verdad lleven a más inseguridad; otras personas no quieren ver que crímenes de lesa humanidad salgan impunes; y otras no quieren ver a "terroristas" en cargos públicos. Entonces, si bien la paz es un objetivo que casi todo el mundo comparte, la desconfianza contra esta iniciativa es grande, sobre todo porque se inició en secreto, hecho que ya había creado preocupaciones en semejantes diálogos en el pasado.
 
En este sentido estas negociaciones constituyen un gran reto, pero también una excelente oportunidad para involucrar a la población en un proceso de paz que merece este nombre. La diferencia es que en las negociaciones están en la mesa sólo los dirigentes del gobierno y de la guerrilla y la población en general se entera de lo que pasa a través de los medios de comunicación. En un proceso de paz es necesario crear vínculos entre todos los sectores sociales (comunidades, campesinos, indígenas, sindicatos, empresarios etc.) y la mesa de negociación, además de ampliar el objetivo. Las negociaciones entre gobierno y FARC tendrían el objetivo de la desmovilización bajo ciertos acuerdos entre las partes; un proceso tendría una meta más amplia que consiste en transformar la manera de abordar los conflictos de fondo, crear espacios de convivencia y analizar los elementos que llevan a la paz desde la base. Si bien las negociaciones pueden generar el ambiente propicio para tal proceso, éste no se da automáticamente, sino requiere una metodología especial.
 
Ésta metodología incluye sobre todo un ejercicio pedagógico y participativo en el cual sectores que normalmente no se escuchan tengan el espacio para elaborar sus propias propuestas para superar la violencia y crear un futuro en paz. En las comunidades muchas veces remotas de la atención de los medios de comunicación y de las capitales hay mucha sabiduría en cómo transformar conflictos, establecer diálogos y ambientar la reconciliación basada en el respeto, el cumplimiento de derechos y la justicia social. Son poblaciones que no han tenido ayuda de nadie en el manejo de actores al márgen de la ley y tampoco en la supervivencia económica y social. Sin idealizar las comunidades, integrarlas en un proceso de paz es una de las claves para hacerlo sostenible. Por lo tanto, es importante llevar a cabo actividades como la organización de asambleas comunitarias a lo largo del país donde actores de confianza de estas comunidades invitan a representantes del gobierno nacional, regional y local que con la población local realizan un intercambio de ideas y la elaboración de un plan de paz que responda a las realidades propias de cada territorio. Éstos serían espacios de información sobre cómo van las negociaciones, de valor pedagógico sobre temas álgidos como los beneficios legales para actores armados, pero también de construcción de un ambiente propicio para una eventual desmovilización y reintegración de los excombatientes de las guerrillas - algo que en el proceso con los paramilitares fue descuidado completamente.

Además, estos ejercicios permitirían que más sectores y poblaciones se responsabilizaran por el éxito de un proceso de paz. Este proceso tiene lugar en varios niveles e involucra una diversidad de actores que después asumirían diferentes niveles de responsabilidad. Identificar estos actores claves para la paz será una de las tareas de estas asambleas. El Estado solo no va a poder implementar las medidas necesarias que surjan de las negociaciones o los requerimientos particulares de un proceso de paz. Razón por la cual, se hace necesario hacer alianzas estratégicas con organizaciones regionales que tengan impacto en la población, con las iglesias, líderes comunitarios y personas representativas de la sociedad civil entre otros. En un país de regiones también es importante tener personas que comprendan el idioma de la gente y gocen de su confianza. Éstas no son necesariamente las mismas que representan el estado.

El segundo elemento que se está discutiendo mucho en el país es la justicia transicional que en Colombia empezó a cobrar protagonismo a partir de las negociaciones con los paramilitares. Desafortunadamente se entiende justicia primordialmente como un ejercicio dentro del sistema legal, discutiendo la duración adecuada de las penas para los victimarios. Esta discusión es fundamental e importante porque tiene que ver con la base legal pero también ética de una sociedad y su determinación de defender lo que considera como moralmente correcto y deseable. Pero la justicia transicional también tiene muchas opciones que se juegan para fomentar la convivencia, formas comunitarias de justicia, la reintegración y la búsqueda de verdad y reparación para daños cometidos. Estas funciones de la justicia transicional son muy importantes en un proceso de paz.

La experiencia con la desmovilización paramilitar ha demostrado que los programas estatales solos son insuficientes para un auténtico proceso de reintegración. Muchas comunidades, por falta de atención estatal, tuvieron que tomar sus propias iniciativas de reintegración de combatientes que después de los eventos de entrega de armas llegaron allí sin acompañamiento estatal. Entonces fueron las comunidades quienes tenían que plantearse las preguntas típicas de la justicia transicional: ¿Qué condiciones tiene que cumplir el victimario para que lo aceptemos como parte de la comunidad? ¿Qué necesita la víctima para poder plantearse un nuevo proyecto de vida? ¿Bajo cuales condiciones dejamos participar a los excombatientes en proyectos comunitarios y procesos de toma de decisión? ¿Qué papel tuvo la comunidad en la violencia?
 
Allí surgieron numerosas iniciativas que complementaron los programas estatales: medidas de justicia restaurativa, iniciativas de memoria histórica que se enfocaron en el sufrimiento pero también en la resistencia contra la violencia, reflexiones sobre reparación colectiva dado que en muchas comunidades el daño fue colectivo, actos simbólicos de redignificación y resignificación de espacios públicos (ríos, canchas etc.) ... Todos éstos son ejemplos de justicia transicional que normalmente no se discuten, los cuales, sin embargo, son claves para un proceso de paz porque involucran a la población, tienen la visión de transformación de conflictos y trabajan con un sentido de no repetición bajo la conciencia que "no podemos seguir así".
 
En un país en conflicto hay que entender la justicia transicional de manera muy diferente a países que ya terminaron sus conflictos armados o países en vía de democratización. En este sentido, países como Colombia o Uganda son ejemplos de la justicia transicional de tercera generación que se distingue significativamente de la primera generación que consiste en la transición de la dictatura a la democracia (p.ej. Cono Sur en América Latina) y de la segunda generación de países donde la justicia transicional se aplica después de un conflicto armado (Sierra Leone, Centroamérica ...). En Colombia, en cambio, llevar a cabo un proceso de justicia transicional en medio de un conflicto armado, implica adaptarse a este contexto contribuyendo a la construcción de paz y dando el lugar merecido a las comunidades en estos procesos, tal como se ha explicado. El ámbito de esta justicia es mucho más amplio que el solo castigo de los victimarios o la reparación de las víctimas; consiste más bien en un aporte al fortalecimiento del tejido social, la superación de la violencia y consecutivamente el cambio de mentalidades y discursos que la legitiman.
 
Es cierto que después de varias décadas de violencia el panorama de paz en Colombia es bastante complejo. Pero también es cierto que este país tiene un gran número de personas en diferentes niveles de la sociedad que nunca han perdido la esperanza y la motivación de trabajar por la paz. Un verdadero proceso de paz tiene la oportunidad de respaldarse en estas riquezas y experiencias locales y regionales aportando así sabiduría y legitimidad a las anunciadas negociaciones de paz.
 
*Trabaja en diferentes zonas de conflicto en Colombia y escribe su tesis doctoral sobre justicia transicional de la tercera generación.
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