Ni tanto que queme al santo…

Dos advertencias en medio del fragor de la tempestad. La primera en relación con la famosa 'silla vacía'. La segunda sobre el umbral para acceder al Congreso.

La decisión de sancionar a los partidos políticos cuyos miembros sean condenados por vínculos con grupos armados ilegales y el narcotráfico es indispensable. El Congreso sufre su crisis más severa desde el proceso 8.000 y está urgido de decisiones que desestimulen estas alianzas perversas. Esas medidas, sin embargo, deben enmarcarse en la Constitución y ser resultado de una reflexión profunda y no de las angustias del aprieto.

La anulación de los votos de los politicastros criminales, la devolución de los dineros recibidos en reposición, la eliminación de las curules de los responsables y la pérdida de la personería jurídica del partido cuya mayoría de miembros sea sancionado, son todas medidas útiles y necesarias. Aunque insuficientes, porque se requiere también revisar el arcaico régimen electoral, las competencias de la Registraduría y del Consejo Nacional Electoral y los mecanismos de financiación de campañas, y crear una unidad especializada en la Fiscalía.

Ahora, las sanciones deben caer cuando haya condenas y no apenas capturas. Primero, porque si los castigos entran a operar con la detención será imposible atajar la tentación de abusar de las denuncias y los procesos judiciales para eliminar a los enemigos políticos o para alterar la composición partidista en el Congreso. Y que no se diga que el arresto es ya una situación extraordinaria. La Corte ha decidido que una captura, que en el caso de los parlamentarios en razón de su función y su investidura debería ser la excepción y no la norma, no se le niega a nadie y la ordena aun sin oír en indagatoria. Después, porque la privación de la libertad durante la investigación no elimina la presunción de inocencia.

Ni tanto que queme al santo, ni tan poco que no lo alumbre. No se trata de tener un sistema electoral que, como el de la Constitución del 91, auspicie los grupos políticos de garaje y destruya a los partidos. Pero tampoco hay que ir al extremo opuesto y cerrar los espacios a las minorías e impedir la participación de movimientos ciudadanos e independientes, como pretende la reforma constitucional en curso. Esa será la consecuencia de subir el umbral del 2 al 5 por ciento.

La discusión no es de poca monta. Resulta obvio que la democracia necesita partidos fuertes y sólidos, capaces de impulsar con éxito sus propuestas políticas y legislativas. No es menos cierto que, sin embargo, la democracia exige también la existencia de espacios de expresión política para colectividades distintas a las mayoritarias. El respeto de las minorías es vital. Eso incluye no sólo la vigencia de normas que aseguren sus derechos, sino además la posibilidad cierta de que puedan integrar el Parlamento y participar en la discusión y elaboración de las leyes y en el control político del gobierno.

Se dirá que en cualquier caso las minorías quedan protegidas por vía de los sistemas especiales y prefenciales para indígenas y afrocolombianos. Las étnicas y raciales no son las únicas diferencias que ameritan cuidado. Hay que abrir espacios para la diversidad ideológica y religiosa (y lo digo aunque no comulgue con el aprovechamiento electoral de la fe). Y en cuanto a las posiciones en el espectro político, ¿habrá que recordar que hasta hace apenas un par de elecciones los movimientos de izquierda que hoy integran el Polo no alcanzaban el 5 por ciento de los votos?

Si a la barrera del umbral sumamos la decisión de aumentar hasta una cifra imposible el número de firmas requeridas para la inscripción de candidatos independientes, se cierra del todo el camino para que se pueda ganar una alcaldía o gobernación, o llegar a los cuerpos de elección popular, por fuera de los partidos tradicionales. Los líderes cívicos y los políticos de 'opinión' no tendrán oportunidad alguna. Quedaremos en manos de los políticos profesionales, los mismos que no fueron capaces de atajar las alianzas de sus compadres con los delincuentes.

Puntilla: El asunto de la edad de retiro de los jueces de las Altas Cortes, objeto de una breve polémica por la posesión de Jorge Castillo, mayor de 65, en el Consejo Superior de la Judicatura, debería zanjarse de una vez por todas eliminando esa estúpida restricción: las más altas magistraturas deben ser el punto culminante de la carrera de las leyes y el espacio propio de los sabios de las tribus. ¡A ver si empezamos a reconocer el valor de la experiencia!