"No hay derecho"

La más grande conquista de la Constitución de 1991 fue la tutela. Y digo conquista, porque antes de ella no había cómo garantizar el acceso a la salud y la educación, entre otros derechos fundamentales, de las gentes de escasos recursos, ni a los trabajadores de mandos medios hacia abajo.

Precisamente aparece la tutela como garante de la vigencia del Estado Social de Derecho, como fuente de acercamiento entre el ciudadano y las instituciones, permitiéndole de manera rápida, informal, sin la complejidad del procedimiento, salvaguardar sus derechos fundamentales cuando son amenazados o vulnerados.

En el proyecto de acto legislativo de reforma constitucional a la administración de justicia, el gobierno pretende reformar la tutela para evitar que por este medio expedito se puedan tutelar los derechos económicos, los colectivos y ambientales, con el prurito de la congestión en los despachos judiciales.

Nada más gratificante para un juez cuya misión es impartir justicia, que poder a través de este mecanismo simple, poco complejo, poderle garantizar al ciudadano la vida, la salud, el trabajo, la educación.

Cómo no le va a agradar a un juez constitucional el tutelar el derecho a la droga que debe mejorar a un paciente, o la operación que viene siendo postergada, haciéndole más difícil la enfermedad a quien la padece, o el trasplante de un órgano vital para salvar una vida. Eso sí es justicia pronta y eficaz.

Es cierto que la acción de tutela congestiona los despachos judiciales. Pero no ha sido la única razón por la cual hay retraso, congestión, mora, o impunidad. Históricamente la justicia en nuestro país ha sido tardía, lenta, poco oportuna, pero sus causas son variadas y diversas. Por ejemplo, a diferencia de cualquier otro país tercermundista donde la proporción habitantes-juez es de uno por cada 10.000 habitantes, en Colombia es de un juez por cada 55.000 habitantes. A esto se le suma la difícil situación de crimen organizado en Colombia: narcotráfico, guerrilla, paramilitarismo y delincuencia común. Así jamás podrá haber justicia en un país.

Claro que deben preocuparnos las altas cifras de acciones de tutela que llegan a los juzgados, pero no por la congestión que crea en éstos, sino porque nos permite ver la falta de seguridad social que hay en Colombia, porque el hecho de que el ciudadano acuda con tanta frecuencia, y de manera masiva, a los estrados judiciales en busca de la protección de sus derechos, es fiel muestra de su falta de oportunidad para acceder a la seguridad social sobre todo en materia de salud, y educación. Para concluir esto sólo falta mirar las cifras de los últimos 10 años.

En Colombia hay 3.255 jueces aptos para conocer de tutelas. Hasta sus despachos ingresan un promedio de 781.200 acciones de tutela al año, para un total de 7.812.000 en los últimos 10 años, concediéndose en ambas instancias un promedio de 75 por ciento, de las cuales 67 por ciento son sobre salud, educación y pensión.

En países con un techo de seguridad amplio en los que tanto el trabajador como su familia tienen un fácil acceso a la salud y a la educación y donde el problema pensional no existe porque hay buenos salarios y prestaciones sociales, la tutela no tiene cabida.

* Presidenta nacional de Asonal Judicial