No hay escuela pa’ tanto alumno

No soy buena en competencias matemáticas, pero leyendo los titulares de los periódicos sobre hacinamiento, peleas por viejas sillas, emergencia por falta de baterías sanitarias, hice cuentas sobre la antigüedad de los colegios del país y llegué a la conclusión de que la mayoría debe tener en promedio entre 30 y 40 años de construcción. Sin olvidar los centenarios, es decir aquellos que nacieron después de la separación de Panamá. Apenas en tres años, entre 1903 y 1906, duplicamos el número de establecimientos y alumnos de primaria y de secundaria.

Es cierto que la expansión de la educación no ha sido tan rápida como todos quisiéramos, pero creo que la mayoría reconoce que los esfuerzos de Colombia en los últimos ocho años por aumentar la cobertura han rendido frutos. Sin embargo, las quejas por la falta de una infraestructura educativa, también han crecido. Según cifras del Ministerio de Educación, entre 2002 y 2006 el país pasó del 88 al 94 por ciento de cobertura bruta en educación básica y media. Hoy son más de 11 millones los niños y jóvenes que están estudiando y el gobierno anuncia que en los próximos años ampliará la cobertura en la secundaria. Y aunque esta es una muy buena noticia, imaginar a más estudiantes en colegios que han sufrido el desgaste natural de los años o cuyo espacio no es suficiente no deja de provocar preocupación.

Según las cifras oficiales en 2004 existían en Colombia, poco más de 30 mil colegios: casi 20 mil públicos y unos 11 mil privados; para 2007, los públicos (sumando Centros Educativos que ofrecen primaria completa y hasta noveno e Instituciones Educativas que ofrecen desde preescolar hasta once) habían disminuido a 14 mil. Sin embargo, dicha disminución es el resultado de la fusión. Muchos Centros Educativos fueron absorbidos por Instituciones.

Si bien en algunos departamentos y ciudades el problema de hacinamiento se ha enfrentado con la construcción de nuevos establecimientos y los llamados mega-colegios, en el caso de Bogotá; en otros, que son la mayoría, se ha recurrido a la ampliación y adecuación de los ya existentes. Son miles los millones que se anuncian para la construcción de nuevas aulas, pero el problema es igual al de los huecos de las calles: a más inversión, más descontento. ¿Qué pasa entonces con los recursos del recaudo del 1 por ciento de la nómina estatal ordenado por la ley 21 de 1982, según la cual la Nación debe pasarle estos dineros a los departamentos y municipios con destino a proyectos de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura educativa?

Entre 2003 y 2006, por esta vía, se destinaron casi 300 mil millones de pesos para 1.163 proyectos en colegios públicos. Para 2007, se destinaron 82 mil millones de pesos. Las entidades territoriales presentan al Ministerio de Educación en promedio 350 proyectos al año, sin embargo éste tiene que devolver el 35 por ciento.

Si bien los diseños, incluyendo los levantamientos topográficos y estudios de suelos, eran formulados directamente por las secretarías de educación, al momento de su ejecución eran tantos los problemas técnicos que se presentaban que el Ministerio decidió contratar firmas especializadas para realizar los estudios preliminares directamente con las Gobernaciones y Alcaldías.

Aunque el esquema ha permitido ciertos controles, los problemas continúan presentándose en los procesos de licitación, contratación e interventoría de las obras. Incluso así, el Mineducación ha pedido a las entidades territoriales que le devuelvan alrededor de 5 mil millones de pesos por 30 proyectos que si bien, fueron aprobados por el gobierno central entre 2003 y 2006 en 11 ciudades, tuvieron muchos problemas. En algunos, después de dos años no se realizó ni siquiera el proceso de licitación. Otros presentaron fallas en los diseños y en el estudio de suelos. Y los últimos hicieron obras de mala calidad o simplemente abandonaron las construcciones con el consecuente deterioro de materiales. Para 2007, por ejemplo, de los 339 proyectos que se han estudiado ya han sido devueltos 127 por problemas de titularidad de predios y espacio disponible para ampliación.

Los problemas que tienen las Alcaldías y Gobernaciones para planear y gestionar estos proyectos son evidentes. A la fecha no se tiene un inventario nacional del estado de la infraestructura escolar y mucho menos regional o local. Hasta el momento, sólo se han realizado inventarios en Guajira, Barranquilla, Atlántico, Cartagena, Soledad y Bucaramanga. Precisamente, y gracias a este inventario, en 2006, con el apoyo de la empresa privada, se difundieron los resultados del primer censo educativo del Atlántico, que arrojó datos tan alarmantes como que 8 de cada 10 escuelas estaban en condiciones precarias, que en el 65 por ciento de las instituciones educativas de los 21 municipios había hacinamiento y que sólo en un 35 por ciento de las escuelas, los estudiantes estaban recibiendo sus clases de acuerdo con las normas de Icontec, que señalan, entre otras, que las aulas deben tener por lo menos 1,65 metros cuadrados por alumno.

Aunque las cifras de un inventario nacional prometen ponernos a llorar es hora de saber la realidad. Con un panorama cierto, se requiere el esfuerzo y los recursos de muchos, Nación, gobernadores y alcaldes, así como de los empresarios e industriales y de la misma comunidad educativa. La apuesta de una educación universal desde la primaria hasta la secundaria, tan anhelada por todos, exige que nuestros niños y jóvenes tengan el espacio adecuado y suficiente para hacer este sueño realidad. Si no es así, creo que más de uno buscará otra opción porque por lo que se ve no hay escuela pa’ tanto alumno.