Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

Opinión

  • | 2017/04/01 18:49

    ¿Por qué no aprovechará el ejemplo colombiano?

    Si en lugar de pelear, hubiera pedido ayuda a su vecino y colega, Juan Manuel Santos, hoy el Presidente venezolano tendría un sistema de equilibrio de poderes que mantuviera bajo su control a sus legisladores y también a los miembros de las Altas Cortes.

COMPARTIR

Finalmente, el régimen de Maduro tuvo que dar un paso atrás. La presión internacional sobre el gobierno venezolano ha sido tan fuerte, que el Tribunal Supremo ha tenido que salir a aclarar que la decisión de cerrar la Asamblea Nacional, en realidad no se produjo. Así como los parlamentarios pueden estar tranquilos pues siguen manteniendo el fuero con el que se les garantiza la inmunidad judicial.

En efecto. Mediante la Sentencias 157 y 158, el Tribunal Supremo venezolano no sólo tuvo que salir a corregir la incertidumbre que desató con la S. 155, de la Sala Constitucional, que levantaba el fuero (permitiendo la captura de) los parlamentarios. También se vio obligado a rectificar la S. 156 con la que, ante la negativa de la Asamblea Nacional de dar cumplimiento a la  resolución del Supremo de que se proceda a la desincorporación de los tres diputados de Amazonas y del representante indígena ante el Legislativo (cuya investidura había sido demandada por irregularidades), había decidido cerrar el parlamento y asumir las funciones que la Constitución le había dado al Poder Legislativo. Según el fallo “mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala, o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho”

Sin embargo, esta no había sido la única sentencia con que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo le había hecho sentir a la Asamblea Nacional: Todo el poder moderador que le confería la Constitución, traspasando facultades propias de la Asamblea al Tribunal Supremo.

Ya el octubre de 2016, la Sala Constitucional lo había hecho cuando, ante la disputa entre el gobierno Maduro y la oposición en la Asamblea Nacional por las repetidas extensiones de mecanismo de Estado de Excepción y Emergencia Económica (que había sido extendido en 4 ocasiones hasta llegar a 240 días de permanencia), la Sala no sólo aprobó la solicitud presidencial de ampliar dos meses más ese Estado. También ordenó al Presidente Maduro que, sin pasar por el la Asamblea, sometiera ante el Tribunal Supremo, el Presupuesto Nacional, bajo la forma de Decreto con rango y fuerza de Ley, para que ejerciera el respectivo control constitucional.

En esa ocasión, reafirmó lo que los magistrados de la Sala Constitucional habían declarado (Sentencia 808 de Septiembre de 2016) que “resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, los actos emanados por la Asamblea Nacional, incluyendo las leyes que sean sancionadas, mientras se mantenga el desacato a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia”. Fue el mismo argumento que utilizó, para autorizar el 11 de enero pasado, que el Presidente presentara su balance anual de gobierno ante el Tribunal Supremo, en lugar de que fuera ante el parlamento como debía ser.

Pero, más allá de esta telenovela de decisiones/aclaraciones, el problema está en la manera como el régimen del Presidente Maduro ha ido utilizando en su provecho el aparato judicial, especialmente a los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para someter, controlar y meter en cintura a la opositora Asamblea Nacional. Especialmente, en aquellos asuntos en los que la participación de algún legislador puede poner en riesgo la estabilidad del régimen político o el mantenimiento de una política bien definida.

El problema es que el régimen de Maduro ha sido excesivamente evidente en sus decisiones. Si en lugar de pelear, hubiera pedido ayuda a su vecino y colega, Juan Manuel Santos, hoy el Presidente venezolano tendría un sistema de equilibrio de poderes que mantuviera bajo su control a sus legisladores y también a los miembros de las Altas Cortes.

El mecanismo es sencillo: se invoca un bien supremo (para el caso venezolano puede ser la “democratización del régimen”), con el que moviendo algunos puestos y recursos (aquí denominados mermelada), se logra que los legisladores aprueben leyes en las que, sin hacer mucho ruido, transfieren al poder ejecutivo las competencias necesarias para controlar a sus anchas el proceso legislativo. Eso sí, asegurando que la Sala Constitucional utilice el “poder moderador” que le confiere la agonizante Constitución de 1991, para que la transferencia de esos poderes pasen fácilmente el control de constitucionalidad.

En Colombia, a diferencia del caso venezolano y para desdicha de Maduro, el poder legislativo hoy está en manos del poder ejecutivo. Formalmente funciona, pero sin las competencias que le confiere la Carta Política. Es decir, es sólo una formalidad. Todo gracias a un acto reformatorio de la Constitución (el Acto Legislativo No 1 de 2016), con el que el Presidente no sólo asumió la iniciativa de presentar las leyes que requiere la implementación de los acuerdos con las FARC. También se reservó el derecho a aprobar o no los ajustes que proponga a los congresistas en desarrollo de ese bien supremo y dejó al Congreso la función limitada de ser el notario de las leyes que someta a su consideración. Y todo con el beneplácito de la Corte Constitucional que todo lo avala.

Eso va a permitir al régimen venezolano que, en caso de que un país vecino decida cerrar el parlamento a la fuerza, su portavoz privilegiado Diosdado Cabello pueda decir en su programa de TV, “con el mazo dando” (a la manera que ya dijo Juan Fernando Cristo, sobre Venezuela) que “No se puede llamar democracia a un país donde no hay Congreso”. O al propio Presidente Maduro en una de sus alocuciones decir, al igual que su colega Santos, (como si se acabara de enterar) que “anular con una decisión arbitraria, el poder legislativo, es inaceptable”. Y todos tan felices. Si ha demostrado ser tan eficaz, ¿Porque no lo intentarán?

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 1842

PORTADA

La voltereta de la Corte con el proceso de Andrade

Los tres delitos por los cuales la Corte Suprema procesaba al senador se esfumaron con la llegada del abogado Gustavo Moreno, hoy ‘ad portas’ de ser extraditado. SEMANA revela la historia secreta de ese reversazo.