NO HAY DERECHO

EN LA LISTA NEGRA DE LA VIOLACION DE los derechos humanos en el mundo, Colombia está hoy en el primer lugar. Eso no significa que matemáticamente hablando el nuestro sea el país en el que mayor número de arbitrariedades se cometen. Hay otros peores. Y algunos de éstos no tienen intención de mejorar ni aceptan tampoco que los organismos internacionales estén metiendo las narices para averiguar cuál es la situación real en esa materia, y ese no es nuestro caso. Pero el hecho es que el objetivo central de la Organización de Naciones Unidas en esa materia es Colombia.

El tema es manido y viejo, y sobre él se ha dicho una y mil veces que las organizaciones de izquierda colombianas, e incluso representantes directos de la guerrilla, se dedican al cabildeo en Europa para que los gobiernos presionen al país en esa materia. De hecho, así sucede. También se ha dicho, y es verdad, que las denuncias no coinciden siempre con hechos que puedan considerarse como violaciones de los derechos humanos, y que la presión sobre Colombia en esa materia sólo busca impedir que haya represión gubernamental sobre las fuerzas guerrilleras que, a su vez, violan también los derechos humanos con una frecuencia diaria.

Pero todo eso es literatura para el consumo nacional. La situación de la Nación en el escenario mundial es dramática. Hace apenas unos días, en la comisión de expertos en derechos humanos de la ONU, previa a la de embajadores de febrero entrante, Colombia aparecía como el país más violador de los derechos humanos en América del Sur, y en compañía de nombres como Irán, Sri Lanka y Sudán. En la reunión de expertos, 37 de los 44 discursos fueron contra Colombia, y sólo la habilidad del embajador Guillermo Alberto González logró atajar una resolución de condena contra nuestro país. González Mosquera difundió el contenido del discurso de posesión de Ernesto Samper, y basándose en los ofrecimientos del Presidente de darle prioridad al tema de los derechos humanos logró un período de gracia hasta febrero. Esos anuncios, y el nombramiento como ministro de Gobierno de Horacio Serpa -quien tiene buena reputación en ese tema ante los europeos-, permitieron atajar esa resolución vergonzosa. Pero en febrero ese argumento desaparecerá.

El tema es complejo, pues resulta que los denunciantes de oficio de las violaciones envían relaciones de todos los actos de violencia en los que puede deducirse una arbitrariedad oficial. Pero se llega al punto de que una riña de cantina en la que resulte herido o muera un sindicalista es, por presunción, una violación de los derechos humanos. Y cuando los organismos internacionales preguntan por el caso, no hay respuestas concretas en la mayoría de ellos, pues ese hecho entra a formar parte de los millares de delitos impunes, independientemente de si hubo o no motivación política.

Por esa razón hay un elemento central de todo este asunto, y es que Colombia tiene que centralizar la información sobre la investigación de los procesos, pues por la vía de la falta de respuesta a las inquietudes judiciales que vienen del exterior, la condena será inevitable y, por qué no, permanente. Es posible que la apertura de tantas oficinas oficiales de derechos humanos esté produciendo el efecto contrario al que se pretende, al compartimentar la información y el tratamiento de los temas. Lo que más daño le hace al país es el silencio, pues del él se infiere la complicidad. Y el silencio es el resultado de la impunidad, pues es la única razón que explica que no se aclaren los episodios, así sea para informar que el veredicto fue adverso a nuestras autoridades.

Una condena de las dimensiones de la que se puede producir en febrero sería un garrotazo en la cabeza en materia de preferencias arancelarias en el Parlamento Europeo, y le entregaría en bandeja la disculpa a todos aquellos países que quieren taponarle la entrada a los productos agrícolas nacionales.

Nuestro país tiene la obligación, a muy corto plazo, de demostrar un cambio radical en el combate contra la impunidad, y esa demostración tiene que ser grande y contundente. Contrarrestar ante el mundo las imágenes de la niña violada y asesinada en un cuartel de Policía y del niño vendedor muerto a balazos por un agente borracho, es una empresa de alto calibre. Y es también muy recomendable (se me olvidaba) dejar de violar los derechos humanos, lo cual no es del todo fácil en un país que llama desechables a los mendigos.-